La agencia de viajes Expedia volvió a los tribunales de EE.UU. por un litigio relacionado con la Ley Helms-Burton y las propiedades confiscadas por el Gobierno cubano después de 1959.
El juicio comenzó el pasado 19 de agosto ante un tribunal federal de Miami, en el caso Mata et al. v. Expedia, Inc. et al., una demanda presentada originalmente en 2019 por varios cubanoamericanos que sostienen tener derechos sobre propiedades ubicadas en Cuba, de acuerdo con el sitio Law360, especializado en información jurídica y empresarial.
Los demandantes alegan que Expedia, a través de sus plataformas de reservas, participó en el denominado “tráfico” de propiedades confiscadas al ofrecer alojamiento en instalaciones construidas sobre esos terrenos. La compañía rechaza esa acusación y sostiene que no actuó de manera consciente o intencional con conocimiento del origen de las propiedades.
El litigio actual involucra cuatro hoteles de Cayo Coco y el Hotel San Carlos, en Cienfuegos, según información difundida sobre el proceso. Los reclamantes calculan en alrededor de 82 millones de dólares el valor de mercado de los bienes sobre los que plantean sus reclamaciones.
El caso no debe confundirse con otro proceso contra Expedia que produjo en 2025 un veredicto inicial de casi 30 millones de dólares.
Un nuevo capítulo para Expedia
En abril de 2025, un jurado federal de Miami ordenó a Expedia Group, Orbitz y Hotels.com pagar 29,85 millones de dólares al cubanoamericano Mario Echevarría, quien alegaba que las compañías habían obtenido beneficios con reservas realizadas en tres hoteles de Cayo Coco construidos sobre terrenos confiscados a su familia.
OnCuba informó entonces sobre aquel veredicto, que constituyó el primer fallo de un jurado contra Expedia bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
Meses después, en septiembre, un juez federal dejó sin efecto el veredicto y falló a favor de Expedia y sus compañías relacionadas. El demandante apeló esa decisión y el proceso permanece pendiente.
La propia Expedia señaló en su informe anual correspondiente a 2025 que había recibido ocho demandas relacionadas con el Título III de Helms-Burton, de las cuales cuatro permanecían activas.
En una actualización presentada en agosto de 2026, la compañía indicó, además, que otro de los procesos, conocido como Echevarria II, había quedado suspendido mientras se resolvía la apelación del litigio anterior.
El juicio iniciado en agosto en Miami corresponde, por tanto, a una causa diferente, aunque forma parte del mismo conjunto de reclamaciones contra Expedia por sus actividades en Cuba.
El Título III vuelve a los tribunales
La base legal de estas demandas es el Título III de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (Helms-Burton), que permite a determinados ciudadanos estadounidenses reclamar ante tribunales de su país compensaciones por el supuesto uso o explotación de propiedades confiscadas por las autoridades cubanas.
El primer gobierno de Donald Trump activó en 2019 esa disposición, suspendida durante más de dos décadas por administraciones anteriores. Desde entonces se han multiplicado las demandas contra empresas de sectores como el turismo, el transporte, las finanzas y la actividad portuaria.
OnCuba ha seguido varios de esos litigios. Entre los más recientes figuran las demandas contra Iberostar y American Airlines, que terminaron en acuerdos, así como los procesos que llegaron hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
Iberostar y American Airlines alcanzan acuerdos en EEUU tras demandas por la Ley Helms-Burton
En mayo de 2026, el Supremo dejó sin efecto una decisión favorable a varias compañías de cruceros en la demanda de Havana Docks Corporation, relacionada con el uso de muelles confiscados en La Habana, y devolvió el caso a tribunales inferiores.
En junio, el máximo tribunal también falló en favor de ExxonMobil en su litigio contra entidades estatales cubanas y determinó que estas no podían invocar la inmunidad soberana para impedir una demanda presentada bajo el Título III.
Esas decisiones no resuelven el caso de Expedia, pero forman parte del contexto jurídico en el que se desarrolla el nuevo juicio.
La disputa deberá determinar ahora si los reclamantes consiguen demostrar que las actividades de Expedia con los hoteles cuestionados constituyeron “tráfico” de propiedades confiscadas en los términos establecidos por la legislación estadounidense.
Para la compañía, el proceso representa otro capítulo de una batalla judicial que comenzó hace siete años y que continúa abierta en varios frentes.
