El presidente Donald Trump prorrogó hasta el 17 de septiembre de 2027 el embargo de EE.UU. contra Cuba, en medio de un cerco petrolero y comercial sin precedentes contra la isla.
La decisión —ya oficial y prevista para publicarse este martes, según reportes de prensa—, extiende por un año más las facultades presidenciales bajo la llamada “Ley de Comercio con el Enemigo”, vigente desde 1917.
Con ello se refuerza el entramado de sanciones que La Habana califica de “bloqueo económico, financiero y comercial”, cuya factura en un año significa pérdidas a la isla por 7 556 millones de dólares, según cálculos oficiales.
La Ley de Comercio con el Enemigo le fue aplicada a Cuba el 19 de octubre de 1960 por el entonces presidente Dwight Eisenhower. Es la única del entramado de leyes que sostienen el embargo que aún permanece en manos del presidente, quien puede eliminarla cuando lo desee, según ha subrayado anteriormente la cancillería en La Habana.
“Desde 1978, todos los presidentes estadounidenses han emitido memorandos presidenciales que amplían la aplicación de la TWEA (siglas en inglés de ‘Ley de Comercio con el Enemigo’) durante el período de un año contra la isla. La situación de ‘emergencia nacional’ respecto a Cuba se basa en la justificación política de ser un interés nacional de EE.UU., a pesar de que Cuba no representa amenaza alguna para ellos”, señaló el Minrex.
El origen y la nueva prórroga
El embargo a Cuba fue decretado en octubre de 1960 por Eisenhower, como respuesta a la nacionalización de propiedades estadounidenses tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959. Dos años más tarde, el presidente John F. Kennedy firmó el decreto que lo convirtió en un bloqueo casi total, prohibiendo transacciones comerciales y financieras con la isla.
A lo largo de las décadas, la política se codificó y endureció mediante leyes como la Torricelli (1992) y la Helms-Burton (1996), que extendieron su alcance a terceros países y empresas extranjeras. Desde entonces, cada presidente estadounidense ha renovado anualmente la aplicación de la “Ley de Comercio con el Enemigo” respecto a Cuba.
La prórroga firmada ahora por Trump mantiene esta línea al extender el embargo hasta el 14 de septiembre de 2027, un ejercicio presidencial que “redunda en el interés nacional de EE.UU.” y sigue “lo establecido en el Reglamento de Control de Activos Cubanos”, según el documento que reproduce Diario de las Américas.
La medida se inscribe en la línea de endurecimiento que caracteriza la política de Trump hacia La Habana y coincide con un escenario de presión económica y energética sin precedentes. Washington ha sancionado a navieras y aseguradoras que transportan crudo y cargas comerciales hacia Cuba, cancelando el abastecimiento de combustibles y víveres en la isla.
El cerco comercial también se ha intensificado: bancos extranjeros enfrentan multas millonarias por realizar operaciones con entidades cubanas, mientras compañías de terceros países son amenazadas con represalias si invierten o mantienen su presencia en sectores estratégicos como el turismo o la energía.
Ello ha provocado una estampida de empresas extranjeras en la isla, mientras se agudiza el impacto económico y social de las sanciones, especialmente para la población cubana.
Sanción tras sanción de EEUU a Cuba: defensa, comercio exterior, turismo y personalidades
Respuesta internacional condenatoria
La Habana ha denunciado reiteradamente que las sanciones de EE.UU. buscan “asfixiar” la economía nacional, limitar el acceso a mercados y tecnologías y provocar escasez de bienes esenciales, lo que repercute directamente en los cubanos y, en especial, los sectores más vulnerables.
Cada año, Cuba presenta ante la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución contra el bloqueo, que recibe el apoyo de la mayoría de los países, si bien no se trata de una votación vinculante, sino de carácter mayormente simbólico.
La comunidad internacional considera que el embargo viola principios básicos del derecho internacional y obstaculiza el desarrollo de la isla. Organismos como la CEPAL han subrayado que constituye el principal obstáculo para la inserción plena de Cuba en la economía global.
A fines de octubre, La Habana volverá a presentar en la ONU su resolución contra el embargo, en un contexto marcado por el agravamiento de la crisis en la isla y el incremento de la presión de Washington, que busca forzar cambios políticos en Cuba.
