Un hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández debería ser sentenciado a cadena perpetua por dirigir “una asociación delictuosa de narcotráfico auspiciada por el Estado” junto con el actual mandatario de ese país, aseguran fiscales federales de Estados Unidos en documentos presentados antes de su audiencia de sentencia, programada para la próxima semana.
Juan Antonio “Tony” Hernández, exlegislador hondureño, fue declarado culpable en octubre de 2019 de participar en un plan para traficar cocaína hacia Estados Unidos.
Los documentos que presentó la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York describen el historial delictivo de Tony Hernández, así como los momentos en los que coincidió en los delitos con su hermano, líder del Congreso de Honduras antes de asumir la presidencia en enero de 2014.
“El acusado era un legislador hondureño quien, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel protagónico en un violento plan de tráfico de drogas auspiciado por el Estado”, escribieron los fiscales.
El gobierno de Estados Unidos quiere que Tony Hernández devuelva 138,5 millones de dólares de “dinero de sangre” producto de sus operaciones de narcotráfico, y pague una multa adicional de 10 millones de dólares.
“A lo largo quince años el acusado corrompió las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse al transportar al menos 185 000 kilogramos de cocaína, una cantidad asombrosa de veneno que ayudó a importar a Estados Unidos”, dijo la fiscalía. Asegura que Hernández también vendió armas a narcotraficantes, algunas provenientes del ejército hondureño, y que controlaba laboratorios de drogas en Colombia y Honduras.
Aseguran que entre los sobornos se incluye uno por un millón de dólares procedente del capo mexicano del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán, dirigido a Juan Orlando Hernández.
El presidente Hernández ha rechazado en repetidas ocasiones tener algún vínculo con el narcotráfico, al igual que Lobo. Su hijo actualmente cumple una sentencia de 24 años en una prisión estadounidense por tráfico de drogas.
Un contador hondureño testificó el martes en el juicio y dijo que huyó de Honduras porque sentía que su vida corría peligro tras presuntamente haber presenciado dos reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez en 2013. Fuentes Ramírez pagó al ahora mandatario sobornos de 15 000 y 10 000 dólares, dijo el contador, quien testificó bajo el seudónimo de José Sánchez.
Sánchez testificó el miércoles que llegó a Estados Unidos con su familia en junio de 2015 y superó el plazo de tiempo que su visado le permitía quedarse en el país. Se reunió con fiscales en Chicago para hablarles de las supuestas reuniones que presenció, pero estos le dijeron que era su palabra “contra la del presidente”.
Se le pidió regresar a Honduras para recabar pruebas, pero cuando estaba a punto de hacerlo, dijo, recibió una llamada de una excompañera de trabajo avisándole que Fuentes Ramírez lo estaba buscando para matarlo.
“No le he pedido nada a Estados Unidos, solo seguridad”, dijo.
El miércoles por la tarde subió al estrado Sandalio González, agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA). Testificó que Fuentes buscó la dirección de la Casa Presidencial en la aplicación Waze de su teléfono celular al menos dos veces en mayo y junio de 2019, cuando las acusaciones de los fiscales contra el presidente Hernández se hicieron públicas por primera vez.
Juan Orlando Hernández dijo en Twitter el miércoles que su gobierno ha logrado una reducción del 95,4% en el paso de droga por Honduras.
“Datos oficiales de USA (sobre droga) permiten la refutación instantánea de narrativa falsa”, escribió.
Associated Press/OnCuba.
