Los múltiples “cuellos de botella” de la política económica cubana

Es un hecho lamentable que el debate y las ideas que terminan dominando la política económica en áreas de gran trascendencia, no parecen haberse desplazado hacia un nivel superior en términos de los temas y las alternativas a considerar. Las recientes medidas relativas al Trabajo por Cuenta Propia (TCP) y Cooperativas no Agropecuarias (CnA) lo confirman.

Esto ha sucedido a pesar de haber contado con propuestas muy avanzadas y equilibradas de varios grupos de investigadores, sin que la inmensa mayoría encontrara eco en los últimos pasos, los cuales pueden calificarse como limitados (allí donde sí hubo avances), con claros retrocesos, y desarticulados no solo respecto a la letra de los documentos que guían la “actualización” —del espíritu es más difícil hablar—, sino a la nueva realidad económica que viene conformándose desde inicios de 2019.

El proceso ha sido más paliativo y demorado, comparado con su aporte concreto a destrabar los múltiples “cuellos de botella” que persisten. En el centro de esta contradicción aparente está la vieja cuestión relativa a cuánto es suficiente, en términos de la expansión del sector no estatal en Cuba. Suficiente pareciera identificarse con impulsar el crecimiento sin comprometer los equilibrios políticos, incluso sin considerar a los “puristas ideológicos” que mantienen (y redoblan) su apuesta de construir castillos (o modelos) en el aire.

Cualquier proceso de desarrollo genuino (uno que verdaderamente valga la pena) altera las estructuras económicas y sociales de una manera tan fundamental, que hace inevitable la transformación del modelo político. Este último asunto siempre se ha visto como una amenaza existencial, cuando no debería ser percibido como una elección entre lo existente y la barbarie. Parece claro que apreciar el mundo en blanco y negro es una estrategia conveniente.

El arte de un buen gobierno no consiste en evitar ese cambio (a veces doloroso), sino en conducirlo de una manera que procure un rédito para todos los grupos, aunque esto no se logre a corto plazo o simultáneamente.

En el caso del “cuentapropismo”, ha habido progresos en aspectos importantes como la posibilidad de establecer relaciones contractuales para compra y venta de bienes y servicios con todo tipo de entidad que opere en el territorio nacional, o el abandono del sinsentido que representaba el “experimento” del transporte en la Capital. Sobre esto último, casi se pierde la cuenta del número de “experimentos” que se han realizado, todos tamizados por los mismos errores: ignorar las condiciones del mercado y descartar cualquier tipo de reunión (negociación) con las partes interesadas (taxistas y clientes). Un consejo para la nueva etapa: cualquier intento de desviar significativamente el precio final de las condiciones reales de operación está condenado al fracaso.

Dicho esto, es muy cuestionable lo poco que se ha avanzado teniendo en cuenta que el “perfeccionamiento” del TCP comenzó en el verano de 2017, con la suspensión por casi un año de las licencias para las actividades principales. De ellas, todavía el “operador de equipos de cómputo” permanece en espera.

En cuanto a las cooperativas (CnA), el retroceso es plausible. El decreto refiere explícitamente que su existencia queda reducida a aquellas actividades que el Estado determine que no son principales (también entidades en apuros), una especie de reservorio de lo que, por irremediable, no merece el desgaste administrativo que suponen emprendimientos pequeños y de baja rentabilidad.

Se consagra la aprobación de cada “experimento” al más alto nivel, y siguiendo una pauta altamente vertical. Un elemento especialmente nocivo es el visto bueno del “organismo rector” de la actividad en cuestión, lo que prácticamente descarta la competencia con entidades públicas. Es casi imposible racionalizar cómo este arreglo puede contribuir a conformar un esquema de incentivos adecuados que favorezcan la eficiencia. Es el ya bien conocido dilema de “juez y parte”.

Tampoco hay mucho margen para la determinación del objeto social, cuya definición también queda a la discreción de las autoridades. Las posibilidades de limitar el alcance de las operaciones al ámbito del territorio reducen el tamaño de un mercado, ya de por sí pequeño y fragmentado. Este es otro efecto pernicioso sobre la especialización y la productividad.  Adicionalmente, se imponen límites estrictos a la incorporación de nuevos socios y la contratación de fuerza de trabajo. Los precios de venta quedan determinados fundamentalmente por el Ministerio de Finanzas y Precios. La cancelación temporal o la revocación definitiva de la cooperativa contienen argumentos con un gran nivel de discrecionalidad en manos de las autoridades competentes, lo que dificulta plantearse un horizonte suficientemente largo para contemplar inversiones u otras acciones de gran calibre.

En resumen, las CnA carecen de autonomía real en la mayoría de las decisiones que son claves para el buen desempeño de sus operaciones, con lo cual queda reducida a una organización que administra un conjunto relativamente reducido de bienes de capital e insumos. El experimento, que ya entra en su séptimo año, ha dejado lecciones, pero quizá no las correctas.

Del análisis de la nueva legislación se pueden extraer algunas regularidades, que son alertas para la política económica. En primer lugar, la dilación para acometer cambios obvios es criticable. Y la hipertrofia y dispersión legislativa y normativa no para de crecer, a lo que se viene añadiendo una prosa recurrentemente densa. Esta columna lo ha recalcado otras veces: andarse por las ramas solo terminará exacerbando los ya graves problemas económicos (no todos atribuibles a la escalada en las sanciones de Estados Unidos) de esta Isla.

Se puede observar una renovada tendencia hacia una mayor intromisión de las autoridades en la fijación de precios, lo que pareciera en gran medida motivado por el precario equilibrio monetario actual, caracterizado por una dosis apreciable de “inflación reprimida”. No pocas experiencias en economías similares a la nuestra muestran claramente que el control administrativo de los precios, en ausencia de medidas estructurales para atajar los desequilibrios económicos, es a la larga contraproducente e inefectivo. Las tendencias recientes en el mercado informal de divisas con la depreciación del CUC o la demanda desbordada en las nuevas tiendas que expenden en divisas son muestras de ello. En general, es una opción efectiva a corto plazo, en anticipación de cambios mayores. Esa es la cuestión fundamental: se usa como mecanismo de estabilización temporal, o porque se cree en su efectividad.

Uno se hubiese imaginado que entre los aportes esenciales del “cuentapropismo” y las CnA estaría proveer a la economía de mayor flexibilidad y agilidad para comenzar el varias veces pospuesto pero necesario proceso de restructuración productiva (descontinuar actividades inviables y traspasar fuerza de trabajo y factores hacia sectores con futuro). Este, junto a la extrema fragmentación del mercado doméstico y la débil integración productiva constituyen los dos problemas más serios a enfrentar por un programa de reforma económica, independientemente de las preferencias ideológicas. Pues bien, una parte de lo hecho, no solo ahora, sino desde 2011, no apunta hacia esa dirección. Más bien hay señales mixtas, medidas incompletas, lentitud, y “llover sobre mojado”.

La protección espúrea de actividades ineficientes e inviables es el peor servicio que se puede hacer a la causa del “desarrollo de las fuerzas productivas”. Quizá viene siendo hora de dar contenido a nuestras palabras. Proteger empleos que no existirían bajo incentivos adecuados no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores o la política social. La subvención de empresas (e incluso sectores completos) irremediablemente sin futuro es un grave comprometimiento del desarrollo económico de este país. Un nuevo esquema monetario y cambiarlo, en tanto necesidad impostergable, es sólo el medio, para conseguir aquello. Llegar a ese momento con enormes rigideces en los agentes económicos no reduce los riesgos. No olvidemos que aquellos son desequilibrios que reflejan problemas mucho más profundos, esos mismos que no terminamos por asumir.

*Tomado de Progreso Semanal. Se reproduce con la autorización expresa de sus editores.