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El año más difícil de la economía cubana ha traído el anuncio de las reformas más profundas desde 1959. Los cambios, cuyo alcance supera al intento reformista iniciado en 2011, apuntan a una transformación estructural inédita del modelo de funcionamiento económico. Algunos de ellos jamás se habían contemplado siquiera como posibilidad en el discurso público y hoy aparecen “consensuados” como resultado de un “pragmatismo súbito”.
Las más de 170 medidas implican tres cambios de paradigma fundamentales:
- Fin de la planificación centralizada. Se reconoce tácitamente la ineficiencia del modelo de asignación administrada de recursos en la economía. Esto significa que el Estado dejará de actuar como administrador directo en la distribución de combustible, alimentos o divisas, para dar paso a mecanismos financieros e indirectos. Ello no implica el abandono de la función reguladora estatal, pero sí una ampliación del papel del mercado. Se trata, además, de una de las transformaciones que más tiempo requerirá para consolidarse.
- Las empresas estatales se convierten en sociedades mercantiles. Cualquier cubano, extranjero o sus empresas podrán comprar acciones y participaciones en Antillana de Acero, Prodal o Cubana de Aviación. El Estado reservará la participación mayoritaria en los sectores estratégicos, un concepto cuyo alcance conviene precisar. En la práctica, la empresa estatal dejará de ser plenamente estatal en el momento en que una parte de su propiedad pase a manos privadas. Para evitar el traspaso del patrimonio estatal a un grupo cerrado de “oligarcas” hará falta transparencia institucional y subastas públicas.
- La propiedad privada deja de ser tolerada para convertirse en protagonista del modelo. Sin dudas, este es el cambio más drástico, porque el Estado parece apostar por el sector privado nacional para sostener la salida de la crisis. No solo se elimina el límite de 100 trabajadores, sino que además se autoriza la inversión en sectores hasta ahora vedados, como la banca. También se permitirá que las empresas sean propietarias de inmuebles, gestionen tierras y accedan a derechos de superficie, medidas todas inéditas. Ya no habrá solo micro, pequeñas y medianas empresas privadas: ya puede empezar a hablarse de “gran empresa privada”.
La otra gran apertura está dirigida al sector privado extranjero, aunque, siendo honestos, buena parte de estas medidas ya había sido anunciada en la Feria Internacional de La Habana del año pasado.
En esencia, las reformas presentadas sientan las bases de un modelo mixto en el que el Estado conserva un rol regulador que sería terrible abandonar, pero admite una pragmática expansión de los mecanismos de mercado. El Estado no solo abre espacio al sector privado: también traslada un componente sustantivo del costo de sostener la producción, la inversión y la sobrevivencia empresarial a actores no estatales. Eso incluye financiamiento, importación, generación de divisas y absorción de pérdidas.
La pregunta es si eso bastará para revertir la agonía de la economía y la sociedad cubanas.
¿Qué sigue ahora?
Hay razones fundadas tanto para el optimismo como para el pesimismo. Las reformas presentadas son, por ahora, apenas un anuncio.
La consistencia de la voluntad política para avanzar en los cambios será puesta a prueba en la implementación. Esto exige, en primer lugar, un documento de acceso público con todas las medidas, sus metas, plazos, indicadores y responsables.
En segundo lugar, el paquete provoca un terremoto jurídico que exige actualizar normas viejas y redactar muchas otras nuevas. La capacidad institucional para avanzar ágilmente pudiera verse en jaque.
En tercer lugar, la implementación debe estar protegida de discrecionalidades, uno de los grandes males de la política económica en los últimos años. Si se pueden abrir agencias de viajes privadas, comprar acciones de ETECSA o crear una empresa mixta con un extranjero, las reglas deben ser iguales para todos. No puede repetirse lo ocurrido con las mipymes, cuando entre 2021 y la fecha solo se aprobaron 12 mil solicitudes de casi 20 mil presentadas a las autoridades. Quien cumpla los requisitos debe tener luz verde.
En cuarto lugar, sería iluso no reconocer que las reformas profundizarán con total seguridad las desigualdades económicas. Sí, habrá más concentración de la propiedad y la riqueza. Es por eso que, entre mucho más por hacer, deberá dejar de subsidiarse la canasta básica del dueño de una empresa privada para atender específicamente a la madre soltera con tres hijos y al abuelito del hogar de ancianos.
Por último, la reforma necesita un mecanismo de monitoreo y evaluación sistemático. Un órgano específico del Gobierno debe conducir el proceso, evaluar su marcha y rendir cuentas periódicamente. Ante errores y desviaciones, algo inevitable en cualquier proceso de esta magnitud, la respuesta no puede ser ralentizar, detener o revertir.
El principal riesgo interno es que se repita lo sucedido en 2011: tras varios congresos del Partido, la discusión de los lineamientos y la aprobación parlamentaria de todos los cambios, la reforma terminó abandonada sin explicación.
¿Y las sanciones de Estados Unidos, qué?
Incluso suponiendo que la reforma se ejecute con precisión —medidas integrales, secuencia ordenada, agilidad suficiente y monitoreo constante—, persiste un problema externo que afecta la eficacia de cualquier transformación.
Como opiné recientemente, la relación con Estados Unidos se ha convertido en la variable principal para la recuperación económica de Cuba.
Seamos objetivos: la reforma no puede tener éxito si no se resuelve el problema de las sanciones.
Toda reforma necesita recursos para implementarse: energía, combustibles, divisas. Además, requiere inversión extranjera, tanto de cubanos residentes fuera de la isla como de empresarios de otros países. Y hoy no entra una gota de petróleo a Cuba porque Estados Unidos ha decidido que no entre una gota de petróleo a Cuba.
Ajustar internamente el rumbo de los cambios, lamentablemente, no es suficiente en el escenario actual. Hay que resolver, al mismo tiempo, la variable externa.
En resumen, estamos ante el inicio de un aparente proceso de transformaciones profundas en medio del peor momento económico y social. No es previsible una recuperación súbita de la economía cubana ni una mejora inmediata en la calidad de vida del cubano común. Sin embargo, la implementación audaz de lo propuesto coloca al país en mejores condiciones para emprender un camino largo, pero consistente, de reactivación y crecimiento.
El “pragmatismo súbito” parece haber dejado atrás la disyuntiva de reformar o no, una discusión que debió ser superada hace mucho. Cuba entra ahora en el dilema de construir confianza y reglas estables antes de que la reforma sea devorada por su propia improvisación.
La voluntad política, más que nada, definirá si estamos ante una intención pasajera o un golpe de timón irreversible.
