Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial para el cumplimiento de la Ley de Amnistía, en Venezuela, informó que hasta la mañana del martes más de 3200 personas habían sido liberadas en cumplimiento de esa legislación.
De acuerdo con el diputado chavista, los tribunales habían otorgado libertad plena a 3231 personas, de las cuales 3052 estaban bajo medidas cautelares y 179 permanecían encarceladas, según el reporte de medios internacionales.
El anuncio se produce mientras decenas de familiares de presos políticos aguardan con ansiedad a las afueras de cárceles como El Rodeo, cerca de Caracas, a la espera de nuevas excarcelaciones tras la entrada en vigor de la norma.
La expectativa se ha convertido en rutina para madres, esposas e hijos que permanecen en carpas improvisadas desde principios de enero.
Massiel Cordones, madre del militar José Barreno, detenido hace más de cinco años, expresó su esperanza de que la amnistía alcance a su hijo, aunque reconoció que su caso es “crítico” por estar vinculado a la Operación Gedeón, un ataque marítimo frustrado en 2020 excluido de la ley y cuyo objetivo era el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
“La alimentación de ellos no es la adecuada, la condición de ellos no es la adecuada para que puedan aguantar esa huelga de hambre”, dijo Cordones, al referirse a más de 200 presos políticos que protestan dentro del penal, en declaraciones a la agencia EFE.
Por su parte, la ONG Foro Penal ha verificado hasta ahora la liberación de poco más de un centenar de detenidos en cárceles por motivos políticos, cifra muy inferior a la anunciada por el gobierno.
El organismo independiente asegura que cerca de 600 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos y que más de 11 mil ciudadanos han tenido medidas restrictivas en los últimos años.
Los grupos humanitarios consideran “un despropósito” que sean los mismos jueces y fiscales que acusaron a los detenidos quienes ahora interpreten la ley para otorgar beneficios. Por ello reclaman la designación de jueces ad hoc y el desmantelamiento de lo que consideran un sistema represivo.
Una ley con límites
La Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, cubre casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero especifica 13 hechos ocurridos en distintos años. Con ello excluye otros períodos y situaciones, especialmente las relacionadas con operaciones militares.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez, promotora de la iniciativa, pidió al Parlamento y a la Comisión de Revolución Judicial dar “máxima celeridad” a la aplicación de la norma, que busca —según dijo— potenciar la convivencia en el país tras décadas de confrontación política.
La mandataria calificó la ley como “un acto de grandeza”, al promulgarla en el Palacio de Miraflores. “Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, señaló.
Además, pidió la evaluación de casos que no están contemplados en la nueva legislación para, dijo, “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y la justicia.
Rodríguez asumió el cargo el 5 de enero, dos días después de la captura y traslado del expresidente Nicolás Maduro a Nueva York por fuerzas de EE.UU para enfrentar cargos federales de narcotráfico. Desde entonces, el gobierno interino ha insistido en que la amnistía es un paso hacia la reconciliación nacional, al tiempo que ha venido haciendo concesiones a Washington.
Expectativa en los tribunales y diferencias estadísticas
Arreaza aseguró que el ritmo de aplicación es “extraordinario” y que la mayoría de los solicitantes obtendrán su amnistía en un plazo de 15 días. Sin embargo, familiares denunciaron que el lunes algunos tribunales no recibieron solicitudes, lo que generó confusión y malestar.
El ex vicepresidente y ex canciller durante los gobiernos maduristas explicó que los jueces y fiscales trabajaron “corrido desde el viernes en la tarde hasta el lunes en la mañana” para procesar los casos.
Entretanto, el gobierno habla de más de 3200 libertades plenas, mientras Foro Penal confirma apenas 109 excarcelaciones verificadas.
La ONG diferencia entre “libertad plena” y “excarcelación”. En esta última, los beneficiados salen de prisión pero bajo medidas cautelares, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales.
Rusia y Venezuela refuerzan cooperación
Mientras se desarrolla el proceso de amnistía, Caracas y Moscú reafirmaron su intención de fortalecer la cooperación estratégica.
En Ginebra, durante el 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el viceministro venezolano Rubén Darío Molina y su homólogo ruso Dmitri Liubinski ratificaron la voluntad de sus gobiernos de consolidar relaciones bilaterales en áreas clave como economía, energía y minería.
Ambos países reiteraron su compromiso con la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y la autodeterminación de los pueblos, en un contexto marcado por la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.
Moscú levantó recientemente la recomendación de no viajar a Venezuela, al considerar que las autoridades locales mantienen el orden público y que el sector turístico está listo para reanudar operaciones.
El tratado de asociación estratégica firmado en 2025 por Maduro y Vladímir Putin establece una hoja de ruta de diez años para reforzar la cooperación en sectores como petróleo, gas y transporte aéreo, además de coordinar acciones con la OPEP y el Foro de Países Exportadores de Gas.
Según el más reciente informe de Transparencia Venezuela en el Exilio (mayo de 2025), desde el año 2018 no se han registrado nuevas inversiones directas ni préstamos rusos en Venezuela.
La relación económica se ha mantenido principalmente a través del comercio bilateral, con una balanza comercial que promedió 968 millones de dólares anuales entre 2022 y 2025, cifra muy por debajo de los intercambios que Rusia mantiene con otros países latinoamericanos como Brasil, México, Chile o Argentina.
