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Este jueves 18 de junio, en una sesión extraordinaria convocada con apenas 48 horas de antelación, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó el paquete de reformas económicas y sociales más amplio que el país ha visto en décadas: 176 propuestas organizadas en 23 ejes, presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Un día antes, el Comité Central del Partido Comunista las había avalado en pleno extraordinario, con el respaldo explícito del general de ejército Raúl Castro, de 95 años, quien por videoconferencia las calificó como “lo que más conviene hoy a la Revolución”.
Marrero explicó ante los diputados que, de las 390 propuestas evaluadas en el proceso de consulta previo —que incluyó a especialistas de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, académicos y comisiones económicas del Partido y la Asamblea—, se aceptó el 66,7 %. El resultado es un documento que toca prácticamente todos los engranajes del modelo económico cubano: la empresa estatal, el sector privado, la banca, los precios, el comercio exterior, los subsidios, los salarios, el turismo, la propiedad inmobiliaria y la autonomía municipal.
Lo que se aprobó:
♦ Cuba aprueba banca privada, criptomonedas y remesas por canales privados: la mayor reforma financiera en décadas
♦ El sector privado cubano bajo nuevas reglas del juego
♦ Usufructo a 99 años y entrada al capital privado: lo que Cuba ofrece ahora al inversionista extranjero y a su diáspora
El contexto
Cuba atraviesa la crisis más severa desde el Período Especial de los años noventa. En el primer semestre de 2026, el país ha registrado un promedio diario de 20 horas de afectación eléctrica y un déficit de 1955 megavatios. La inflación interanual en el mercado formal alcanzó 15,89 % en mayo, mientras el dólar en el mercado informal pasó de 515 a 680 pesos cubanos en apenas tres meses.
Detrás de esos números hay una causa concreta y nombrada explícitamente por el gobierno: la política de “máxima presión” de la administración Trump, que desde enero de 2026 ha ido escalando de forma sistemática.
- En enero, Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional y estableciendo aranceles a los países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, cortando de facto el flujo de crudo venezolano que sostenía buena parte del consumo energético de la isla.
- Washington presionó también a México para que detuviera sus envíos petroleros, logrando al menos una suspensión parcial.
- El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, ampliando las sanciones contra funcionarios, entidades y cualquier actor que opere en los sectores de energía, defensa, minería y finanzas de Cuba —con el añadido de que bancos y empresas extranjeras que hagan negocios con entidades cubanas sancionadas pueden quedar excluidos de los mercados estadounidenses. GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, fue sancionado bajo esa orden por operar en el sector financiero cubano.
- El 11 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra la petrolera estatal CUPET, acusándola de “desviar recursos energéticos” y usar la energía “como herramienta de control social”.
- El 6 de junio, Cuba perdió el acceso a las redes de pago Visa y Mastercard, después de que el banco extranjero procesador notificara la ruptura de relación comercial con Fincimex.
- Las principales cadenas hoteleras internacionales —Meliá, Iberostar, Archipiélago International, Blue Diamond— han suspendido o reducido drásticamente sus operaciones en la isla por temor a sanciones secundarias, en medio de una caída del turismo de alrededor del 60 %.
Funcionarios estadounidenses no han ocultado el objetivo final de esta presión. Rubio declaró en marzo que Cuba “tiene una economía que no funciona y un sistema político y de gobierno que no puede arreglarla”, y que el país enfrenta “grandes decisiones que tomar”. Analistas describen el objetivo de Washington como una transición que propicie un cambio de régimen, ya sea por colapso económico, por fractura interna o por negociación.
¿Reforma genuina o reforma forzada?
Es en ese contexto que hay que leer el paquete aprobado este jueves. Marrero fue explícito al reconocer que Cuba “nunca ha negado la existencia de errores e insuficiencias propias”, pero situó la causa principal del deterioro en el recrudecimiento de las sanciones desde 2019.
Citó incluso una reflexión atribuida a Fidel Castro —quien habría advertido que ciertas circunstancias obligarían al país a tomar decisiones que, de haber contado con capital y tecnología suficientes, no habría necesitado tomar— para enmarcar la lógica de lo aprobado bajo el principio de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”.
Es una forma de decir, sin decirlo del todo, que buena parte de estas reformas no nacen de una convicción ideológica nueva, sino de la falta de alternativas.
El país necesita divisas, capital, una economía que genere algo de dinamismo en medio del asedio, y el camino que ha elegido —al menos sobre el papel— es soltar amarras que durante décadas se negó a soltar: banca privada, comercio exterior sin monopolio estatal, precios de mercado, franquicias internacionales, propiedad privada en el inmobiliario, mipymes sin límite de empleados.
Pero esta no parece ser solo una reforma de emergencia impuesta desde fuera. Gran parte de lo aprobado coincide, casi punto por punto, con lo que economistas cubanos —muchos de ellos dentro de instituciones oficiales— vienen reclamando desde hace años: la eliminación de la dualidad monetaria de facto, la apertura del comercio exterior al sector no estatal, la descentralización empresarial, el fin de la fijación administrativa de precios.
Para esos sectores, lo aprobado probablemente no sea una concesión lograda por la fuerza, sino la confirmación, tardía, de un diagnóstico que llevaban tiempo exponiendo.
¿Implementación?
El historial reciente de Cuba está lleno de anuncios de reforma que se diluyeron en la implementación: la actualización del modelo económico aprobada en 2011 mostró resultados positivos solo hasta mediados de 2019, cuando el recrudecimiento de las sanciones interrumpió el proceso, según el propio relato oficial.
Las mipymes autorizadas desde 2021 enfrentaron años de trámites lentos —hoy mismo hay 7254 solicitudes pendientes de aprobación, de las cuales 3505 ya están certificadas pero sin autorizar—. La brecha entre lo que se anuncia y lo que efectivamente ocurre ha sido en Cuba, durante años, la norma más que la excepción.
Esa es la duda que comparten muchos analistas, dentro y fuera de Cuba: si la misma estructura política y burocrática que ha administrado la economía cubana durante más de sesenta años —con sus resistencias internas, sus intereses creados y su lentitud institucional— es capaz de implementar con la velocidad y la coherencia necesarias un paquete de esta magnitud.
La velocidad con la que se tramitó esta vez —del anuncio de Díaz-Canel el 12 de junio a la aprobación parlamentaria el 18— es inusual y sin precedentes recientes, lo que algunos leen como señal de voluntad política real y otros como urgencia desesperada más que planificación sólida.
¿Cómo reaccionarán la diáspora y Washington?
Quedan, además, dos reacciones por ver que pueden determinar si estas reformas tienen el impacto que el gobierno cubano necesita.
La primera es la de la diáspora cubana, convocada explícitamente en varias de las medidas aprobadas —desde la posibilidad de comprar propiedades estatales hasta participar en programas de inversión y abrir cuentas bancarias sin restricciones—. Su disposición a invertir capital real en la isla dependerá de la confianza que genere la implementación efectiva de estas medidas, no solo de su anuncio.
La segunda, y quizás más determinante en lo inmediato, es la reacción de la Administración Trump. Washington ha dejado claro que su objetivo no es una reforma económica gradual del sistema cubano, sino un cambio de régimen.
Es probable que la Casa Blanca interprete estas medidas como insuficientes, o incluso como una maniobra del gobierno cubano para aliviar la presión sin ceder en lo político. Si la respuesta de la Administración fuera escalar aún más las sanciones, el margen de maniobra que estas reformas necesitan para mostrar resultados podría evaporarse antes de que tengan oportunidad de implementarse.













SIN ELECTRICIDAD Y SIN CONECTIVIDAD NO PUEDEN VENIR EMPRESAS FINANCIERAS, NI CADENAS DE RESTAURACION A ESTABLECERSE EN CUBA. MUY TARDIAS ESTAS MEDIDAS, Y NO VAN A RESOLVER EL MAYOR PROBLEMA DEL PAIS, QUE ES LA ELECTRICIDAD, EL TRANSPORTE Y LA COMIDA.
TODOS ESTOS BUROCRATAS QUE VOTARON A FAVOR DE ESTE PAQUETE DE MEDIDAS, LLEVAN DECADAS TORPEDEANDO Y PONIENDO TRANCAS EN EL CAMINO DE LAS REFORMAS NECESARIAS PARA SACAR AL PAIS DEL ATRASO.
LO QUE HAY QUE CAMBIAR ES EL MODELO POLITICO Y QUIENES DIRIGEN EL PAIS.
Yo soy esceptico con el alcance real de estas y otras medidas que se han adoptado recientemente. Quien en su sano juicio va a invertir en Cuba en este momento? Si se estan yendo a la carrera empresas que llevaban decadas alli.
Lo mas importante de que que cojea este paquete acelerado o mas bien desesperado es, ver si lla diaspora con capacidad real de inversiones sustantivas o inclusive los inversionistas foraneos le creera a este equipo de gobierno de que ahora si van a construir “el capitalismo de estado “socialista” de partido unico estilo asiatico”, sobre todo en medio de las mayores presiones y acciones del vecino del Norte para hacerlos brincar por el aire, creo que ya muy pocos apuesta por estas personas, una renuncia colectiva debió proceder este show, para imponer otros rostros menos desgastados y desprestigiados pero igual de comprometidos en retener el poder del PCC UNICO a toda costa y costo. Como desterrado que me considero una idea tengo muy presente a futuro, solo el fin del PCC unico y plenipotenciario y la llegada de la nueva Cuba de democracia y respeto a todo el arcoiris de pensamiento politico podrá ofrecer un nuevo comienzo, a todos estos “Continuadores” les digo algo que ellos mismo nos ofrecieron a los que teníamos otras ideas, NO LOS QUEREMOS, NO LOS NECESITAMOS así de simple y claro.
Buen fin de semana para todos, es hora ya de contar los cortes eléctricos por dias sin servicio, las horas acumuladas ya representan dias.
CREO Q SON MEDIDAS TARDÍAS Y MÁS EN EL CONTEXTO ACTUAL ES COMO UNA DECISIÓN DE SÍ O SÍ Y NO SE TIENE EL EFECTO ESPERADO
HAY QUE ORGANIZAR Y BIEN ORGANIZADA LA ESTRUCTURA DE ESTE PAÍS ADMINISTRATIVA Y EN LA ECONOMÍA HASTA IBA SIEMPRE LA POLÍTICA ALANTE Y LA ECONOMÍA DETRÁS EN VEZ DE A LA INVERSA COMO DEBE SER ECONOMÍA DELANTE Y EL ESTADO CUIDÁNDO
PERDIMOS NUESTROS PRINCIPALES RECURSOS ESTAN EN EL PISO DIGO
AZÚCAR, CAFÉ, TABACO, CACAO, NÍQUEL, CÍTRICOS, FRUTAS, MÁRMOL Y CERÁMICAS SOMOS UN PAIS AGRÍCOLA EL TURISMO ES PARA METER PLATA HAY MAD HOTELES QUE TURISTAS ESTO NO ES CANCÚN NI PUNTA CANA.
ANTES DE 1959 LOS YUMAS TENIAN LO QUE ANTERIORMENTE CITE EL TURISMO ERA MAYORMENTE PARA LA MAFIA, PROSTITUCIÓN Y UNA PARTE PARA EL TURISMO LO FUERTE AZÚCAR, CAFÉ, ETC DONDE INVIRTIÓ E.U. EN LOS AÑOS 1890 LA PROVINCIA DE MTZAS TENIA 600 INGENIOS A VER…..Y NO HABIA TRACTOR, NI ABONO RUSO, ETC ETC
MTZAS SIEMPRE FUE LA MÁS PRODUCTIVA DEL PAÍS Y AHORA NO HAY CENTRALES Y LE DIJERON A FIDEL Q ERA MEJOR COMPRAR AZÚCAR Q PRODUCIRLO ¿ QUIEN FUE EL LOCO ESE? NO SE SABE.
VEREMOS QUE PASARÁ………..
Cambio de regimen no va a resolver la escacez de necesidades fundamentales. Esto seria simplemente rendirse a las demandas de los EEUU. Ningun pais del Mundo esta de acuerdo con tal oferta. El costo del embargo a Cuba tiene mas que ver con la calidad de vida en Cuba que los errores de la Administracion de Cuba. Lo que Cuba necesita es no embargo, inversiones y prestamos por largo tiempo para corregir la crisis creada por los EEUU principalmente.
Las estimaciones sobre la financiación necesaria para la rehabilitación económica de Cuba varían significativamente dependiendo del alcance del análisis (es decir, si el enfoque se centra en sectores específicos como la energía o en toda la economía nacional) y el contexto político de la organización que informa la organización. Aunque no existe un único “proyecto de ley de recuperación” universalmente aceptado, varias fuentes reputadas han proporcionado proyecciones respaldadas por datos.
Estimaciones sectoriales: Infraestructura energética
El sector energético es ampliamente considerado el cuello de botella más inmediato para la recuperación, y es aquí donde aparecen las cifras más consistentes.
1. Requisito de 10.000 millones de dólares: Analistas, incluidos los asociados con Cuba Siglo 21 y varios informes energéticos regionales, han citado frecuentemente una cifra de aproximadamente 10.000 millones de dólares como capital necesario para modernizar las centrales termoeléctricas y la red eléctrica de la isla.
2. Brecha de capacidad: Estas estimaciones suelen derivarse de la brecha entre la capacidad de generación actual (que suele reportarse de unos 2.000–2.100 MW) y la demanda nacional (que normalmente supera los 3.000 MW). Esta financiación teóricamente cubriría la reparación de infraestructuras termoeléctricas envejecidas y la expansión de la capacidad renovable necesaria para alcanzar los objetivos declarados, como el objetivo del 37% de energías renovables para 2030.
Estimaciones de estabilización macroeconómica
Las estimaciones más amplias para estabilizar la economía cubana —que incluyen no solo infraestructuras sino también la reforma monetaria, la liquidación de deuda y el establecimiento de un sistema bancario funcional— son más amplias y especulativas.
1. Rango de 6.000 a 10.000 millones de dólares: Analistas del sector privado y observadores empresariales han estimado que una fase de estabilización, que precedería al crecimiento a largo plazo, requiere entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Este capital suele describirse como “financiación puente” para gestionar el periodo de transición de dos a cuatro años, durante el cual la economía pasaría de la centralización estatal a un modelo más orientado al mercado.
Contextualización de las estimaciones
Estas cifras deben verse a través de las siguientes perspectivas:
1. “Coste del embargo” vs. “Coste de la recuperación”: Las Naciones Unidas (CEPAL) han informado históricamente que el embargo comercial estadounidense ha costado a la economía cubana más de 130.000 millones de dólares durante seis décadas. Es importante distinguir esta contabilidad histórica de los “daños” de la “inversión” prospectiva necesaria para modernizar la nación. La cifra de 130.000 millones representa el potencial acumulado perdido y el impacto económico directo, más que la cantidad necesaria para una reconstrucción física inmediata.
2. El efecto multiplicador de las sanciones: Como has señalado, la viabilidad real de recaudar estos miles de millones está ligada al régimen de sanciones estadounidense. Actualmente, incluso si se identifican objetivos de financiación, la falta de acceso a instituciones multilaterales como el FMI o el Banco Mundial —que normalmente proporcionan el capital de bajo interés necesario para proyectos nacionales de infraestructuras a gran escala— significa que Cuba debe depender de acuerdos bilaterales (por ejemplo, con China o México) o de capital privado de alto riesgo.
3. Reclamaciones de propiedad: La resolución de miles de millones de dólares en reclamaciones pendientes y reconocidas internacionalmente por bienes confiscados sigue siendo un coste “oculto” significativo. Cualquier plan integral de reconstrucción probablemente debería incluir un marco para resolver estas reclamaciones y así desbloquear los mercados internacionales de crédito y la inversión extranjera directa.
En resumen, aunque 10.000 millones de dólares es la cifra más citada para la crisis energética inmediata, se entiende ampliamente que la cifra total de “recuperación en pie” es significativamente mayor si se considera una recuperación holística —que abarca vivienda, telecomunicaciones, transporte y manufactura—. Ninguna institución financiera internacional importante (como el FMI o el Banco Mundial) ha publicado un “presupuesto oficial de reconstrucción” para Cuba, en gran parte debido al entorno regulatorio restrictivo.
Actualmente, las Naciones Unidas tienen limitaciones para resolver el estancamiento entre Estados Unidos y Cuba porque el conflicto implica cuestiones profundamente arraigadas de seguridad nacional, soberanía y objetivos políticos opuestos que no se pueden salvar fácilmente mediante la mediación multilateral. Aunque la ONU ofrece una plataforma para el discurso diplomático, su capacidad para forzar una resolución está limitada por los siguientes factores:
Mecanismos actuales de participación de la ONU
1. Resoluciones de la Asamblea General: La Asamblea General de la ONU aprueba sistemáticamente resoluciones no vinculantes—la más reciente en junio de 2026, con 165 naciones a favor—exigiendo el fin del embargo estadounidense. Aunque estas votaciones sirven como una señal poderosa de consenso internacional y aíslan la posición estadounidense, carecen de ningún mecanismo que obligue al Congreso estadounidense a levantar el embargo.
2. Procedimientos Especiales y Defensa de los Derechos Humanos: Expertos independientes de la ONU y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos han condenado públicamente las “medidas coercitivas” y las restricciones al combustible de EE. UU., advirtiendo de las consecuencias humanitarias. Su función es documentar violaciones y ejercer presión moral, pero no poseen autoridad para modificar la política exterior estadounidense ni la gobernanza interna cubana.
3. Facilitación diplomática: Tanto Washington como La Habana han reconocido que los canales diplomáticos siguen abiertos, aunque la comunicación es actualmente adversarial. La ONU puede proporcionar espacios de “canal alternativo” para dicha comunicación, pero ambas partes utilizan actualmente la plataforma de la ONU principalmente para articular posiciones firmes en lugar de negociar compromisos.
Por qué persiste un “estancamiento”
El estancamiento se sustenta en una incompatibilidad fundamental en los objetivos de los dos actores principales:
1. Posición de EE.UU.: La actual administración estadounidense (bajo la administración Trump) considera al régimen cubano una amenaza activa para la seguridad nacional, justificando su presión como una herramienta para forzar un cambio de régimen o una reforma democrática interna significativa. Estados Unidos ha declarado explícitamente que no proporcionará “cheques en blanco” al gobierno actual.
2. Posición cubana: El gobierno cubano insiste en que está abierto a discutir la cooperación bilateral, pero ha trazado una “línea roja” en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y el orden interno, que considera asuntos de autodeterminación soberana.
1. Bloqueo institucional: El Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene el poder de imponer resoluciones vinculantes, está efectivamente paralizado en este asunto debido al poder de veto de Estados Unidos.
Posibles vías para la intervención de la ONU
Para que la ONU supere su papel actual como testigo del estancamiento, los expertos suelen señalar tres cambios poco probables pero teóricamente posibles:
1. Mediación por terceros “neutrales”: La ONU podría apoyar un proceso de mediación liderado por un intermediario neutral (como una coalición de naciones latinoamericanas o europeas) que se centre en el “desacoplamiento técnico”. Esto separaría la ayuda humanitaria y la infraestructura básica del enfrentamiento político y de seguridad más amplio, creando “islas de cooperación” (por ejemplo, mantenimiento de la red energética) protegidas de la escalada política.
2. Consorcio Multilateral Humanitario: La ONU podría abogar por un fondo fiduciario multinacional para Cuba que eludiera tanto el régimen de sanciones estadounidense como el control central del Estado cubano. Distribuyendo la ayuda directamente a través de ONG internacionales o instituciones religiosas verificadas (un modelo insinuado por recientes declaraciones estadounidenses), la ONU podría mitigar potencialmente la crisis humanitaria sin desencadenar la resistencia política inherente a la ayuda directa del G2G.
3. Diálogo Condicional Basado en Derechos Humanos: Si la ONU pudiera facilitar un diálogo estructurado donde mejoras específicas y medibles en derechos humanos y libertad política (por ejemplo, la liberación de presos políticos) estuvieran directamente vinculadas a un alivio incremental y específico de las sanciones estadounidenses, podría salvar el actual estancamiento de “todo o nada”. Sin embargo, a junio de 2026, no existe una confianza mutua para iniciar un proceso tan gradual.
En resumen, la ONU está actualmente relegada a un papel de presión normativa y defensa humanitaria. Sin un cambio hacia un enfoque “técnico” que separe la infraestructura esencial y los derechos humanos del conflicto ideológico y de seguridad más amplio, la ONU sigue siendo observadora de un enfrentamiento que tanto Washington como La Habana creen que les conviene gestionarlo mediante la coacción que mediante la mediación.
A fecha de 25 de junio de 2026, no existen compromisos concretos por parte de Estados Unidos ni de sus aliados para una capitalización financiera amplia o una rehabilitación económica sistémica de Cuba.
El marco político actual de EE. UU. se caracteriza por una presión económica agresiva más que por la financiación del desarrollo. Las recientes acciones de Estados Unidos han intentado aislar al estilo del gobierno cubano económicamente, dirigiéndose explícitamente a los mecanismos que serían necesarios para dicha transición.
La postura política de EE. UU.: aislamiento económico
Estados Unidos ha actuado activamente para restringir el acceso de Cuba al capital, enfatizando una política de “máxima presión” junto al objetivo declarado de un cambio de régimen.
1. Orden Ejecutiva 14404 (mayo de 2026): Esta orden estableció un nuevo programa de sanciones independiente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que permite sanciones secundarias contra cualquier institución financiera extranjera (FFI) que facilite “transacciones significativas” para entidades cubanas designadas. Esto crea efectivamente un enorme riesgo de cumplimiento para cualquier banco o inversor internacional que considere incluso una implicación moderada con la economía cubana.
2. Dirigiéndose a los Nodos Financieros: Las sanciones estadounidenses han designado específicamente a las principales entidades financieras y militares cubanas, incluyendo GAESA (el conglomerado militar que controla una gran parte de la economía), BFI (Banco Financiero Internacional) y varios ministerios estatales. Al designar estas entidades, Estados Unidos ha bloqueado efectivamente el “canalización” estándar de una economía nacional para acceder a los mercados financieros globales.
3. “Ayuda humanitaria” vs. “financiera”: La única oferta financiera reciente de EE.UU.—un paquete de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares anunciado en mayo de 2026—es estrictamente no gubernamental. El secretario de Estado Marco Rubio condicionó explícitamente esta ayuda a su distribución por parte de organizaciones religiosas (por ejemplo, la Iglesia Católica o redes protestantes) para asegurar que se eludiera al gobierno y al ejército cubanos. Esto está diseñado para abordar la angustia humanitaria inmediata, no para capitalizar el Estado ni estabilizar la macroeconomía.
Posición de los aliados estadounidenses
No hay pruebas de que los aliados de EE. UU. hayan asumido compromisos financieros independientes con Cuba. El actual entorno internacional, dominado por el nuevo régimen de sanciones secundarias de Estados Unidos, ha hecho que las instituciones financieras y gobiernos occidentales sean muy reacios al riesgo respecto a Cuba.
1. Mitigación de riesgos: La amenaza de sanciones secundarias bajo el nuevo marco estadounidense obliga esencialmente a los bancos extranjeros y a los posibles inversores a elegir entre el mercado estadounidense y el mercado cubano. Dada la magnitud de la primera en comparación con la segunda, ha habido una “reducción de riesgos” sistemática en la que los socios internacionales se han retirado en gran medida de la exposición financiera directa a Cuba.
1. Organizaciones multilaterales: No existen programas activos del FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo destinados a la estabilización cubana. La pertenencia a estas instituciones suele requerir cumplir con rigurosos estándares de transparencia y de reporte de datos, que siguen en desacuerdo con la estructura cerrada actual de la economía cubana y su estatus de sanciones vigentes.
Tabla resumen: Estado de la Participación Financiera
Fuente——————- Naturaleza del “compromiso”—————————- Condicionalidad
Estados Unidos———–Ayuda humanitaria de 100 millones de dólares—- Debe saltarse el Gobierno/Ejército; distribución solo por ONG locales.
Multilateral (FMI/BM)— Ninguno Bloqueado por la falta de reformas estructurales y el estatus de sanciones.
Aliados occidentales— Ninguno Limitado por el cumplimiento de sanciones secundarias de EE. UU.
En resumen, el enfoque estadounidense actual es el inverso de un “Plan Marshall” o programa de estabilización estructural. El objetivo declarado de la administración de cambiar el régimen se está persiguiendo mediante la restricción deliberada de la capacidad del gobierno cubano para acceder al sistema financiero global, lo que hace imposible cualquier programa internacional de inversión de base amplia actualmente.