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Examinar de manera ecuánime la situación geopolítica creada a partir de la intervención de EEUU en Venezuela y sus implicaciones para Cuba requiere empezar por dar un paso atrás.
De entrada, recordemos el dicho de que “no hay política exterior como la política interna”.
Fue la distorsión de lo que pasaba aquí el primer reto al que se tuvo que enfrentar el liderazgo cubano. El que generó las primeras embajadas de altos dirigentes a los Estados Unidos, América Latina, África, Asia, donde se empezó a tejer una política exterior de alcance mundial, y una red de alianzas plural y autónoma, con el Sur emergente, y con diversos actores del Norte. Fue la aplicación del programa de reformas, a partir de la agraria; y el rescate de la soberanía nacional, la justicia social y el desarrollo, los ingredientes fundamentales del consenso y la movilización para avanzar aquella política revolucionaria interna/exterior. Fueron esos ingredientes los que permitieron crear rápidamente un sistema de defensa y seguridad nacional, ante una contrarrevolución respaldada por EEUU, que produjo una guerra civil en todo el país y una invasión. Fue la perpetuación de ese conflicto por parte de EEUU y la continuidad de su guerra no declarada lo que impidió que la derrota interna de esa contrarrevolución en 1961-1963 pudiera conducir más adelante a una reconciliación. Y fueron sus intereses geopolíticos los que prevalecieron, por encima de Cuba, los cubanos y sus intereses nacionales, para seguir alimentando a esa contrarrevolución exiliada y refuncionalizándola en su juego político doméstico.
Naturalmente, del lado de acá, ese estado de guerra provocó que el factor EEUU permaneciera en el cuadro político doméstico. De manera que el grado de tensión de nuestras relaciones bilaterales ha operado como vaso comunicante con la situación interna. Casi siempre para mal, como es natural.
Antes de discutir en qué medida nuestra política interna/externa puede responder a los desafíos actuales de la crisis venezolana y el intervencionismo de EEUU, quiero volver sobre algunos puntos que contradicen “las narrativas” relacionadas con el lugar de Cuba y los cubanos en este complejo contexto geopolítico.
No es la primera vez que asesores militares y de seguridad cubanos colaboran con gobiernos establecidos en América Latina y el Caribe. Lo hicieron con Salvador Allende en Chile (1970-73), con el Frente Sandinista en Nicaragua (1979-1990), con Maurice Bishop en Granada (1979-83). Por supuesto, su peso específico fue muy inferior a la colaboración civil, con esos y otros gobiernos, como también ha sido el caso en Venezuela.
Su rol en la seguridad o asesoría en aquellos países y gobiernos no involucró tropas destinadas a participar en operaciones militares. Ese rol en los terrenos de la salud, la educación, el deporte sí lo tuvieron con miles de médicos y personal de salud, maestros, instructores deportivos y de arte.
Por otra parte, tanto en el caso de los trabajadores civiles en Granada como en el del reducido grupo de militares que cumplían tareas de seguridad personal en Venezuela, se vieron envueltos en una intervención de EEUU que desbordaba con mucho su misión, número y los medios de que disponían. La lección de los 24 caídos en Granada, así como los 32 en Venezuela, es que pudieron haber desistido de enfrentar a una fuerza tantas veces superior; y que su resistencia no fue solo su compromiso, o su fidelidad a la causa, ni tiene nada que ver con fanatismo ideológico o vocación suicida; sino parte de una cultura política patriótica, activa en cualquier lugar donde estuvieran atrincherados. También allá estaban defendiendo la patria.
Por si a alguien le parece una consigna, subrayo que este es un dato de inteligencia militar relevante para un escenario de agresión contra Cuba. Fue la antilección que aprendieron los oficiales de la CIA que planearon Playa Girón, así como el gobierno de JFK, a quienes los exiliados cubanos recién llegados les aseguraba que los milicianos y el Ejército cubanos no iban a pelear.
Claro que no estamos en los años de la Crisis de octubre, o de las misiones internacionalistas en Angola, o de la alianza económica y el suministro militar con la URSS, sino en el mundo posGuerra fría, donde nos quedamos “a solas con el imperialismo”, Kiva Maidanik dixit.
Cuando ese cambio geopolítico ocurrió, no hubo diálogo con Cuba, sino que EEUU aprobó la Ley Torricelli, dirigida a “apretar el embargo de EEUU contra Cuba y promover el cambio democrático en las isla”. Así que los carros en Little Havana se llenaron de calcomanías que proclamaban “Next Christmas in Havana” y un best-seller titulado La hora final de Castro (“esta vez sí”) apareció como la guía de ese derrumbe. Aunque nadie lo tomaría en cuenta en aquel momento, entre sus lectores estaba un joven que estudiaba la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de la Florida, nombrado Marco Rubio. Desde entonces, han pasado casi 35 años.
Una de las lecciones derivadas de la Operación Absolute Resolve es que a pesar de su planificación milimétrica y uso de una fuerza desproporcionada (para el objetivo de secuestrar a un jefe de Estado), un puñado de militares cubanos fueron capaces de darles batalla durante dos horas. La historia oficial sobre la eficiencia impecable de la operación habría sido insostenible, si apenas alguna de las infiltraciones en el sistema de defensa venezolano hubiera fallado, o si los cubanos hubieran recibido refuerzos.
Otra lección, o más bien antilección, es que hacer deducciones del caso venezolano para Cuba resulta riesgoso, por decir lo menos. Especialmente si se pasan por alto las grandes diferencias entre ambas, en términos históricos, económicos, sociales, culturales, de sistemas políticos. Y de fuerzas armadas. Suponer que los EEUU no lo saben subestima su nivel de información sobre la Cuba real.
Según la CIA (Cuba Military 2024, CIA World Factbook), “las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) son un pilar central del régimen cubano y se consideran el guardián de la revolución. Las FAR se centran en gran medida en proteger la integridad territorial y el Estado, y perciben a Estados Unidos como su principal amenaza. El ejército, que una vez superó los 200 mil efectivos, ahora se estima que cuenta con unos 40 mil soldados y es una fuerza basada en el servicio militar obligatorio, equipada con armas y equipos de la era soviética”.
La CIA sabe eso y mucho más. Según Globalmilitary.net (Cuba Military Forces & Defense Capabilities ) “el Ejército cubano cuenta con alrededor de 50 mil efectivos activos y una robusta reserva y fuerza paramilitar que supera el millón, lo que facilita la movilización rápida para la defensa del territorio nacional”.
En términos estratégicos, según esta misma fuente, se mantiene “una doctrina defensiva que enfatiza la protección territorial a través de una estrategia de ‘guerra del pueblo’ basada en la movilización masiva… y una postura militar orientada a la disuasión dentro de limitaciones geopolíticas.” “Estos esfuerzos posicionan a Cuba en mantener una defensa creíble dentro de límites fiscales y tecnológicos.”
“La modernización militar de Cuba se caracteriza por un esfuerzo enfocado en actualizar equipos de la era soviética, especialmente los sistemas de defensa aérea, mediante colaboración con Bielorrusia y Rusia. Aunque limitadas en alcance debido a factores económicos y geopolíticos, estas iniciativas mejoran las capacidades defensivas de Cuba”.
En resumen, según las plataformas dedicadas a temas militares y de seguridad a nivel global, Cuba mantiene niveles de defensa eficaces y apropiados para sus necesidades, limitados a fines disuasivos y de resiliencia defensiva. La observación de que esto ocurre “dentro de restricciones geopolíticas” no es superflua. Ninguna de estas plataformas — MilitarySphere.com, Globalmilitary.net, Armyrecognition.com, Globalfirepower—registra nada parecido a bases militares extranjeras en la isla. A pesar de la especulación en torno a instalaciones chinas o rusas, de las que algunos “medios serios” se han hecho eco, ni siquiera Trump o Rubio han recurrido a este argumento en sus referencias a Cuba.
Otra diferencia de fondo con respecto a Venezuela en materia de seguridad es la relación de cooperación con los EEUU, particularmente, en áreas prioritarias como el control migratorio y la intercepción del narcotráfico en el Caribe y aguas aledañas.
Esta cooperación ha incluido diversos tópicos, sobre los que se avanzó no solo con las administraciones demócratas, sino con la republicana entre 2017 y 2020. Entre 2015 y 2024, se acordaron ocho grupos de trabajo bilaterales, para enfrentar de manera conjunta el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes y el fraude migratorio, el lavado de dinero y otros delitos financieros, la asistencia judicial en materia penal, seguridad de comercio y protección de las personas, la trata de personas, la ciberseguridad y los ciberdelitos (“Antecedentes y valoraciones necesarias sobre la cooperación bilateral oficial entre Cuba y los Estados Unidos, en materia de Aplicación y Cumplimiento de la Ley”, 17 de diciembre, 2025, ponencia Centro de Investigaciones de Política Internacional)
Construir un expediente sobre el liderazgo cubano y Cuba como el que EEUU armó para preparar la agresión a Venezuela contradice todo esto. Algunos lectores me dirán que Trump es capaz de urdir “una narrativa” que ignore esos intereses y esa cooperación, como lo ha hecho al paralizarla a lo largo de 2025. Seguro que sí. Pero ni él, ni el mismo Rubio, han encontrado sentido en extender a Cuba la lógica de la fuerza militar contra Venezuela. A pesar de las lecturas sensacionalistas que sus referencias a Cuba han suscitado en algunos medios, el argumento “Cuba se va a caer sola” ha prevalecido; pues lo que le queda a EEUU es “destruir el lugar”, opción que no lograría lo que se supone es el objetivo: “llevar la democracia y la libertad al pueblo cubano”. Sino apenas “castigar al régimen”, con pocos resultados prácticos en sus propósitos políticos. Porque una cosa es “la narrativa”, y otra la puesta en escena.
Aquí llegamos a otra diferencia fundamental entre Venezuela y Cuba que muchos pasan por alto, y que podríamos definir como la economía política de la intervención.
¿Cuál era el objetivo real de la Operación Absolute Resolve?
La actual fase de la intervención ha hecho aún más ostensible que su meta era asegurarse ese petróleo cercano y que su constituency son las corporaciones petroleras. To run Venezuela es la manifestación más descarnada y actual del imperialismo, según lo describieron sus estudiosos y doctrinarios a principios del siglo XX.
Según esa caracterización, EEUU no necesita ocupar Venezuela, ni establecer siquiera enclaves militares en su territorio, o apropiarse de los yacimientos de petróleo y otros minerales más estratégicos todavía. Como diría el almirante Alfred T. Mahan en sus textos clásicos de geopolítica, lo que necesita EEUU es administrar esos territorios como sus new possessions. Y si los actuales gobernantes se plegaran a ese nuevo orden, habría conseguido su objetivo a un costo mínimo.
Probablemente a corporate man como Trump, orgulloso de sus habilidades para resolver conflictos aplicando su peculiar versión de la realpolitik, estaría dispuesto a “cuadrar la caja” con una dirigencia cubana que estuviera dispuesta a ceder a sus intereses.
Si consideráramos momentáneamente la hipótesis de extender a Cuba las políticas inventadas hacia Venezuela, encontraríamos algunos resultados interesantes, y muy contradictorios con ciertas nociones aceptadas sobre el sentido que persiguen. Aunque sabemos que se trata de un escenario muy improbable, vale la pena examinarlo, por lo que nos revela acerca de la congruencia y naturaleza de esas políticas.
Lo primero que salta a la vista en el esquema de Rubio para Venezuela, estabilización-recuperación-transición, es que la cuestión de “la democracia y la libertad” resulta relegada. En efecto, esa fórmula coloca por delante el aseguramiento del orden público y el funcionamiento de las instituciones existentes, en oposición a la turbulencia que generaría un intento de cambio político “democratizador” abrupto.
Una vez asegurada esa estabilidad, vendría la recuperación económica. Como se sabe, dada la naturaleza estructural de muchos problemas, y su articulación interna/externa, esa recuperación en Cuba no podría ser resuelta en unos meses, y en algunos aspectos, según la mayoría de los expertos, requeriría años. Lo más obvio es que las necesidades de capital externo resultarían imprescindibles en varios sectores. Pero invertir en una economía cuyos déficits empiezan por la infraestructura (energía, agua, carreteras y vías férreas, etc.), sector que no garantizaría ganancias a corto plazo, no se resuelve con una varita mágica. Hasta aquí bastaría para percatarse de que la cuestión de la recuperación es más compleja de lo que parece.
Entonces vendría “la transición”, que sería la transformación del modelo político. Aunque es posible imaginarla, ahora mismo no queda claro cómo y hasta qué punto se transformaría el vigente. Y mucho menos quiénes serían los protagonistas de ese cambio.
Si ese esquema de Rubio animara realmente la política hacia Cuba, más bien deberían proponerse facilitar una política de reformas como la que el actual gobierno cubano está obligado a implementar para encaminar la recuperación.
En lugar de asediarlo y amenazarlo, debería replicar la política que tuvo George H. Bush hacia China en 1978, al restablecer relaciones; y la que promovieron el senador republicano John McCain y el demócrata John Kerry para restablecerlas con Vietnam (1995). Reformas que no respondieron a amenazas ni dictados externos, sino salieron de los cambios en los propios partidos comunistas.
Aprendiendo de esas lecciones, podrían también percatarse de que las diásporas china y vietnamita no tuvieron un papel protagónico en generar las reformas, aunque sí se beneficiaron ampliamente de la Reforma y apertura y el Doimoi. No solo en los espacios abiertos para su regreso y participación activas en la economía, sino en la educación, la cultura, la ciencia, y en general, en la reintegración a sus sociedades de origen, en lugar de seguir oponiéndoseles, apoyando las políticas recalcitrantes y aislacionistas de sus exilios históricos.
Gracias al mantenimiento de esas relaciones, y al diálogo continuado de EEUU con esos dos gobiernos al más alto nivel, sus empresas, universidades, instituciones culturales, y muchas agencias de gobierno, como las de protección del medio ambiente, lucha contra el crimen organizado, el narco, etc. pudieron coordinar y avanzar en beneficio de sus intereses.
Para que esas reformas caminaran, se necesitó un Estado fuerte capaz de refundar un sector público moderno, que impulsara y controlara el desarrollo, garantizara el bienestar y los servicios sociales básicos, y redujera drásticamente la pobreza. Sin ese Estado fuerte no es posible garantizar la estabilidad ni alcanzar la meta volante de la recuperación, en camino a una modernización integral de todo el sistema.
Las oportunidades para influir en esos cambios internos/externos pasan entonces más por la conversación que por los ultimátums, por la cooperación que por las amenazas. Estas solo pueden suscitar reacciones en defensa de la soberanía y la independencia nacional, de las que los cubanos somos extremadamente celosos; incrementar el legado de desconfianza acumulado con EEUU; y en última instancia, perjudicar el clima de libertad y debate necesarios para avanzar en los cambios. Ese ha sido el efecto típico de la mentalidad de fortaleza sitiada, lo cual no debería ser un misterio para EEUU ni para nadie que conozca a Cuba.
Para concluir, llegamos al tema inicial de estas notas. ¿Cuál sería el sentido de la política interna ante esta situación geopolítica?
Mirando atrás, durante el corto verano de Obama, lo más complicado no fue el impacto de su discurso sobre la sociedad civil, el efecto de su semblante “buena gente” sobre unos cubanos acostumbrados a la prepotencia imperial clásica, o la lentitud de nuestros aparatos ideológicos para actualizarse al nuevo contexto. Lo más delicado fue la vinculación entre el progreso en las relaciones bilaterales y la dinámica de las reformas en curso.
Muchos problemas que integran la agenda pendiente de las reformas cubanas se ubican en áreas tangentes con la agenda estadounidense hacia Cuba. Entre estos se encuentran, por ejemplo, la ampliación del sector privado y las facilidades otorgadas para su desarrollo; la expresión de la opinión pública y la autonomía real de los medios; el acceso y eficiencia de Internet; el lugar de los emigrados y su estatuto ciudadano; la legislación pendiente sobre asociaciones, derecho a protestas públicas, reuniones, culto religioso; etc. Esta agenda estadounidense las recarga políticamente de manera negativa.
Por esa razón de más, una política interna coherente, no reactiva ni coyunturalista, exigiría avanzar en cambios internos y externos que refuercen su autonomía y la desvinculen de la dinámica de las relaciones bilaterales. Es decir, impedir que el significado y la razón de ser de esos cambios se contamine a los ojos de la opinión pública, y por el contrario, se refuerce el consenso necesario para implementarlas, disminuido por los años de crisis y políticas ineficaces. El manejo comunicativo sobre la naturaleza de esos cambios internos, su alcance e implicaciones políticas resultaría clave también para contribuir a una lectura apropiada de nuestra politica exterior, incluida la que tenemos hacia Estados Unidos.
¿Qué hacer, tomando en cuenta la circunstancia creada por la intervención en Venezuela y la perspectiva de 2026? ¿Cuáles deben ser las políticas prioritarias, coherentes con una estrategia para salir de la crisis y que se hagan cargo de la complejidad del momento? ¿Para avanzar, enfrentando los retos, y reforzando el consenso, sin dejarse arrastrar por el síndrome de fortaleza sitiada?
Les pasé estas preguntas a un grupo de investigadores de la economía y la política cubanas, de distintas edades y trayectorias, residentes aquí y activos en algunas de nuestras instituciones. Termino estas notas con un sumario de sus respuestas, que les pedí fueran telegráficas.
1. Reforma y reestructuración del sector empresarial general, fundamentalmente estatal. Redimensionarlo, ampliando las facultades de esas empresas; e introducir mecanismos de mercado en su funcionamiento para superar el inmovilismo burocrático.
2. Una política de saneamiento y transparencia financiera y bancaria (incluyendo una nueva política tributaria); y una política monetaria proactiva, que garantice una tasa de cambio única (económicamente fundamentada) flotante para toda la economía.
3- Consolidar, ampliar, profundizar, dinamizar las relaciones comerciales con Rusia y China. Activar una diplomacia económica y política con otros países para asegurar líneas de abastecimiento de combustibles (México, Rusia, Irán, Argelia, Angola).
4- Estimular las exportaciones por todas las vías posibles. Lograr nuevos acuerdos en otras regiones (África y eventualmente Asia), especialmente para exportar servicios médicos.
5- Generar iniciativas para resolver los impagos de la deuda externa, incluyendo activos, emisión de bonos, etc., con el objeto de abrir créditos internacionales y fomentar mayor inversión extranjera. Apertura más decidida al capital extranjero y más facilidades para concretar los negocios; incluyendo a los cubanos residentes en el exterior, para quienes debería crearse una vía expedita (fast track).
6. Promover la producción de alimentos, incluyendo caña de azúcar.
7. Sustituir la planificación económica centralizada de asignación de recursos materiales y financieros heredada de la URSS. Establecer el mercado como regulador de la economía estatal y no estatal. Mantener la planificación estatal centralizada para determinar el desarrollo estratégico de la economía y para evitar las desviaciones del mercado que afecten a la población, sobre todo a los más vulnerables.
8. Convertir la mayoría de las empresas estatales en empresas públicas por acciones, que puedan ser adquiridas por los trabajadores y otras personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras. La gestión de estas empresas debe ser decidida por sus propios trabajadores, encargados de postular y elegir a los principales dirigentes empresariales.
9. Aplicar las distintas modalidades de la democracia directa, donde los ciudadanos tomen decisiones en los asuntos públicos de obligatorio cumplimiento. En las elecciones generales 2028, que las Comisiones de Candidatura postulen dos candidatos por cada escaño del parlamento, e igual procedimiento en las próximas elecciones del PCC y de las organizaciones de masas y sociales.
Como algunos de ellos me advierten, nada de esto tiene un carácter técnico-económico separado de procesos políticos que deben fluir y negociarse paralelamente; y que construir consenso abajo y arriba es clave para entender los riesgos que deben asumirse, lo que se debe ceder o sacrificar.
Solo agregaría que, si bien las reformas tienen que diseñarse y aplicarse desde el Estado, las nuestras implican la renovación de un pacto social, que solo puede alcanzarse de frente a la sociedad. Ahorrarse esa confrontación, por consideraciones o conveniencias de cualquier índole, carecería de sentido como política socialista.
