¿Convertir dirigentes en propietarios?

La historia no es un pasatiempo para gente ilustrada. Es el lugar donde la conciencia puede fraguar alternativas. Nada de lo que pasa hoy en Cuba es totalmente nuevo. Hay hechos pasados que pueden marcar luces y alertas. 

Las 176 medidas económicas presentadas a mediados de junio dejan abierto un proceso de cambio profundo porque tocan la relación entre propiedad, gestión y poder político. 

No estamos frente a un ajuste técnico-económico, sino ante el cenit de un largo proceso de cambio de esencias, tanto en concepciones, emergencia y transformación de actores, como en estructuras que sostengan (al menos que lo intenten) un nuevo orden de relaciones.  

Vivimos la etapa de transición de un orden social y un modelo concomitante a otro. Estas son palabras mayores. Es un cambio de época. 

Estamos entrando, en modo puro y duro, a la transición hacia un ordenamiento social regido por la lógica del capital, lo cual entraña una transformación radical de las estructuras de clases, y pulsan con fuerza por la transformación de las formas políticas. 

En este escenario, es un falso dilema el binarismo Estado vs. mercado. La cuestión es quiénes controlan esas instancias. Más en concreto, si ese control potencia la socialización de las riquezas y del poder desde las que se generan, o si lo que termina predominando son las formas privadas de acumulación de ambas. Las actuales señales marcan el segundo derrotero. 

Privatización de facto

Como una pequeña brújula para este tiempo, resulta sugerente mirar algunos datos de procesos similares en el otrora esteuropeo socialista y la antigua URSS, los que muestran, como tendencia, que la conversión de líderes en propietarios marcó el carácter de aquellas transformaciones. ¿El derrotero cubano será travestir dirigentes en propietarios privados? 

Al igual que en Cuba, en aquellas experiencias se fue fraguando un sentido común afín a esta posibilidad, e incluso relaciones y dinámicas de funcionamiento que hablaban de una privatización de facto. 

En 2018, por marcar una fecha en la “desviación” de base que sufrió el socialismo cubano, el diseño del sistema empresarial estatal cubano fue actualizado. En ese proceso se mantuvo la distorsión del principio de propiedad y gestión social sobre los medios de producción, basado en el control directo de los trabajadores/as sobre el proceso productivo. 

En su lugar, el poder de decisión recae sobre el cuerpo de funcionarios que el Estado designa para administrar la propiedad social, en el entendido de que el Estado representa al propietario, al pueblo. Se ratificaban así dos sujetos distintos en la empresa estatal: el trabajador/a y el directivo/a. Esta relación debe ser evaluada en cualquier análisis sobre la autonomía empresarial.

¿Autonomía de la empresa o de los directivos?

La participación directa de los trabajadores/as es formal, y en ocasiones se hace incómoda cuando se esgrime el principio de propiedad social, percibida por los directivos/as como cesión de poder. Las actuales reformas no contemplan la revisión de esta distorsión.

Si entendemos como autonomía que las principales decisiones deben tomarse ahí donde acontecen los hechos económicos, donde se produce o se presta el servicio directamente, habría que reelaborar las nuevas regulaciones. 

Se debe entender, además, que la autonomía de la empresa hacia afuera tiene que estar condicionada con una relación democrática hacia dentro, basada en el empoderamiento de los trabajadores/as, y no el de un cuerpo de funcionarios designados por el Estado para administrar la propiedad social. 

La Ley 118 de la Inversión Extranjera de 2014 profundizaba las diferencias entre “trabajadores” y “directivos”.

Uno de los puntos más polémicos de aquella normativa, superado con las medidas recientes, era la existencia de una “entidad empleadora” encargada de contratar a personas cubanas o extranjeras residentes permanentes en Cuba, “con excepción de los integrantes de su órgano de dirección y administración”.

Es decir, los trabajadores/as tenían la obligación de hacer uso de los servicios de la “entidad empleadora”, tanto para la empresa mixta como para la de capital totalmente extranjero. Sin embargo, quienes dirigen y administran por la parte cubana, no. 

Estos últimos resultan “designados”, según la Ley, por la junta general de accionistas en el caso de la empresa mixta, y en el caso de la empresa de capital totalmente extranjero son designados. ¿Por quién?

¿Una nueva élite empresarial?

De este intríngulis surgía una duda razonable: hay personas que llegaban a cargos de dirección y administración que, potencialmente, pudieran devenir en accionistas y dueños, aunque la ley no lo refiere ni a favor ni en contra. ¿Se preparaba así el camino para la nueva élite empresarial?

De vuelta a la experiencia del este europeo, se sucedió una privatización interna, o captura burocrática. En lugar de crear una nueva clase capitalista desde cero, los antiguos directores y gerentes de empresas estatales (la nomenclatura) usaron su posición para quedarse con los activos. 

Esto originó una acumulación capitalista, donde el poder no venía, esencialmente, de tener dinero, sino de controlar información y contactos (capital cultural y capital político).

En esencia, no fue una transición al capitalismo convencional, sino la creación de un sistema donde el poder político y los contactos fueron la moneda de cambio para adquirir la propiedad.

¿Qué pasó en Europa del Este y Rusia?

Las experiencias de privatización en el espacio postsoviético fueron, al tiempo que profundamente transformadoras, en la mayoría de los casos también traumáticas. Lejos de ser un fenómeno uniforme, cada república aplicó un modelo distinto que reflejaba sus realidades políticas y económicas con resultados diferentes. 

El auge de los oligarcas, como en Rusia y Ucrania, resultó el caso más extremo. Antiguos funcionarios o científicos amasaron fortunas colosales aprovechando el caos de las privatizaciones, comprando empresas estatales a precios irrisorios y usando su influencia para financiar campañas políticas, como la reelección de Yeltsin en 1996.

Uno de los métodos usados fue la privatización por vales (1992-1994). Se repartieron 140 millones de vales (vouchers) a todos los ciudadanos para comprar acciones de empresas estatales. 

La intención era crear “millones de propietarios”, pero la hiperinflación y el desconocimiento financiero hicieron que la mayoría vendiera sus vales por una miseria. Sin descontar los métodos gansteriles para asegurar la compra de esos vales. 

Otro de los mecanismos fueron los préstamos por acciones (1995-1996). El Estado, en bancarrota, entregó el control de entidades estratégicas a un grupo de banqueros a cambio de préstamos que nunca se devolvieron.

El resultado fue una transferencia masiva de la riqueza nacional a un puñado de oligarcas, un proceso que el propio Putin calificaría años después como “injusto” y “un robo de propiedad pública”. 

¿Y después?

Frente a ese hecho, a partir de 2000, inició una reestatización de sectores estratégicos (energía, defensa, finanzas) para recuperar el control estatal. La renacionalización también fue la vía encontrada en algunos casos, como Serbia, en la que el Estado recuperó el control de empresas privatizadas, creando nuevos lazos de propiedad entre el poder político y sectores estratégicos.

En el caso de los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), adoptaron un enfoque distinto. Su objetivo no era solo reformar la economía, sino romper con la herencia soviética para integrarse a Europa. Para ello devolvieron (restituyeron) o compensaron las propiedades nacionalizadas por los soviéticos en 1940 a sus antiguos dueños.

En el caso de Bielorrusia, se mantuvo un modelo económico con un fuerte control estatal y una privatización muy limitada, lo que lo convierte en una excepción en la región.

En zonas como Georgia, Armenia, Kazajistán o Azerbaiyán, la privatización fue un caldo de cultivo para la corrupción, donde las élites locales (muchas veces ligadas a la antigua nomenclatura) se apropiaron de los activos estatales. 

Aunque todos implementaron reformas, el proceso fue desigual y dejó a estas economías con una fuerte dependencia de Rusia o de los recursos naturales (petróleo y gas).

Empresarios extranjeros y empresarios locales

Fuera del espacio postsoviético, Polonia apostó por la privatización masiva a través de Fondos Nacionales de Inversión, repartiendo acciones entre todos los ciudadanos. El poder no se concentró en pocas manos. Los antiguos directivos no se hicieron dueños; en su lugar, el Estado priorizó vender empresas a inversores extranjeros estratégicos (como Volkswagen o Fiat) para modernizarlas. 

La República Checa usó un sistema de privatización por cupones similar al de Rusia, pero con regulación férrea. Los ciudadanos canjeaban cupones por acciones de empresas, pero el Estado impidió la formación de grandes oligarcas al obligar a los Fondos de Inversión Privatizadores a diversificar su capital y a mantener el control bancario en manos públicas. 

Como resultado, surgieron grupos financieros locales, pero sin el control político directo ni la concentración depredadora rusa. El dirigente se convirtió en propietario, pero dentro de un marco legal funcional.

El caso húngaro tuvo como particularidad la venta directa al extranjero. Fue el caso más extremo de privatización sin nacionales. El gobierno de los años 90 vendió directamente la mayoría de empresas estatales (bancos, energía, telecomunicaciones) a multinacionales alemanas, estadounidenses y austriacas por falta de capital local. 

Los antiguos directivos no se hicieron dueños; muchos pasaron a ser gerentes asalariados de corporaciones extranjeras. La consecuencia: se creó una élite política rica en contactos, pero la propiedad real quedó fuera del país, generando una dependencia estructural que aún hoy pesa en la economía húngara.

¿Y en China?

Fuera de la experiencia esteuropea y postsoviética, en el caso chino se creó una enorme clase de empresarios privados sin que el Estado perdiera control sobre ellos. No fue una privatización masiva, sino una apertura controlada desde arriba.

A diferencia de otros casos, el surgimiento de la nueva élite no fue espontáneo, sino un producto del diseño político. El Partido marcaba la dirección, se modificaba la Constitución y luego se implementaban las políticas. 

El Estado soltó la mano en lo económico, pero no en lo político (a lo que ha apuntado el modelo cubano, con poca eficiencia hasta el momento). Los empresarios gozan de libertad de mercado, pero su participación política queda encuadrada en el sistema. 

Como parte del diseño chino, los extranjeros fueron bienvenidos, pero con control estricto. Fueron usados para obtener capital, tecnología y acceso a mercados globales. Pero la condición era clara: socios locales obligatorios y transferencia tecnológica. Se les prohibió entrar en sectores estratégicos (banca, telecomunicaciones, energía). Eran invitados útiles, pero nunca dueños del pastel principal.

También en este caso, los antiguos gerentes de empresas estatales se convirtieron en la nueva élite empresarial, pero atados al Partido. También surgieron emprendedores privados, pero su crecimiento dependía, de igual manera, de alinearse con las directrices estatales. 

China usó a los extranjeros para aprender, pero aseguró que los nacionales se quedaran con el control real de la economía.

¿Cómo privatizar?

De vuelta al caso cubano, el factor clave no es si se privatizará o no, lo cual está fuera de toda polémica de cara a los hechos, sino cómo privatizar; más específicamente, quiénes tendrán el poder de decidir las reglas del juego, quiénes resultarán beneficiarios. 

En conjunto, como devela la privatización en el espacio postsoviético, y es un claro anuncio para Cuba, este no es un proceso puramente económico, sino un fenómeno político de construcción de poder en relación con la propiedad y la gestión. 

¿Hablaremos de propiedad repartida, sumando inversión extranjera (clase media); la propiedad secuestrada por la antigua nomenclatura (oligarcas); propiedad en fondos locales regulados (grupos financieros); propiedad con prevalencia en manos extranjeras (dependencia)?

¿Se podrá evitar en Cuba lo que sucedió en la mayoría de los casos anteriores, que de este proceso resulte la creación de nuevas élites, devenida de la dirigencia empresarial y política, una profunda desigualdad y una herida social perdurable? Los hechos hacen suponer que no.