Las presiones extraterritoriales de Washington contra Cuba se expanden directamente a bancos y empresas extranjeras, con advertencias lanzadas desde Panamá que buscan cerrar cualquier resquicio financiero al gobierno de La Habana.
El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se reunió este lunes con Samuel Parker, subsecretario adjunto para Financiamiento de Amenazas y Sanciones del Departamento de Estado, en un encuentro que dejó un mensaje inequívoco: los bancos y empresas de la región que faciliten operaciones vinculadas al gobierno cubano podrían enfrentar sanciones.
“Los bancos y las empresas extranjeras deben estar conscientes de los riesgos que implica facilitar la evasión de sanciones”, escribió Cabrera en su cuenta de X, reforzando la línea dura de la administración Trump.
Panamá, pieza clave en el tablero
La elección de Panamá no es casual. El país ha sido históricamente un punto de apoyo para operaciones internacionales de entidades cubanas, como FINCIMEX y Kave Coffee S.A., ambas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En 2026, los viajes del coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo” y nieto de Raúl Castro, a Panamá se convirtieron en un foco de atención regional: durante 2024 y 2025 se habrían realizado en jets privados, con vínculos empresariales y compras millonarias, en medio de investigaciones sobre redes de influencia entre Cuba, Venezuela y Panamá, de acuerdo con fuentes periodísticas independientes, registros oficiales de sanciones estadounidenses y reportes de prensa regional.
Washington busca impedir que terceros países funcionen como válvula de escape para las sanciones, cerrando el círculo financiero alrededor del conglomerado militar GAESA, considerado el corazón económico del gobierno cubano, y más allá.
El instrumento central de esta estrategia es la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026. La medida amplió las restricciones contra GAESA e introdujo sanciones secundarias: bancos, empresas o individuos extranjeros que mantengan vínculos con entidades bloqueadas pueden perder acceso al sistema financiero estadounidense.
El plazo para cortar operaciones con GAESA venció el 5 de junio, y desde entonces Washington ha intensificado sus advertencias a gobiernos y socios internacionales.
Estados Unidos sanciona al Ministerio de Turismo de Cuba junto a nueve entidades estatales
Nuevas sanciones y advertencias
El secretario de Estado Marco Rubio reiteró el 23 de junio que “cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma”. Ese mismo día se anunciaron medidas contra el Banco Financiero Internacional (BFI) y RAFIN S.A., ampliando el alcance de las restricciones.
Varias empresas extranjeras han comenzado a revisar sus operaciones en Cuba, mientras otras se repliegan para evitar riesgos legales y financieros.
Panamá ofrece diálogo, pero Washington endurece
En medio de esta ofensiva, en junio el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, anunció que su país se ofrece como sede neutral para un eventual diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Según dijo, La Habana ya aceptó la propuesta, pero Washington aún no ha respondido.
La oferta llega en un momento de máxima tensión. Además de las sanciones, la Administración Trump ha impulsado acciones judiciales, incluyendo el encausamiento federal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Las sanciones afectan sectores estratégicos de la economía cubana: energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.
El objetivo declarado es cortar los flujos de dinero que estaría financiando las operaciones de los cuerpos internos de seguridad en la isla, en medio de un creciente malestar social que se traduce en protestas y cortes de calles en ciudades y pueblos ante prolongados apagones y fallas, igualmente dilatadas, en el servicio de agua.
Los analistas advierten sobre el aumento de la extraterritorialidad de las sanciones al advertir Washington a bancos y empresas extranjeras sobre las consecuencias de tratar con Cuba, obligando a actores regionales a elegir entre mantener vínculos con la isla o preservar su acceso al sistema financiero estadounidense.
