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¿Mipymes importando combustible? Sí, por primera vez el Gobierno cubano autorizó a empresas del sector privado a traer combustibles fósiles desde el exterior.
A la expectativa generada por el anuncio ha seguido una apresurada implementación de la medida, con las autoridades facilitando las gestiones privadas para la importación de este insumo básico.
En los años recientes, son pocas las veces que el Gobierno cubano ha anunciado una medida hacia el sector privado que haya ejecutado prácticamente de inmediato. La explicación más clara está en la presión energética por el fin de los suministros desde Venezuela y el bloqueo petrolero estadounidense.
Analicemos la medida desde el punto de vista económico y empresarial: ¿Quién puede importar realmente? ¿Cuánto puede solucionar? ¿Qué oportunidades y retos presenta? ¿Se pudo haber tomado antes?
¿Quién puede importar y quién lo hará?
Aparentemente, cualquier empresa radicada en Cuba con la capacidad financiera podrá importar combustibles. Aclaro “aparentemente”, porque hasta el momento en que escribo este artículo no han sido publicadas regulaciones o procedimientos sobre quién, cómo y dónde. Sin embargo, hay evidencias de que el mecanismo ya ha echado a andar.
Hasta ahora, la logística de combustibles en Cuba ha estado a cargo de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la única empresa estatal autorizada para la exploración, producción, refinación, almacenamiento, distribución y, por supuesto, importación.
La nueva medida descentraliza la importación. Esto significa que, a partir de ahora, CUPET deja de ser el único importador. Empresas extranjeras, mixtas, cooperativas y mipymes podrán solicitar a las empresas estatales intermediarias la importación de combustibles.
No estamos ante una reforma estructural, sino ante una apertura táctica para sobrevivir a la crisis. No obstante, la medida es positiva.
Para importar, las empresas deberán superar una restricción fundamental: disponer de divisas. Aquí es donde la efectividad de la medida empieza a estrecharse en forma de “embudo”. Las mipymes y otras formas privadas con este acceso son muy pocas:
- Importadoras-comercializadoras. Son las que pagan directamente a sus proveedores en el exterior para importar contenedores de alimentos, bebidas y las mercancías autorizadas. Se distinguen porque pagan en dólares desde cuentas bancarias fuera de Cuba. Para este año, el Ministerio de Economía estima importaciones por 2600 millones de dólares. Este grupo no incluye a las comercializadoras de “segunda mano”, que compran a las primeras en pesos cubanos y luego venden a una tercera mipyme o directamente a la población, también en esa moneda.
- Exportadoras. No se conoce el número exacto, pero las ventas en el exterior de los privados se estiman en 40 millones para este año. Este monto es ínfimo, lo que sugiere que la cantidad de exportadoras es minúscula y probablemente inestable (no exportan frecuentemente ni en cantidades constantes).
- Con acceso a nichos en divisas. Negocios encadenados con empresas que pagan en divisas, como las del sector mixto, las radicadas en la Zona Especial del Mariel o con recursos de agencias de cooperación internacional.
Pero la restricción para ingresar dólares no es la única. Debe cumplirse una segunda condición: ese ingreso debe ser significativo y estable. La importación de pequeñas cantidades —10 barriles de petróleo o 500 litros de diésel— no es rentable en ningún mercado. Para serlo, las compras deben ser superiores, lo que reduce el costo por unidad.
Las mipymes están usando isotanques para estas importaciones, un tipo de contenedor cisterna de acero inoxidable con capacidad para transportar de manera segura decenas de miles de litros de combustible. Una búsqueda rápida en redes sociales y reportes de prensa muestran ofertas para importar 25 mil litros de diésel y gasolina por entre 73 y 86 mil dólares. Son cifras inalcanzables para la mayoría de los emprendimientos cubanos.
A esto se suma que, como la venta del combustible no está autorizada, la operación representa un gasto para las empresas. Por tanto, tras consumir el producto deberán erogar —de nuevo— divisas para reaprovisionarse. Las dos razones anteriores implican que el embudo es más estrecho de lo que pensábamos.
Burocráticamente, las condiciones sí pueden satisfacerse con más facilidad. Las mipymes no tienen que tener aprobada en su objeto social, la “importación de combustibles fósiles”, ya que no es una actividad económica del negocio, sino una operación de adquisición de insumos para la producción. Así como una panadería puede importar un horno o la harina para elaborar pan, ahora puede importar diésel para arrancar su planta eléctrica durante el apagón o gas licuado de petróleo (GLP) para la cocción.
¿Podrán todos los emprendimientos seguir la estrategia de importar combustibles? Tras identificar el efecto embudo, podemos inferir que no. Sin embargo, las mipymes privadas ya insertadas en la cadena de importación de bienes tienen ventaja sobre el resto: conocen las reglas del comercio exterior, poseen una cadena logística, contactos y proveedores externos, y capacidad financiera para importar grandes volúmenes. Es probable que las mismas empresas privadas que hoy importan pollo, leche, huevos y cerveza aprovechen la oportunidad para convertirse en la puerta de entrada, también, de los combustibles.
Esta nueva fuente no resuelve la escasez provocada por el bloqueo petrolero estadounidense y la falta crónica de dólares en las arcas estatales. Es importante ajustar las expectativas: los privados importarán cantidades limitadas con destino a operaciones propias. Ningún particular importará por su cuenta petróleo crudo, el que necesitan las termoeléctricas. Al contrario, comprarán diésel, gasolina, GLP, lubricantes y los insumos esenciales para su operatividad.
Oportunidades a la vista
En la situación de escasez y crítica, la importación descentralizada de combustibles es un paliativo con oportunidades importantes:
Incremento de la oferta. Alrededor del 67% de los combustibles fósiles que necesita la economía cubana es importado. Desde diciembre de 2025, el país perdió los suministros de Venezuela, su principal proveedor, mientras otro importante, México, suspendió todos los envíos de petróleo debido a la amenaza de aranceles del bloqueo petrolero de los Estados Unidos.
La escasez llevó al Gobierno cubano a paralizar las ventas en gasolineras, un golpe sensible para el transporte de pasajeros y carga. El sector privado entra como jugador en este mercado, con flujos mínimos ante la imposibilidad del Estado de garantizar el abastecimiento. “Algo es algo”, diría alguien.
Sostenibilidad de pequeñas industrias. Los emprendimientos que garantizan su sostenibilidad operativa con acceso a diésel, gasolina, GLP y otros combustibles del mercado externo, dejan de depender de un sistema electroenergético que no puede abastecer a todos sus clientes (hogares, empresas, Estado). La interrogante clave sobre la sostenibilidad a mediano y largo plazo es cuánto tiempo podrán sostener la compra de combustibles en divisas.
Fomenta la cooperación entre el sector privado. El alto costo de comprar un isotanque impulsará la colaboración entre actores privados. Por ejemplo, varias mipymes pueden acordar la compra de uno o varios isotanques de diésel, repartiendo los litros según el capital aportado. Las mipymes importadoras-comercializadoras intentarán “derramar” el combustible importado a toda su cadena logística. Por ejemplo, la que importa el pollo necesita que la distribuidora acuda con los camiones a recogerlo. Si la distribuidora no tiene combustible para transportar, la cadena no cierra.
Aprovechamiento de la infraestructura de CUPET. El sector privado no puede importar solo. Por razones administrativas (necesita una importadora del Estado como intermediaria), logísticas (infraestructura especializada y conocimiento técnico) y de seguridad (certificaciones y riesgos de la manipulación, transporte y distribución). Por su lado, CUPET carece de recursos para importar, lo que reduce sus niveles de actividad, significando capacidades desaprovechadas. La cooperación entre el sector privado y CUPET puede y debe extenderse a asistencia técnica, explotación cooperada de capacidades especializadas de transportación, uso de sistemas de almacenamiento, entre otros.
Chance de sortear el bloqueo. La orden ejecutiva firmada en enero por la administración estadounidense amenaza a todo “(…) país que venda o suministre directa o indirectamente petróleo a Cuba (…)”, sin distinguir entre clientes estatales o privados en la Isla. Algunos medios especulan que Estados podría “tolerar” las importaciones privadas en pequeña escala, pero hasta ahora no son declaraciones oficiales.
En todo caso, la forma en que los privados importan es diferente del sector estatal, que adquiere combustibles a nivel de cargueros, más fáciles de identificar y perseguir. Los privados, a expensas de costos más elevados, pueden traer los isotanques en los mismos barcos que se traen los contenedores de alimentos.
El Estado puede aliarse con el sector privado en una estrategia integral y articulada para sortear las sanciones estadounidenses. La opacidad en cuanto a reglas y procedimientos puede explicarse por la discreción del Gobierno cubano para aprovechar esta oportunidad de espaldas a la constante vigilancia de la administración estadounidense, pero también es deseable una manera transparente para que cualquier actor privado pueda insertarse en el mecanismo.
Retos a considerar
La descentralización conlleva riesgos a corto y largo plazo, desde implicaciones económicas hasta efectos en la vida de las personas:
Florecimiento del mercado negro. El mercado negro de combustibles crecerá inevitablemente. Sin dudas, parte del combustible importado será desviado al mercado informal, donde las empresas y personas sin acceso a divisas podrán adquirirlo en pesos cubanos a precios exorbitantes. No se debe achacar este fenómeno a la descentralización de la importación al sector privado, ya que, en momentos anteriores de escasez, el combustible estatal también ha sido contrabandeado en el mercado negro. El problema es que persistirán dos condiciones básicas que alimentan esta ilegalidad: la escasez y el veto a la venta.
Más dolarización y subida del tipo de cambio informal. Autorizar la compra de combustibles en el exterior “abre” una demanda nueva de divisas. Es un nuevo segmento dolarizado para el sector privado. Estas condiciones presionan a la subida del tipo de cambio informal, dado que las empresas necesitarán comprar miles de dólares para adquirir las mercancías.
Riesgos logísticos. CUPET y los reguladores estatales correspondientes deben implementar un estricto esquema de seguridad y control de distribución, almacenamiento y transporte de los materiales importados. Diésel, gasolina y demás insumos son productos altamente inflamables que precisan protocolos certificados. Los accidentes pueden causarse rápidamente y son potencialmente catastróficos. El ocurrido en 2022 en la base de supertanqueros de Matanzas es un ejemplo aún doloroso.
Perpetuar el esquema importador. La importación de combustibles fósiles puede atentar contra la necesidad de invertir en energías renovables. El carácter paliativo de esta autorización debe ir acompañada de incentivos al uso de tecnologías de energía renovable, como ha impulsado el Gobierno recientemente.
Desigualdad profundizada. Como he señalado, los actores privados con capacidad real para importar serán escasos. Esto agudiza la brecha intraempresarial, marcando distancias no solo entre las propias mipymes, sino también con las empresas estatales. Mientras unos pocos podrán acceder al mercado internacional de combustibles, otros deberán evaluar cómo sobrevivir, entrar a la informalidad o cerrar sus puertas. Más que un fenómeno inherentemente negativo, es el resultado lógico de operar en condiciones económicas extremas. La desigualdad no se detiene en la puerta del negocio: una mipyme con combustible propio significa que las familias detrás de ella tendrán reservas para encender sus plantas eléctricas y sostener “cierta normalidad” en sus hogares, mientras los vecinos seguirán a oscuras. Desigualdades existentes se transparentan por la nueva situación.
Propuestas complementarias sin perder el horizonte
El paso uno es autorizar la importación. Sin el paso dos (reglas claras, canales de distribución y precios de mercado), se corre el riesgo de crear un mercado negro tolerado en lugar de un mercado energético eficiente. Aquí propongo algunas soluciones:
- Permiso a la venta. El alcance de la medida está limitado al autoconsumo. Autorizar la comercialización como actividad económica formal golpea al mercado negro y multiplica los impactos, haciendo rentable la importación de volúmenes mayores y diversificando el acceso a combustibles a otros actores nacionales que hacen compras más pequeñas. Eso sí, la cooperación con CUPET en contratos de gestión conjunta es fundamental: en tanto los privados aportan la gasolina y el diésel, la venta se realiza en las gasolineras, manteniendo la fuerza laboral estatal y usando las redes de distribución y almacenamiento especializadas. Permitir la venta obliga a modificar el Decreto 107/2024, que establece las actividades no permitidas para el sector privado.
- Organización para lograr economías de escala. Permitir y organizar compras conjuntas entre varios actores privados, alcanzando el monto necesario para llenar un buque o varios isotanques, sin necesidad de ser una “gran empresa” individual. Esto abarata los costos.
- Exención arancelaria. La importación de combustibles debe estar exenta del pago del impuesto aduanero, un incentivo fiscal que reduce costos.
- Pago por servicios logísticos en especie. Como el Estado no tiene divisas para comprar combustibles, en lugar de cobrar el arrendamiento y los servicios de CUPET en dólares, podría recaudar en especie entre el 3 y 5% del combustible importado por los privados. Así, el Estado tiene un mínimo de suministro y los privados aportan una pequeña parte de sus importaciones.
- Autorizaciones exprés. Todos los actores del sector privado con disposición y capacidad financiera deberían ser priorizados en la documentación: contratación con entidades importadoras, registros públicos, certificaciones, etc. Las autorizaciones exprés no deben omitir el cumplimiento estricto de seguridad y control en ningún caso.
¿Por qué se toma la medida ahora?
Desde 2021 la crisis energética es palpable. Fue el detonador de las protestas del 11 de julio. En los años siguientes, según la ONEI la generación eléctrica ha caído un 25 % y la escasez de dólares ha impedido al Gobierno pagar la factura completa de combustibles importados. Entrado el 2026, el país perdió las fuentes externas medianamente estables que tenía. ¿Por qué se toma la medida en el momento más extremo?
El sector privado nacional no suplirá el hueco que dejan Venezuela, México y otros proveedores, pero ayudará a mitigar la situación. El combustible particular puede mejorar la resiliencia micro de determinadas empresas, pero no resuelve —ni le corresponde— la vulnerabilidad sistémica del sistema electroenergético.
Es un buen momento para testear la capacidad del Estado cubano y el sector privado nacional para articular una solución paliativa conjunta, que será mejor que cualquier alternativa de caminos separados.
En todo caso, las oportunidades que trae esta apertura táctica nos acompañarán por un tiempo, pero no son el futuro de la matriz energética cubana. El objetivo final de la política energética debe continuar siendo la transición hacia el uso de fuentes renovables. La historia reciente demuestra que invertir más en ellas pudo ser una de nuestras decisiones más estratégicas.
