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“No basta con una medida disciplinaria, es la aplicación, además, de la responsabilidad material”, afirmó este lunes el primer ministro del Gobierno cubano, Manuel Marrero Cruz, al referirse a las afectaciones económicas de 13 entidades estatales del comercio exterior.
La afectación económica al país por parte de estas entidades del Estado, advirtió el primer ministro, exige responsabilidades que pueden ser tanto administrativas como penales, refirió el diario Granma.
En la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el titular de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, señaló que estas entidades del Gobierno incumplieron lo acordado en los contratos entre clientes y proveedores.
Como otra de las causas, destacó las deficiencias en las cláusulas de pago de los contratos y el análisis previo de posibles rutas de cobro, según reseñó Granma esta jornada.
Asimismo, Pérez-Oliva subrayó, como parte de los daños económicos, la falta de rigor de las empresas estatales de comercio exterior para garantizar la extracción de los contenedores, y la insuficiencia en la gestión del cobro de las exportaciones.
| #Cuba sigue apostando por reimpulsar su economía.
Sesiona reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el Presidente @DiazCanelB y conducida por el Primer Ministro @MMarreroCruz.
| https://t.co/DUNCjoZTvg pic.twitter.com/DgJZcFUOUW
— Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) April 7, 2025
En un contexto de crisis alimentaria y energética en el país, en la reunión trascendió que más del 95 % de las afectaciones se debieron, entre otros factores, a gastos por demoras en la importación de buques con alimentos y combustibles.
En ese sentido, Marrero Cruz advirtió que “los jefes máximos tienen que responder por el análisis, por la aplicación de las medidas y por el seguimiento, hasta que se logre resarcir el daño”.
De irregularidades y un nuevo reglamento
Si bien no se especifica el nombre de estas entidades, desde el año pasado el Gobierno cubano había reconocido irregularidades en las operaciones de comercio exterior.
Por ello, en octubre de 2024 entró en vigor un nuevo reglamento para importaciones y exportaciones del sector privado a través de entidades estatales.
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En ese momento, las autoridades señalaron que la renovación del reglamento, aprobado en 2020, se debía a “la identificación de distorsiones en las operaciones de comercio exterior por entidades autorizadas y el complejo escenario económico y financiero actual”.
Aunque no es público el informe analizado este lunes como parte del plan del Gobierno cubano para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, los datos dados a conocer esta jornada reflejan irregularidades y problemas internos que continúan en medio de la grave situación por la que atraviesa la isla.
