La Gaceta Oficial publicó este miércoles el Decreto-Ley 120 sobre la empresa estatal socialista, así como un conjunto de normas complementarias que entrarán en vigor el próximo 9 de septiembre, siete días después de su publicación.
El presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, Roberto Ricardo Marrero, calificó la jornada de su presentación como “histórica” para el sistema empresarial cubano y precisó que las normas fueron elaboradas “en tiempo récord” por un grupo de trabajo que integró a representantes de empresas, grupos empresariales y organismos del Estado, según cita Cubadebate.
Las transformaciones económicas y sociales en marcha favorecen la integración, autonomía y diversidad del sistema empresarial estatal y privado como un único sistema, y potencian la participación de todos los actores económicos en el desarrollo del país.#ProgramaDeGobierno pic.twitter.com/V07cJ6s4M7
— Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) September 3, 2026
El paquete normativo forma parte de “las 17 transformaciones del eje temático número uno, dedicado al sistema empresarial estatal”, dentro del marco general de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional en junio y en medio de un contexto de aumento de presión de la Administración Trump sobre el Gobierno cubano y la implacable crisis que golpea a la población.
Autonomía y descentralización
La novedad principal del decreto, dado a conocer en la Edición Ordinaria No. 72 de la Gaceta Oficial, es la concesión de “autonomía plena” a las empresas estatales, que pasan a ser consideradas “el eje fundamental del desarrollo económico” del país.
Entre los cambios aparece que los grupos empresariales podrán crear empresas, filiales y mipymes estatales, así como realizar fusiones y liquidaciones, sin necesidad de acudir al Ministerio de Economía y Planificación —competencia que hasta ahora era exclusiva de esa cartera. Los territorios también ganan facultades para aprobar nuevas entidades locales.
Las normas colocan a las empresas estatales en igualdad de condiciones con el resto de los actores económicos, incluidas las mipymes privadas, e incluyen la liberación del nomenclador de productos: las entidades podrán comercializar cualquier producto lícito, sin limitarse a un listado preaprobado.
Participación de los trabajadores
Uno de los elementos presentados como “inéditos” es la participación de los trabajadores en las juntas de gobierno de las empresas: el 20 % de sus integrantes serán elegidos por los propios colectivos laborales. Las asambleas de trabajadores deberán aprobar los planes económicos, los niveles salariales y el destino de las utilidades retenidas, incluidas las destinadas a responsabilidad social empresarial.
Las normas complementarias
Entre las disposiciones publicadas junto al decreto-ley destacan la Resolución 170 sobre relaciones financieras con el presupuesto del Estado —calificada como histórica por ser la primera emitida por el Instituto—, una resolución sobre movimientos organizativos y normas de procedimiento financiero, tributario y contable que redefinen las relaciones con el presupuesto estatal.
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Respecto al Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, el funcionario subrayó que “no es un superministerio, no administra empresas ni activos”, sino que dirige las transformaciones y tiene como función principal hacer crecer los recursos en un entramado que incluye 77 grupos empresariales —56 de subordinación nacional y 21 territorial—, 1.732 empresas, 297 sociedades mercantiles, 214 filiales y 292 mipymes estatales.
