El asalto a la embajada de México en Ecuador detonó una cadena de reacciones, que provocó reveladores efectos secundarios en el hemisferio.
Un mes después el caso entró a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde México busca la condena de Ecuador, que repare el daño y que quede suspendido como miembro de las Naciones Unidas mientras no emita una disculpa pública.
El gobierno de Quito demandó a su vez a México, con el argumento de que mantenía como asilado a un acusado del orden común, el ex vicepresidente Jorge Glas.
Hay que remontarse a 1950, al caso del líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, para encontrar un litigio en la Corte por asilo. Y hay que ir a 1980 para hallar un asunto en ese tribunal sobre violación de una misión diplomática, por la crisis de los rehenes en la embajada estadunidense en Irán.
Un saldo a la vista hasta ahora comprende al menos estos otros impactos:
Ecuador. Quedó aislado. Ningún gobierno salió a defender la ruptura de una pieza del núcleo duro de las relaciones internacionales. Ya está suspendido en su membresía en Naciones Unidas por demora en el pago de cuotas.
EE.UU. El sábado 6 de abril emitió un comunicado del vocero del Departamento de Estado, que omitía referencias explícitas al caso y sólo condenaba “cualquier violación” a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961).
Iba en la misma línea de la respuesta internacional, pero el nivel del firmante y la vaguedad del texto eran demasiado débiles para el tamaño de los hechos. El lunes siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la declaración, igual que la de Canadá, por “ambiguas”.
El mismo lunes 8, Washington rectificó. El consejero nacional de Seguridad, Jake Sullivan, en persona, antes de una conferencia de prensa, leyó una nota de condena.
López Obrador informó que durante el fin de semana le había enviado al presidente Joe Biden un video sobre el ataque, tras lo cual se produjo la corrección.
Canadá. Una primera declaración de la cancillería citó una “aparente” violación a la embajada.
Días después, un segundo comunicado dijo que “funcionarios canadienses han revisado detalladamente las imágenes” del caso, lo cual fue “una clara violación” de la Convención de Viena. “Canadá condena todas” las violaciones de ese instrumento.
OEA. Condenó a Ecuador (29 votos, Ecuador en contra, abstención de El Salvador y dos ausencias, México y Venezuela).
En contraste con su desdén hacia la organización, de la cual ha pedido que desaparezca, López Obrador esta vez reconoció el valor de la condena, aunque la consideró “inusual”.
Surgió un paréntesis de distensión entre la entidad y el gobierno mexicano, que de manera inexplicable se ausentó de la sesión del Consejo Permanente que discutió el asunto.
Celac. Sus dos reuniones virtuales, una de cancilleres y otra de jefes de Estado y de gobierno, resultaron conflictivas. No por el caso de la embajada, sino por el liderazgo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Desde marzo la mandataria estaba cuestionada por un bloque de países (Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay) que consideraban que la presidencia pro tempore no reflejaba en varios asuntos la posición del grupo.
Los opositores a Castro alegaron que no había consenso para la convocatoria a las sucesivas reuniones de cancilleres y de jefes de Estado y de gobierno sobre el asunto de la embajada. Ninguno de los mandatarios de este sector asistió a la cumbre, en la que tampoco estuvo Noboa. Sólo participaron en la reunión virtual diez mandatarios de los 33 Estados miembros: Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Guyana, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, además de Honduras y México.
Ecuador estuvo en esa reunión representado por la canciller, Gabriela Sommerfeld, pero Castro anunció que ese país quedaba privado de su derecho a expresarse, a petición de López Obrador.
Al inicio del encuentro, Castro leyó un “Proyecto de comunicado especial” que, según ella misma dijo, había circulado en la reunión de cancilleres, sin que fuera aprobado. El documento condenaba el ataque a la embajada, pedía salvoconducto para Glas y acordaba una comisión para verificar el estado de salud del ex presidente.
Un mes después no había constancia de que la cumbre hubiera aprobado el documento. El caso de la embajada mostró el momento más débil de la Celac en sus 14 años de existencia.
Colombia. Suspendió la reunión bilateral de gabinetes, prevista para el 25 de abril, que se realizaba regularmente hace más de una década
El Salvador. Sobre la embajada se abstuvo en la OEA y en la Celac, donde, además, el presidente Nayib Bukele estuvo ausente de la reunión correspondiente.
Es posible que con su abstención Bukele aliente la esperanza de que Noboa se convierta en una especie de aliado en la política de represión generalizada como alternativa a la crisis de seguridad y que quizás esa potencial alianza se extienda a otros terrenos.
Honduras. Llamó a consultas a su encargada de negocios en Ecuador y anunció el respaldo a todas las acciones de México. López Obrador informó que el gobierno de Tegucigalpa retiraba a todo su personal diplomático de Ecuador.
Nicaragua. Rompió relaciones con Ecuador en una medida desproporcionada. El asalto sirvió de pretexto a Daniel Ortega para acentuar su aislamiento interesado, que le facilita el imperio de una dictadura dinástica y militar, sin testigos ni obligaciones externas.
El año pasado el régimen de Ortega abandonó oficialmente la OEA. En abril de 2022 había tomado por la fuerza el edificio de la organización en Managua y lo declaró de “utilidad pública”.
El caso de la embajada coincidió con señales de la buena relación de Ortega con López Obrador. En abril hubo una reunión bilateral de cooperación y el Senado autorizó que cadetes mexicanos participen en un desfile militar en Managua.
Venezuela. Está ausente de la OEA desde 2019. En la reunión de Celac, Nicolás Maduro anunció el cierre de su embajada y sus dos consulados en Ecuador, el regreso de su personal diplomático y el respaldo a México para que la ONU suspenda a Ecuador.
Fue un movimiento parecido al de Nicaragua, aunque en sentido estricto no fue una ruptura de relaciones. De inmediato quedan sin asistencia consular cerca de medio millón de venezolanos en Ecuador.
En este caso, Maduro puede buscar un espacio diplomático que ha perdido como resultado de varios frentes abiertos, como el conflicto con Guyana, la violación de los Acuerdos de Barbados por el bloqueo a la oposición en las elecciones, la reanudación de represalias estadunidenses, el mayor escándalo de corrupción en Petróleos de Venezuela SA y un diferendo con Chile por el asesinato en ese país sw un militar venezolano exiliado y una disputa sobre la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua.
