Economía cubana: el sabor amargo, los datos y las medidas

El año 2023 nos dejó el sabor amargo de metas que no se cumplieron: frases que mientras el año avanzaba iban perdiendo su significado; reportajes televisivos que contrastaban con la realidad cotidiana; intervenciones que recurrían una y otra vez al bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba y sus impactos negativos sobre nuestra economía para justificar ineficiencias propias; lentitud en la toma de decisiones claves, incompetencia, resistencias pasivas y activas a los cambios que necesariamente habrá que hacer por más que se intenten demorar.

También tuvimos de negación de lo evidente; búsqueda de nuevos culpables a toda costa y a todo costo; servicios básicos en una espiral de deterioro difícil de revertir, no solo por falta de recursos, sino también de personas, pero sobre todo por el crecimiento de la “cultura de la indolencia” que no solo se alberga en organizaciones sino que lamentablemente ha encontrado sitio en cada uno de nosotros. Y quizás el peor daño: el vaciamiento del país.

No hablo de errores; de ellos hablaron los principales dirigentes del país. Los errores son parte natural de la toma de decisiones. Es parte del riesgo que se corre cuando se trabaja sobre fenómenos con un alto grado de incertidumbre, o cuando se prefiere hacer caso omiso de lo que la ciencia enseña y lo que la evidencia —y los datos— nos muestran. Cierto que también hemos creado la “cultura de la rectificación de errores”. 

La eterna rectificación

Así que adiós a 2023, con su sabor amargo. Bienvenido 2024, año tremendamente importante para mí, pues alcanzaré 70 años de vida, cincuenta de los cuales —contando los de alumno ayudante— los he pasado trabajando en lo que más gusta: impartir clases de Economía, siempre en el mismo lugar, mi Universidad de La Habana.

2024, aún no sé bien por qué razón, me trajo a la mente el año 1974, cuando comencé a impartir docencia y descubrí, al minuto de haber iniciado mi primera clase, que sería el trabajo de toda mi vida. 

Fue ese año también en el que había un trabajo muy intenso de preparación de lo que sería el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE), la forma más institucionalizada de la “rectificación” de aquellos errores de “romanticismo económico” que se cometieron en los años 60. 

Entre aquellos “errores” siempre se menciona la aspiración de saltar etapas en la construcción socialista, la abolición de las relaciones monetario-mercantiles, la erradicación de la pequeña propiedad privada mediante la completa estatización de la economía, el “salario histórico” y el contrasentido de una significativa cantidad de gratuidades cuyo costo pagábamos todos aunque no nos diéramos cuenta.  

El SDPE tendría muy corta vida plena. Sería posteriormente “rectificado” a mediados de los años 80 y languidecería junto a otros sistemas que luego también serían “rectificados”. Se ha escrito mucho desde la academia sobre todos esos procesos, que además generaron intensos debates, largas discusiones y grandes insatisfacciones. 

Sin metas, ni plazos, ni secuencia

Volvamos, pues, a 2024. De una parte, tenemos un grupo de medidas cuyo propósito declarado por el primer ministro Marrero es “restaurar los requisitos macroeconómicos que permitan garantizar un entorno favorable para el crecimiento económico, el desarrollo y el proceso de construcción socialista”. 

De otra parte tenemos el Plan de la Economía presentado a la Asamblea Nacional y aprobado por esta y por lo tanto con carácter de ley. O sea, quien viole el Plan, viola la ley. Lo mismo ocurre con el presupuesto del Estado: después de aprobado tiene carácter de ley y quien lo viole, sea porque subdeclare impuestos o porque sobrepase los gastos, viola la ley. 

El contexto en que esos propósitos deben realizarse es el de una economía que ha experimentado un decrecimiento de entre 1 y 2 %; que no se ha recuperado del hundimiento de 2020; que enfrenta una dinámica inflacionaria sostenida de dos dígitos en los últimos cuatro años y que se espera que alcance un 20 %-25 % en 2024. Una economía con un déficit fiscal incrementado casi en un 50 % en 2023 (98 363 800 000 pesos) mientras que para 2024 ese déficit alcanzará cotas inéditas (147 391 millones de pesos). Nada fácil.

Listé 52 medidas/ideas/deseos. No veo metas, ni plazos, ni secuencia para su aplicación. Imagino que existan y se hayan discutido pormenorizadamente en otros ámbitos. Una parte de ellas son medidas cuya ejecución y resultados no están —ni pueden estar— enmarcadas en el corto plazo, dado que apuntan directamente a la recuperación de sistemas productivos, que ahora mismo están deteriorados y sin capacidad financiera.

Otras, aquellas que promueven beneficios arancelarios para las empresas que importen materias primas y bienes intermedios, requerirán de garantías suficientes para recuperar el capital invertido y de un marco regulatorio coherente que genere la confianza imprescindible para asumir semejante riesgo. 

En otras palabras, esas medidas —sin dudas muy necesarias— no aportan en el corto plazo a la mejora de la oferta, algo que debería tener la más alta prioridad, si atendemos al hecho de que la debilidad de la oferta es una de las causas reconocidas de la inflación.

Menos oferta, más inflación

Si el combate a la inflación pasa por eliminar una de sus causas principales, parece poco coherente con ello el desestímulo a la importación de bienes terminados y menos aún que el argumento sea, que esos bienes son producidos en Cuba, pues aún en el caso de que lo fueran, sus volúmenes de producción están distantes de los volúmenes mínimos para satisfacer la demanda. 

El comportamiento del índice de volumen físico de la producción industrial confirma ese deterioro sostenido del sistema productivo desde hace más de treinta años.

Por otro lado, la importación de bienes finales ha sido una característica estructural de la economía nacional, provocada por una deformación estructural de nuestro sistema productivo, su debilidad y su falta de complementariedad. 

Siempre me he preguntado las razones por las cuales, en la época en que solo tres cadenas de tiendas monopolizaban el mercado en divisas de bienes de consumo, esas empresas no dedicaron una parte de sus ingresos al fomento de cadenas productivas con la industria nacional y preferían importar hasta el puré de tomate y el pescado congelado de otras partes del mundo.

En resumen, todo lo que contribuya en el corto plazo a reducir la oferta de bienes finales, sean estos importados o de producción nacional, tendrá un efecto procíclico, inflacionario y regresivo, pues reducirá el poder de compra del salario y de los ingresos, afectando en primer lugar a los segmentos de más bajos ingresos de nuestro país, a menos que a la vez y en el mismo plazo, otras medidas compensen ese efecto procíclico.

¿Quiénes sí pueden importar bienes terminados?

Es cierto que existe otro grupo de medidas de corto plazo que, de dar resultados, podrían compensar, al menos en parte, los efectos indeseados de la restricción a las importaciones, en especial a las importaciones de las mipymes, como aquellas dirigidas a revitalizar el sistema de las tiendas en MLC, que tendrá que hacerse ¡importando bienes terminados! Vaya incoherencia.  

Esa revitalización, que al parecer implicará la apertura del mercado de consumo en MLC a empresas extranjeras, se quiera o no, podría incrementar la dolarización de la economía, al contribuir a elevar la demanda de dólares y a realimentar la devaluación del peso cubano, resultado que contrasta con uno de las prioridades declaradas del Programa de Estabilización Macroeconómica, a saber: la “gradual desdolarización de la economía”.

Pero, desde mi perspectiva y dadas las circunstancias por la que atraviesa la economía nacional, el costo de oportunidad de no hacerlo es mayor que el de llevarlo a efecto.

Las mipymes, cooperativas y TCP que durante 2023 fueron un factor decisivo en sostener una parte de la oferta —importaron más de mil millones de dólares, la mayor parte en bienes terminados¹—y contribuir con ello a que los ritmos de inflación se moderaran, no estén excluidos ex antes de dicha medida. 

¿Y por dónde andaría la inflación si los actores no estatales no hubieran importado esos mil millones? Esos centenares de toneladas de carne de cerdo, de leche en polvo, de pollo, arroz, azúcar, harina de trigo, puré de tomate, embutidos… ¿Qué industria nacional las habría producido?

¿Acaso no es más coherente con la situación de urgencia que enfrenta el país generar incentivos para que esos actores incrementen esas importaciones que la industria nacional no podrá producir en el corto plazo? ¿Acaso han sido las importaciones de los actores no estatales la que ha impedido que la industria nacional eleve sus producciones?

¿A quién beneficia entonces la elevación de los aranceles y el incremento de los impuestos a la venta?

¿Fueron los precios topados los que permitieron moderar la dinámica de la inflación o fue el incremento de la oferta provocado por las importaciones de esas formas no estatales? 

¿Acaso esa recaudación permitirá reducir significativamente el peso del déficit en el producto interno?

Miremos 2024. Se han contratado un grupo de producciones. Hagamos números:

Esas 22 mil toneladas inscritas significan, de cumplirse el compromiso, que la producción nacional garantizaría 2,4 kilogramos de arroz/año a cada ciudadano, sobre la base de 9 millones de personas. ¿Puede el Estado cubrir la necesidad restante mediante importaciones cuando la tonelada de arroz cuesta 690,9 dólares? ¿Debe impedirse, dificultarse, desincentivarse que las formas no estatales importen arroz? 

Inflación, dolarización 

Otro grupo de medidas anunciadas está dirigido a incentivar la producción, desde aquellas que hablan de “fomentar, los contratos de producción cooperada con inversionistas extranjeros y actores económicos no estatales que aporten financiamiento en divisas y materias primas”, hasta las que proponen “aumentar la participación de la inversión extranjera, priorizando la producción de alimentos” o “seleccionar las formas de gestión no estatal con capacidad de liquidez por la tenencia de patrimonio propio, créditos o respaldo financiero de empresas extranjeras, para realizar procesos negociadores que favorezcan encadenamientos con las empresas estatales”. 

Todas ellas pasan por tres asuntos básicos para cualquier negocio: confianza para emprender un negocio de determinada magnitud; garantías de que el dinero invertido podrá ser recuperado vía dividendos; marco regulatorio que le permita a esos nuevos negocios operar en condiciones aproximadas a como operan los negocios en el mundo. Las tres son posibles de lograr, ninguna requiere de un centavo.

Algo que llama la atención es el gran ausente en esa intención de “restaurar los requisitos macroeconómicos que permitan garantizar un entorno favorable para el crecimiento económico, el desarrollo…”. Ninguna de las medidas/ideas/intenciones habla de ¡rectificar la asignación de recursos propios de inversión! y reducir drásticamente los fondos propios dedicados a la construcción de hoteles; aquellos que permanecen hoy con niveles de ocupación alejados de los que permitirían la recuperación de esos fondos en el plazo planeado2.

El ajuste es sin dudas necesario. Pero es discutible su orden, secuencia y distribución de los costos. 

De las medidas anunciadas hasta hoy, aquellas que elevan precios y tarifas contribuirán a la elevación de la inflación, al incremento de la dolarización y a una mayor devaluación del peso cubano con efectos regresivos sobre los sectores con menos ingresos. Entre otras razones, porque alimentan las expectativas inflacionarias de todos los ciudadanos.

También es discutible conservar una estructura burocrática del Estado que ha dado muestras de no ser ni eficaz ni eficiente. ¿Por qué no haber comenzado por ahí?

Reducir subsidios, elevar tarifas… Esas medidas por sí solas no garantizan que la situación que hoy enfrenta el país, no vuelva a repetirse. Hay que hacer más, sobre todo en esa otra dirección que es la de incrementar la base fiscal, enriquecer el tejido empresarial fomentando y facilitando el nacimiento de miles de nuevas pymes y cooperativas. Hay que desentrampar a la empresa estatal de una vez y por todas y hacerlo con toda la premura que se demanda. 

Hay que ponerle fechas y metas a esas medidas y ubicarlas en la secuencia correcta.

Llevamos años sumergidos en una coyuntura adversa que se ha hecho perpetua. Ojalá 2024 nos quite de la boca ese sabor amargo que nos han dejado estos últimos cinco años. 

Notas:

1. En 2023 se estima que la importación de bienes de consumo alcanzó entre 2100 y 2200 millones de dólares Fuente: MEP, Objetivos y metas de la economía para el año 2024, dic. 2023.

2. En la presentación del Plan 2024, no aparece la distribución de las inversiones por sectores.