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Hace unas semanas compré un cilindro de gas para mi familia en Cuba. Lo adquirí a un precio exorbitante en una empresa privada extranjera que resuelve, para quienes pueden costearlo, lo que el Estado ya no consigue garantizar con regularidad. Días después, la balita apareció en la puerta de la casa.
Parte de mi familia vive en el oriente cubano, en un barrio adonde nunca llegó la red de gas. Allí, cocinar siempre fue una negociación cotidiana entre las balitas de gas licuado y las famosas ollas eléctricas, esas que en la isla todos conocen como “reinas”. Durante años bastó con alternar una y otra. Hoy, con los apagones que se extienden por más de 24 horas, esa ecuación dejó de funcionar. Sin electricidad, el cilindro de gas es casi la única garantía para cocinar; y cuando falta, hay que recurrir al carbón o la leña.
En la Cuba de la crisis permanente, pocos objetos domésticos son tan codiciados como ese cilindro de gas licuado. Conseguirlo implica someterse a largas e interminables colas; la fila que se arma desde días antes de que llegue el camión de CUPET: decenas de personas permanecen aferradas a un número escrito en un papel, en una libreta o, simplemente, memorizado entre los vecinos. En Cuba las colas no empiezan cuando aparece el producto, sino la posibilidad de obtenerlo.
Por fin, el camión llega. Los cilindros comienzan a descargarse lentamente mientras la gente observa sin euforia. Impera una calma resignada: esperar se ha convertido en un aprendizaje colectivo, y hay generaciones enteras entrenadas para hacerlo.
Sin embargo, siempre merodean los carroñeros de la crisis, esos que detectan una necesidad y ofrecen la posibilidad de colarse a cambio de un precio. Hablan de un lugar privilegiado en la fila. En una economía donde casi todo escasea, hasta el tiempo de espera adquiere valor de mercado.
Paradójicamente, el Estado diseñó un sistema para evitar esa especulación. En Cuba, la distribución del gas licuado del petróleo (GLP) está centralizada por la Empresa de Gas Licuado, perteneciente a CUPET. El protocolo establece que solo puede venderse un cilindro por contrato, que la distribución debe respetar la fecha de la última compra registrada por cada cliente y que los mensajeros autorizados solo pueden retirar un cilindro diario por persona. Sobre el papel, el mecanismo busca impedir el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa.
Sin embargo, en la práctica, la incertidumbre sobre la llegada de los camiones, la escasez del producto y la desesperación cotidiana terminan construyendo un mercado paralelo alrededor de un medio tan básico para algo que todavía lo es más: cocinar y poder alimentarse.
