EFE
Un juzgado de Palma de Mallorca ha desestimado la pretensión de Meliá Hoteles sobre su contencioso con la familia cubana Sánchez Hill, antiguos propietarios de unos terrenos expropiados en Cuba, donde la compañía española explota dos hoteles de titularidad estatal, y mantiene el litigio en España.
Los herederos de Rafael Lucas Sánchez Hill, que fue dueño de la finca azucarera Santa Lucía, expropiada por el Gobierno cubano, demandaron ante la justicia civil española a Meliá para conseguir una compensación por el uso de una propiedad que consideran que se les arrebató de forma ilegítima.
En esos terrenos, de la provincia de Holguín, se levantan los complejos hoteleros Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares, de los que es propietaria la empresa estatal Gaviota y que gestiona Meliá Hotels International.
Meliá solicitó al juez que elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), argumentando que el pleito con los Sánchez Hill debía enmarcarse dentro de la legislación comunitaria, extremo que ha sido ahora rechazado por el juzgado, que inicialmente archivó el caso.
El juez atendió la petición de Meliá y de la fiscalía, que alegaban falta de jurisdicción y de competencia judicial internacional, pero tuvo que retomarlo a instancias de la Audiencia Provincial de Palma.
En abril de este año, el órgano provincial admitió el recurso de apelación contra el archivo de la causa y reconoció el derecho de los Sánchez Hill de obtener en España una sentencia, incluso aunque fuera desestimatoria.
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Los Sánchez Hill, que piden a la cadena hotelera una compensación de 10 millones de dólares (unos 8,9 millones de euros), no se han acogido a la Ley Helms Burton, que permite a los estadounidenses -incluidos los cubanos nacionalizados- demandar en sus tribunales a compañías que se beneficien de terrenos o inmuebles que les fueron expropiados en la isla tras la Revolución de 1959.
En octubre de 2019, Meliá recibió una comunicación del Departamento de Estado de EE.UU., a la que respondió con un documento de 55 páginas, aunque se desconoce si se trataba de una solicitud de información sobre sus operaciones en Cuba, según indica el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba (Cubatrade).
Ya en 2020, el Gobierno estadounidense retiró los visados a los ejecutivos de la cadena.
