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Las crisis sistémicas producen efectos tanto visibles como subrepticios. Pasan prácticamente desapercibidos para quien no tiene que enfrentarlos en el día a día. No es el caso de los expertos de la Fundación Antonio Núñez Jiménez para la Naturaleza y el Hombre (FANJ), quienes ya han medido el impacto que el costo por mantener a flote la vida está teniendo sobre la protección ambiental y saben que las cosas están cambiando dramáticamente para quienes se dedican a preservar el ecosistema cubano.
En su diagnóstico, relacionan efectos como el aumento del uso de leña como fuente energética en zonas rurales y periurbanas, la intensificación de prácticas de subsistencia como la pesca no selectiva o la captura de fauna, la mayor explotación de recursos marinos sin condiciones de sostenibilidad; y las dificultades en la gestión de residuos en entornos urbanos, con impactos directos en suelos, aguas y salud ambiental.
A ello se suma la afectación en áreas protegidas que la propia Fundación administra, donde la crisis energética ha incrementado la presión sobre los ecosistemas.
“Ello compromete avances históricos en materia de conservación y sostenibilidad, y pone en riesgo equilibrios que son esenciales para el presente y el futuro del país”, advirtieron en una declaración pública difundida a finales de abril en Facebook.
A pesar de su gravedad, la cuestión que emerge de todo este desorden como una enredadera maliciosa está siendo poco discutida y visibilizada en el debate público. ¿Cómo quedan paradas la sostenibilidad y la protección ambiental —indicadores del desarrollo de cualquier sociedad— en este tablero de calamidades que van empujándose unas a otras?
La FANJ —organización con estatus consultivo ante Naciones Unidas y presencia en todo el país—sabe que la pieza final de ese encadenamiento es la hoy tambaleante dignidad de todos los seres, humanos y de otras especies.
Avances que hoy retroceden
Cuba consolidó durante décadas una arquitectura institucional de conservación poco común en la región, con más de 140 áreas protegidas y una cobertura de 17,8 % del territorio terrestre y 26,2 % de la plataforma marina insular. En la cercana fecha de 2024, incluso, indicadores internacionales como el Índice de Desempeño Ambiental de Yale situaban al país entre los mejor evaluados globalmente en efectividad de áreas protegidas.
La advertencia de la FANJ, basada en el evidente declino de todas esas conquistas, apunta menos a una carencia histórica que al riesgo de erosión de esos avances bajo el peso de la crisis.
Para profundizar en este escenario, conversamos con la directora de la Fundación, Liliana Núñez Véliz, y expertos del centro, quienes aportaron una mirada desde el terreno sobre cómo la crisis está reconfigurando —de forma silenciosa pero sostenida— las prácticas ambientales en la isla.
En el comunicado señalan que el contexto actual está incrementando la presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad. En términos concretos, ¿qué cambios están observando hoy en el terreno en comparación con años anteriores?
Hoy observamos una presión mucho más directa y cotidiana sobre los ecosistemas. En zonas rurales y periurbanas ha aumentado el uso de leña como fuente energética, lo que implica una mayor extracción de biomasa. También se registra un incremento de prácticas de subsistencia, como la pesca no selectiva o la captura de fauna para consumo o comercio.
En ecosistemas costeros, la recolección de recursos marinos se ha intensificado, a menudo sin condiciones que garanticen su sostenibilidad. En entornos urbanos, las limitaciones en la gestión de residuos están generando impactos en suelos, aguas y en la salud ambiental y humana.
Como organización no gubernamental que administra dos áreas protegidas en Cuba —Cuevas de Santa Catalina y Bellamar—, la Fundación aporta además una visión directa desde la gestión en terreno. En ambas, al igual que en otras zonas del país, la crisis energética ha incrementado significativamente la presión sobre los ecosistemas: destaca el uso de biomasa como combustible, la caza indiscriminada de especies como la jutía y las limitaciones operativas de administradores y guardabosques para garantizar una protección efectiva.
En la Ciénaga de Zapata también se han identificado presiones sobre el cocodrilo cubano, una especie única que depende de condiciones ecológicas muy específicas y que hoy enfrenta mayores riesgos debido a cambios en su entorno. La FANJ mantiene un compromiso sostenido con la conservación de esta especie en vida silvestre.
¿Esto está afectando la capacidad real de implementar proyectos de conservación, monitoreo ambiental y trabajo comunitario en el país?
La crisis económica y energética tiene un impacto directo en la capacidad operativa de los proyectos ambientales. La falta de combustible limita el acceso a zonas de monitoreo; la escasez de insumos afecta la continuidad de las acciones en terreno; y las dificultades logísticas reducen la frecuencia del trabajo comunitario y científico, por ejemplo en procesos de rehabilitación de ecosistemas.
Esto no implica la paralización de los proyectos, pero sí una reducción de su alcance, estabilidad e intercambio presencial. La conservación requiere presencia sostenida, seguimiento y continuidad; no es un ámbito donde la inmediatez sea viable. Aun así, muchos equipos han logrado sostener procesos gracias a redes locales y a su capacidad de adaptación.
Un ejemplo es el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, uno de los sitios de mayor biodiversidad del Caribe, donde las limitaciones logísticas afectan la regularidad del monitoreo de especies endémicas y ecosistemas de alto valor, en un contexto además marcado por la complejidad del terreno.
En el comunicado de la FANJ se hace énfasis en la necesidad de fortalecer capacidades internas y soluciones basadas en la naturaleza. En un contexto de escasez de recursos, ¿qué ejemplos concretos de estas soluciones están logrando mantenerse o desarrollarse?
Las soluciones basadas en la naturaleza aprovechan los propios procesos y dinámicas de los ecosistemas para responder a desafíos sociales, ambientales y económicos, generando beneficios tanto para las personas como para la biodiversidad. Implican trabajar con la naturaleza, no contra ella.
En Cuba, estas soluciones muestran una notable resiliencia, al apoyarse en el conocimiento del territorio, la ciencia y los saberes tradicionales.
Un eje relevante para la FANJ es la aplicación de principios bioclimáticos en la construcción, recuperando tradiciones vernáculas. El uso del guano, la orientación adecuada de los inmuebles según los vientos dominantes y técnicas como los “varentierra” han demostrado alta eficiencia, especialmente frente a eventos extremos. Durante más de 30 años, la Fundación ha documentado su efectividad tras el paso de huracanes, en articulación con el Comité Nacional Hábitat Cuba, la Defensa Civil y el Cuerpo de Guardabosques.
Otro ejemplo es la preservación de bosques urbanos. El parque Monte Barreto, en La Habana, cumple una función geológica clave como sistema natural de absorción y drenaje. Intervenirlo sin comprender esta función equivaldría a construir sobre el desagüe de una vivienda.
La Fundación promueve además la permacultura como enfoque de sostenibilidad local, basado en la observación de los sistemas naturales para diseñar entornos productivos más resilientes.
Asimismo, subraya la importancia de respetar los ciclos del suelo: la hojarasca no es un residuo, sino un mecanismo de regeneración. Interrumpir este ciclo afecta directamente la fertilidad y la vida del suelo, como ya advertía Antonio Núñez Jiménez en La erosión desgasta a Cuba (1968).
En entornos urbanos, el compostaje y la lombricultura permiten transformar residuos orgánicos en sustratos fértiles, contribuyendo a la producción de alimentos y a la regeneración de suelos. Estos procesos pueden complementarse con biodigestores, capaces de generar fertilizante y biogás, ofreciendo alternativas al uso intensivo de carbón y leña.
También se desarrollan iniciativas comunitarias como “Cuba limpia”, orientadas a la reducción de la contaminación costera, con impactos positivos en ecosistemas urbanos y rurales.
En paralelo, destacan proyectos que integran conservación y salud humana, como los impulsados por el Instituto de Ciencias del Mar junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, enfocados en ecosistemas marinos como las praderas de Thalassia testudinum, con potencial en aplicaciones dermatológicas.
Desde la experiencia en áreas protegidas, se han promovido además soluciones prácticas con comunidades locales. En Bellamar, por ejemplo, se orienta el uso del marabú como combustible para reducir la presión sobre especies nativas y, al mismo tiempo, controlar esta planta invasora.
En la Ciénaga de Zapata, la presencia de Melaleuca quinquenervia, también invasora, abre la posibilidad de su aprovechamiento mediante la extracción de aceites esenciales con valor económico, contribuyendo a su control progresivo.
Ustedes advierten que se están comprometiendo avances históricos en materia de sostenibilidad. ¿Cuáles diría que son los logros más vulnerables en este momento y por qué?
Los avances más vulnerables son aquellos que dependen de la continuidad en el tiempo. En primer lugar, los programas de educación ambiental, que requieren presencia constante en las comunidades para sostener cambios culturales —en un proceso que también implica aprender de prácticas locales valiosas—.
En segundo lugar, las prácticas de manejo sostenible de recursos, que necesitan acompañamiento técnico sistemático. Y en tercer lugar, los sistemas de monitoreo ambiental, fundamentales para la toma de decisiones informadas y para garantizar el acceso a esa información.
Cuando estos procesos se interrumpen, el retroceso puede ser rápido, especialmente en un país con altos niveles de biodiversidad y endemismo.
Un ejemplo son las polymitas, especies extremadamente amenazadas que dependen de ecosistemas bien conservados y de monitoreo constante. Cualquier debilitamiento en su protección incrementa significativamente su vulnerabilidad.
Desde su experiencia, ¿qué obstáculos internos están teniendo hoy un mayor impacto en la gestión ambiental del país y cómo podrían contornearse?
Existen desafíos internos que impactan significativamente la gestión ambiental. Entre ellos destacan las limitaciones en servicios básicos como la gestión de residuos, las dificultades de articulación operativa entre actores y la necesidad de mayor flexibilidad para implementar soluciones locales.
La crisis energética ha afectado severamente la capacidad de recogida de residuos sólidos, tanto en zonas urbanas como rurales. Esto ha propiciado prácticas inadecuadas como la quema de residuos y su acumulación en espacios públicos, ríos y costas, con el consiguiente deterioro ambiental y sanitario.
Este escenario de urgencia dificulta la continuidad de procesos esenciales como el reciclaje, la clasificación en origen y las acciones de sensibilización ambiental, que requieren estabilidad y participación sostenida.
Al mismo tiempo, estas tensiones pueden convertirse en un punto de inflexión: la necesidad de cerrar ciclos, mejorar sistemas de reciclaje y replantear prácticas podría abrir nuevas oportunidades.
En ese sentido, incluso en la crisis, el obstáculo puede convertirse en camino.
