Reformas económicas y apertura democrática en Cuba

Para salir del profundo hueco en que se encuentra la economía cubana, no basta con que se introduzca ahora, con un exagerado retraso, un paquete de reformas como el de las 176 medidas. Y lo digo yo, que no soy economista ni nada que se le parezca.

Es puro sentido común, y lo están diciendo también miles, quizás millones, de cubanos. Necesitamos en Cuba, además, una reforma política profunda que traiga apertura democrática. 

El viejo Lenin, como pensador y como líder político, ese del que ya casi nadie se acuerda, dejó dicho en una frase sucinta algo que es muy fácil de comprender y devela el sentido de muchas cosas: “La política es la expresión concentrada de la economía”. Y no al revés. 

Lejos de ser ámbitos paralelos y mucho menos inconexos, la esfera política —que incluye las leyes, la conformación y las funciones del aparato estatal/institucional y las políticas públicas— es una especie de destilado de los intereses de clase. 

En Cuba, el poder económico y político ha estado acumulado en manos de una clase burocrática, privilegiada, que ha convertido su supuesta misión con tintes mesiánicos de representar los intereses del pueblo en su principal activo durante décadas. 

Pero su modus vivendi ha incluido falta de transparencia, escasísima rendición de cuentas, represión del disenso por diversas vías y centralización de los recursos y las decisiones. 

Todo ello le debe mucho a la hostilidad de Estados Unidos y a la política de bloqueo que ha ido escalando progresivamente hasta el momento actual, en el que se practica una estrategia de asfixia contra Cuba. 

Bajo el “fuego enemigo”, en la trinchera, el sistema político cubano se diseñó y se sostiene en la lógica de la resistencia como premisa. La mejora y profundización democrática se soslaya o se desprecia. 

El poder así ejercido, desde un estilo predominantemente autoritario y centralista, ha tenido muchas posibilidades de maniobra y cheques en blanco otorgados en el pasado por el propio pueblo.  

Pero hoy tenemos en la isla a ese mismo pueblo hambreado, sin los servicios más básicos para subsistir, viviendo en una disparatada realidad donde nada o casi nada funciona y donde se escurre la vida sin esperanzas a corto o mediano plazo. El contrato social se quiebra día tras día.

Esta situación que describo no empezó a manifestarse en enero de 2026. Los olvidadizos interesados no recuerdan ahora que en septiembre de 2019 ya teníamos “la coyuntura”. Y que desde 2017 se conocían perfectamente cuáles eran los enfoques hostiles de Trump hacia Cuba y cuáles iban a ser los derroteros.

A pesar de eso, todo siguió siendo básicamente “igual”. Las reformas maltrechas y a medias, pendientes desde 2011, siguieron estancadas. Algunas malas decisiones, como la fallida Tarea Ordenamiento, contribuyeron al destrozo actual.

Los mismos olvidadizos pretenden desconocer la sangría de alrededor de 1,5 millones de personas que en los últimos cinco años se han ido de Cuba huyendo de la crisis, frustrados y sin las más absolutas ganas de seguir resistiendo nada más. 

La cuota de resistencia per cápita en Cuba es elevadísima. Honor y ruina, al mismo tiempo.

La pérdida de población es una de las mayores heridas de estos años y significa un grave compromiso para el futuro del país con una población envejecida. 

El factor Estados Unidos, por supuesto, es sumamente relevante en este panorama. Y está más que claro que las reformas que hace poco más de un mes se presentaron —el paquete de las 176 que están abiertas, por cierto, a seguir renovándose y ampliándose, según Díaz-Canel— son un intento de salvación en el momentum extremum. 

Han pasado tantos años y se ha acumulado tanto desgaste para la nación y para la gente, que es difícil para muchos asimilar que las mismas personas y estructuras institucionales que dilapidaron el tiempo ajeno y retardaron la aplicación de esas reformas tengan ahora suficiente convicción y capacidad para llevarlas adelante. 

Casi todos los cambios que ahora se evocan como imprescindibles, hace décadas que el pueblo —analistas, expertos, observadores y comunes mortales, incluidos muchos militantes del PCC— los ha estado exigiendo, por obvios.   

Llevamos días, meses, escuchando a las autoridades cubanas afirmar que los cambios económicos en Cuba se hacen para “fortalecer el socialismo”, y que no habrá cambios políticos, mucho menos bajo presión de Estados Unidos. 

Creo que es hora ya de que las mismas autoridades acepten que la presión para que sí ocurran esos cambios políticos no es exógena, sino que surge del interior de la isla. Y que, si la gente no se ha manifestado de forma violenta todavía, se debe en primer lugar al miedo a la represión y, en segundo, al milagro que constituye la consistente cultura política del pueblo cubano. 

Y en esto incluyo a la numerosa diáspora que también, en voz baja y mayoritariamente —no hay que guiarse por lo que pasa en FB y por los influencers chillones— ecualiza sus ideas y opiniones políticas y sabe distinguir la necesidad de la virtud. 

En ese escenario, Cuba necesita cambios políticos ya, con la misma celeridad con que demanda los económicos. 

Es imprescindible recrear los consensos y hacer viable una reforma donde participen, bajo los principios de credibilidad, confianza, igualdad y justicia, todos los cubanos que quieran, puedan y tengan algo que aportar.

Se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, hasta que se convenzan. 

Es imperativo, por ejemplo, decretar excarcelaciones y una amnistía mucho más profunda y amplia de las que se han experimentado en los últimos años si se quiere demostrar que todos los cubanos cabemos y somos útiles para el país en esta hora trágica. 

Las autoridades deberían demostrar compasión, especialmente con aquellos que el gobierno se niega a aceptar como presos políticos. No importa cuántos sean. Basta con un solo caso para exigir otro tipo de enfoque en la gestión política y la convivencia social. 

Muchos esperamos un giro de buena voluntad hacia aquellos que ya han sufrido penas de cárcel —algunos con condenas francamente desproporcionadas— por demostrar disenso político.

Sin confianza en que “pensar distinto” y poder expresarlo no acarreará riesgos ni consecuencias, será muy difícil avanzar en un diálogo nacional. Y esto es indispensable para reconstruir el interés común, la vocación de unidad o de sacrificio colectivo que nos saque, con nuestras propias fuerzas, de la crisis actual. Es elemental.  

Las autoridades cubanas insisten, correctamente, en ofrecerle a Washington una mano tendida, una “relación de respeto e igualdad de condiciones”, sin imposiciones. Y ese debe ser el enfoque también frente a los propios ciudadanos cubanos: el mismo respeto, un marco legal que garantice pensar y actuar también desde la oposición, sin perjuicio de ninguna persona, sin el riesgo de ser detenido, interrogado o procesado. 

Ni los inversionistas, ni la diáspora, ni los cubanos en la isla confiarán sus esfuerzos ni creerán en una “nueva etapa” mientras la represión opere, de forma arbitraria, y sin que se renueve el contrato social. El capital es asustadizo, nervioso y no está anclado a nada.

En Centro Habana, San Miguel del Padrón, Santiago de Cuba, Artemisa, los cacerolazos nocturnos o diurnos ya no se centran en pedir solo electricidad y agua. 

Con más frecuencia cada semana, se exigen cambios políticos, sustitución o dimisión de funcionarios, nuevas elecciones, y la respuesta no puede ser simplemente escuchar en silencio o subvalorar esas expresiones porque emergen en una coyuntura de desesperación y agobio. 

Serenamente, desde la cultura política de la gente, como más arriba reconocí, también se expresan, de forma creciente, esas demandas. 

Hacer oídos sordos no resultará y complicará en gran medida la posibilidad de que las reformas económicas anunciadas y las que deberán continuar consigan la transformación urgente que Cuba necesita. Sean 176 o 458 medidas nuevas, tendrán que entrañar una apertura democrática y una mayor conquista de la participación popular efectiva.