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Por Aritz Obregón Fernández, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a más de 65 419 palestinos en la Franja de Gaza, cifra que ascendería a 93 mil (77 mil-109 mil), según algunos estudios.
Durante el último año, las acciones israelíes se han recrudecido, destacando la utilización del hambre como arma de guerra hasta el punto de provocar intencionalmente una hambruna. Este comportamiento ha merecido la condena de 149 Estados de la Asamblea General, incluidos aliados de Israel como Alemania.
A este crimen se le suman otras violaciones graves del derecho internacional como crímenes de guerra y contra la humanidad, la profundización de la ocupación ilegal mediante la expansión de los asentamientos ilegales o la –ampliamente rechazada– posible anexión ilegal de Cisjordania y el consenso entre los especialistas de que Israel está cometiendo genocidio, al menos, en la Franja de Gaza.
Voces que alertan sobre el genocidio
La relatora especial de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, fue de las primeras voces que alertaron sobre el genocidio. Durante 2024, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, estudiosos del genocidio –incluidos judíos y ciudadanos israelíes– y juristas especialistas en este crimen fueron sumándose progresivamente a esta tesis.
Pero a lo largo del presente año se ha ido generando un consenso generalizado sobre este aspecto que ha culminado en el estudio que la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado ha presentado en septiembre.
Este grupo, compuesto por tres especialistas de primer nivel, ha recomendado a los Estados establecer todas las medidas a su alcance para impedir el genocidio en Gaza –obligación que no es aplazable hasta que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie en ese sentido, cosa que puede demorarse varios años–, cesar la transferencia de armas y facilitar la persecución penal de los responsables.
Asimismo, ha emplazado al fiscal de la Corte Penal Internacional a estudiar el enjuiciamiento por genocidio al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a otros funcionarios investigados.
La sociedad civil profundiza en su respuesta
La ciudadanía en general, y algunas organizaciones en particular, han intensificado los llamados a través de redes sociales a boicotear económicamente los productos y servicios de las empresas que están respaldando el genocidio, algunas enormemente conocidas y que consumimos diariamente.
También se ha movilizado en favor de la exclusión de Israel de eventos culturales y deportivos, como pudimos ver durante La Vuelta a España, poniendo en valor la importancia del boicot cultural.
Por el momento, se ha logrado que el Giro de Emilia, en Italia, prohibiera la participación del equipo Israel–Premier Tech y que O Gran Camiño haya declinado invitarle.
Sindicatos en Italia han convocado una huelga general para presionar al gobierno y a la Unión Europea, mientras los estibadores europeos se organizan para bloquear los envíos de armas a Israel. Además, el pasado 3 de octubre se celebraba una nueva huelga general en respuesta al asalto de la Global Sumud Flotilla.
Otros colectivos, como los artistas y creadores, han renunciado a participar en festivales impulsados por empresas de corte sionista o utilizan su proyección mediática para posicionarse a favor de la imposición de sanciones, sensibilizando a sus sociedades y presionando a los gobiernos.
Global Sumud Flotilla
La iniciativa de más trascendencia probablemente es la Global Sumud Flotilla. Esta acción de la sociedad civil ha tratado de alcanzar la Franja de Gaza con 50 barcos y cientos de personas de más de 40 nacionalidades, a fin de establecer un corredor humanitario permanente.
Aunque los actos ilícitos de Israel, mediante el secuestro de embarcaciones y personas, impiden periódicamente la llegada a Gaza de los barcos que tratan de romper el bloqueo, se han demostrado como instrumentos de solidaridad y presión significativos. En esta ocasión, ha sido notoria la repercusión en prensa internacional y la asistencia de drones turcos y de buques de las armadas española e italiana a efectos humanitarios.
Las presiones sindicales y sociales también están empujando a algunas empresas a renunciar a sus contratos vinculados con la ocupación o el genocidio, como es el caso de la Sidenor. Si bien muchas de las empresas señaladas por la relatora Especial continúan resistiéndose –entre ellas, la vasca CAF o la petrolera brasileña Petrobras–, los Gobiernos español y los del Sur Global que conforman el Grupo de La Haya se han comprometido a investigar a estas empresas y revisar los contratos públicos con Israel.
El apoyo férreo de EE.UU.
A nivel institucional, la situación no es tan positiva. Estados Unidos, aliado irrestricto de Israel, sigue prestando su cada vez más indispensable apoyo político, económico y militar. Mientras presiona a jueces de la Corte Penal Internacional y a la relatora especial con el bloqueo de sus cuentas y retirada de visas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas veta sucesivas resoluciones de mínimos que solicitan un alto al fuego, la liberación de los rehenes y la llegada masiva de ayuda humanitaria –las últimas ocasiones el 4 de julio y el 18 de septiembre–.
No obstante, el resto de Estados occidentales que respaldaban a Israel se han ido distanciando, hasta el punto de comenzar a condenar algunas acciones y exigir el cumplimiento de las obligaciones humanitarias. Incluso hay quienes han establecido limitaciones de viaje y congelando, en sus países, los fondos de los miembros del Gobierno israelí considerados más extremistas.
La Unión Europea, también bloqueada por algunos Estados defensores de Israel y la inacción cómplice de la Comisión Europea, presionada por la realidad de los hechos, algunos gobiernos y la ciudadanía, se ha visto forzada a suspender una parte del acuerdo comercial con Israel. En todo caso, esta medida está lejos de producir algún efecto práctico, ya que solamente comprometería 227 millones de euros.
Más allá de los defensores de Israel, en los últimos meses ha aumentado el número de Estados que califican como genocidio lo que está ocurriendo, reconociendo con ello la obligación internacional de establecer medidas de prevención y sanción de este crimen.
En este sentido, el Grupo de la Haya se comprometió en julio a establecer seis medidas concretas, entre las que destaca impedir el suministro y transporte de armas, el tránsito de buques que las contengan e impulsar la justicia universal. España, asistente a la reunión junto con otros Estados, ha propuesto nueve medidas concretas en la misma línea.
El embargo de armas, inficaz e insuficiente
Es precisamente en la puesta en práctica de estas medidas, ya sea por falta de voluntad, dificultad técnica o resistencias internas de aplicar el embargo de armas, donde se están detectando las dificultades. En España se está constatando en la aplicación del embargo de armas, varias veces anunciado, pero que está resultando ineficaz e insuficiente.
Turquía, por su parte, ha vuelto a anunciar un embargo total, tras declararlo en 2024.
Igualmente, Colombia ha puesto fin al Acuerdo de Libre Comercio con Israel para detener el comercio de carbón, una decisión ya adoptada en agosto de 2024.
Las medidas con más recorrido han sido las de carácter político, cultural y deportivo. Tras las presiones fallidas de la edición anterior de Eurovisión, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda y España, uno de los denominados Big Five, han amenazado con boicotear el concurso si en noviembre la Unión Europea de Radiodifusión no acuerda la exclusión de Israel.
En lo que respecta a las competiciones futbolísticas, si bien la expulsión de Israel del fútbol internacional ha sido avalada por expertos de Naciones Unidas y en el caso de la UEFA parece existir una mayoría a favor, la decisión sobre esta se ha retrasado por el plan presentado por Trump.
A nivel político, durante el mes de septiembre se ha reducido a 38 el número de Estados de Naciones Unidas, fundamentalmente occidentales, que no reconocen el Estado palestino. Es destacable que, con el reconocimiento de Francia y Reino Unido, Estados Unidos es el único miembro permanente del Consejo de Seguridad que niega la estatalidad de Palestina. En todo caso, estos actos han sido criticados por su carácter condicionado y por no acompañarse de medidas efectivas.
Aislamiento total de Israel
Aunque estas medidas distan de ser suficientes para detener el genocidio en curso, es indudable el creciente aislamiento de Israel, con el temor de convertirse en la nueva Sudáfrica del apartheid.
Este, precisamente, debe ser el objetivo a alcanzar desde posiciones que simplemente aspiran a cumplir con el derecho internacional vigente. En línea con lo señalado por los diferentes especialistas, a corto plazo deben consolidarse, profundizarse y extenderse las medidas adoptadas, así como el establecimiento de otras de más calado. A saber, ruptura de todo tipo de relaciones con Israel, detención de toda clase de comercio o envío de armas, imposición de sanciones económicas, boicots culturales, deportivos, etc.
A medio plazo, una vez que se detenga el genocidio, el objetivo debe ser mantener esas medidas a fin de acabar con el proyecto colonial israelí y garantizar el derecho incondicional a la libre determinación del pueblo palestino, actualmente socavado con la ocupación y anexión ilegal de sus territorios por parte de Israel.
Aritz Obregón Fernández, Investigador y profesor de Derecho internacional, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Este artículo fue publicado en The Conversation. Lea el original.
