|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por Vincent Sizaire, Profesor asociado, miembro del Centro de Derecho Penal y Criminología, Universidad Paris Nanterre – Universidad Paris Lumières.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido declarado culpable de conspiración criminal en un caso relacionado con la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Condenado a cinco años de prisión, deberá comparecer ante el tribunal el 13 de octubre para conocer la fecha de su encarcelamiento. Esta sentencia sin precedentes marca un punto de inflexión en las prácticas de la justicia francesa, que se ha ido liberando gradualmente del poder político. También consagra el principio republicano de la plena y completa igualdad de los ciudadanos ante la ley, proclamado en 1789, pero que durante mucho tiempo se mantuvo en el ámbito teórico.
Nicolas Sarkozy ha sido declarado culpable de conspiración criminal por el tribunal penal de París el jueves 25 de septiembre, tras la transferencia de millones de euros de fondos ilícitos del difunto líder libio Muamar el Gadafi para financiar su campaña electoral de 2007. Como era de esperar, la decisión provocó rápidamente la ira de gran parte de la clase política.
Es perfectamente legítimo argumentar en contra de la sentencia por considerarla injusta e infundada. Esto se aplica, en primer lugar, a los acusados, que tienen todo el derecho a recurrir la sentencia.
Sin embargo, el contexto en el que se producen estas protestas es un polvorín político: de hecho, en abril, la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ya fue condenada a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable de ayudar a malversar 2,9 millones de euros de fondos de la UE para su partido. A raíz de ello, la última sentencia de Sarkozy brinda una nueva oportunidad a una gran parte de las clases dirigentes para avivar la polémica sobre lo que los franceses denominan el “gobierno de los jueces” y otros llamarían “juristocracia”.
El primer presidente francés de la posguerra en ser encarcelado
Es cierto que la sentencia puede parecer especialmente severa: una multa de 100 000 euros, cinco años de inhabilitación y, sobre todo, cinco años de prisión con una orden de detención diferida que, combinada con la ejecución provisional, obliga al condenado a comenzar a cumplir su pena de prisión incluso si recurre.
Pero si analizamos más detenidamente los delitos cometidos, las penas no parecen desproporcionadas. Los hechos son innegablemente graves: organizar la financiación secreta de una campaña electoral con fondos procedentes de un régimen corrupto y autoritario, Libia —cuya responsabilidad en un atentado contra un avión en el que murieron más de 50 ciudadanos franceses ha sido reconocida por los tribunales—, a cambio de defenderlo en la escena internacional.
Dado que la pena máxima es de diez años de prisión, la sanción difícilmente puede considerarse demasiado severa. Pero lo que se cuestiona es el principio mismo de la condena de un líder político por los tribunales, que se considera y se presenta como un ataque intolerable al equilibrio institucional.
Sin embargo, si nos tomamos el tiempo de ponerlo en perspectiva histórica, vemos que las sentencias dictadas en los últimos años contra miembros de la clase dirigente forman parte, de hecho, de un movimiento para liberar al poder judicial de otros poderes, en particular del ejecutivo. Esta emancipación permite finalmente al poder judicial aplicar plenamente los requisitos del sistema jurídico republicano.
La igualdad de los ciudadanos ante la ley
Cabe recordar que el principio revolucionario proclamado en la noche del 4 al 5 de agosto de de 1789 fue el de la igualdad plena y completa ante la ley, lo que condujo a la correspondiente desaparición de todas las leyes especiales —“privilegios” en el sentido jurídico del término— de las que gozaban la nobleza y el alto clero. El Código Penal de 1791 fue aún más lejos: no solo los que estaban en el poder podían ser juzgados ante los mismos tribunales que los demás ciudadanos, sino que también se enfrentaban a penas más severas por determinados delitos, en particular los relacionados con la corrupción.
Los principios en los que se basa el sistema jurídico republicano no pueden ser más claros: en una sociedad democrática, en la que toda persona tiene derecho a exigir no solo el pleno disfrute de sus derechos, sino también, de manera más general, la aplicación de la ley, nadie puede pretender beneficiarse de un régimen de excepción, y menos aún los cargos electos. Es porque confiamos en que sus acciones ilegales serán castigadas de manera efectiva, al igual que las de los demás ciudadanos y sin esperar una sanción electoral altamente hipotética, que pueden realmente considerarse nuestros representantes.
Cuando la ley favorecía a los poderosos
Sin embargo, durante mucho tiempo, este requisito de igualdad jurídica siguió siendo en gran medida teórico. Asumido y situado en una relación más o menos explícita de subordinación al Gobierno durante el Primer Imperio (1804-1814), el poder judicial permaneció bajo la influencia del ejecutivo al menos hasta mediados del siglo XX. Por eso, hasta finales del siglo pasado, el principio de igualdad ante la ley se topaba con un privilegio singular de “notabilidad” que, salvo en situaciones excepcionales o en casos especialmente graves y mediáticos, garantizaba una relativa impunidad a los miembros de las clases dirigentes cuya responsabilidad penal se ponía en tela de juicio.
La situación solo comenzó a cambiar tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940. A partir de 1958, los magistrados fueron reclutados mediante concurso público y se beneficiaron de un estatus relativamente protegido, así como de una escuela dedicada, la Escuela Nacional de la Magistratura. Esta última adoptó gradualmente un exigente código ético, impulsado en particular por el reconocimiento del sindicalismo judicial en 1972.
Surgió así una nueva generación de jueces que se tomaban muy en serio su misión: garantizar, con total independencia, la correcta aplicación de la ley, independientemente de los antecedentes de los acusados.
Bernard Tapie, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy…
En este contexto, ocurrió algo que había sido impensable unas décadas antes: el enjuiciamiento y la condena de figuras prominentes en las mismas condiciones que el resto de la población. A partir de mediados de la década de 1970, el movimiento cobró impulso en las décadas siguientes con la condena de importantes líderes empresariales, como el magnate del fútbol y de Adidas Bernard Tapie, y luego de figuras políticas nacionales, como el exministro conservador Alain Carignon o el alcalde y diputado de Lyon, Michel Noir.
La condena de antiguos presidentes de la República a partir de la década de 2010 —Jacques Chirac en 2011, Nicolas Sarkozy por primera vez en 2021— completaron la normalización de esta tendencia. O, más bien, pusieron fin a la anomalía democrática de dar un trato preferencial a los cargos electos y, en general, a las clases dirigentes.
Este movimiento, que inicialmente derivó de cambios en las prácticas judiciales, también se vio respaldado por ciertas modificaciones de la legislación francesa. Un ejemplo es la revisión constitucional de febrero de 2007, que consagra la jurisprudencia del Consejo Constitucional según la cual el presidente de la República no puede ser objeto de acciones penales durante su mandato, pero que permite reanudar el proceso tan pronto como abandone el cargo.
También cabe mencionar la creación, en diciembre de 2013, de la Fiscalía Nacional Financiera, que, aunque no goza de independencia estatutaria respecto al poder ejecutivo, ha podido demostrar su independencia de facto en los últimos años.
Cualquier referencia a la “tiranía judicial” tiene como objetivo atacar esta evolución histórica. Esta retórica busca defender menos la soberanía del pueblo que la de los gobernantes oligárquicos.
Vincent Sizaire es Profesor asociado, miembro del Centro de Derecho Penal y Criminología, Universidad Paris Nanterre – Universidad Paris Lumières.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
