La administración Biden está diseñando planes para reducir la cantidad de inmigrantes que solicitan asilo político en la frontera con México con un programa que abre nuevos caminos para que los aspirantes presenten una solicitud de visa humanitaria mientras están en sus países de origen, confirmaron a la cadena NBC cuatro fuentes familiarizadas con el tema.
Entre las propuestas bajo consideración se encuentran nuevos programas de manera que haitianos, nicaragüenses y cubanos soliciten libertad condicional humanitaria, un parole de ingreso, desde sus países de origen. La ruta a seguir sería similar a un programa lanzado este otoño, que anunció la admisión de 24 000 venezolanos que pudieran demostrar que serían patrocinados por amigos o familiares en Estados Unidos. Desde entonces, las autoridades migratorias niegan la entrada a la gran mayoría de los venezolanos que se presentan en la frontera con México.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también está planeando dar una nueva capacitación a los oficiales de asilo que entrevistan a los inmigrantes fronterizos. Entre otros detalles, se les adiestraría para que los solicitantes obtengan protección si califican bajo la Convención internacional contra la tortura, algo que coloca la barra a un nivel más alto que hasta ahora para pedir asilo. En el caso cubano, dadas las frágiles relaciones bilaterales, sería casi imposible que un candidato al asilo pueda demostrar una posible tortura si es devuelto.
Los que no puedan demostrar la probabilidad de enfrentar torturas si regresan a sus países de origen tendrían que probar que primero solicitaron asilo y se les negó en un país por el que pasaron en su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos, dijeron a NBC cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.
Ese modelo se denomina comúnmente “prohibición de tránsito”. Fue puesto en práctica por primera vez en 2019 por el asesor de inmigración de línea dura del expresidente Donald Trump, Stephen Miller.
Este lunes el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, no negó a NBC que se estuviera considerando la llamada prohibición de tránsito.
“Tendría que ver qué es lo que se propone específicamente para entender qué brinda, qué no brinda. Pero Permítanme decir esto: creo profundamente, al igual que esta administración, en nuestro sistema de asilo. Es una de nuestras joyas de la corona y continuaremos defendiéndola”, subrayó Mayorkas.
El efecto neto del plan bajo consideración sería una reducción drástica en la cantidad de migrantes a los que se les permite permanecer en el país mientras solicitan asilo. Y un aumento de la cantidad que regresan a México o son deportados a sus países de origen.
Es posible que se modifiquen los detalles del plan, pero la administración Biden tiene una fecha límite impuesta por la ley el para levantar las restricciones originadas por la pandemia de la COVID-19 en la frontera: el 21 de diciembre.
Desde que comenzaron esas restricciones, conocidas como Título 42, en marzo de 2020, han sido devueltos a México más de 2.4 millones de solicitantes de asilo.
Los funcionarios le dijeron a NBC que si se levanta la prohibición, la cantidad de migrantes que cruzan la frontera podría reducirse hasta 2 500 por día.
Algunos grupos de defensa del asilo y funcionarios anteriores y actuales de la administración Biden se han mostrado en desacuerdo con los planes diciendo que van demasiado lejos al cortar las vías de asilo, y que no hacen lo suficiente para recibir de manera segura a los solicitantes calificados mediante un sistema de procesamiento ordenado.
“Están jugando peligrosamente con la maquinaria [implementada] por la administración Trump. Esa política fue, en la práctica, una eliminación del acceso al asilo en la frontera sur para la mayoría de los solicitantes”, destacó Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
Dijo, asimismo, que la apertura de nuevas vías legales probablemente no compensará la cantidad de solicitantes de asilo a quienes se les negará la entrada. “No puedo imaginar qué podrían hacer legalmente con su presente autoridad que garantizaría sustancialmente el acceso a la protección y ayuda humanitaria”.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, (ACLU, por sus siglas en inglés), que demandó a la administración Trump por la prohibición anterior, subrayó que lo haría nuevamente si la administración Biden intenta una política similar.
“Demandamos con éxito por la prohibición de tránsito bajo la administración de Trump e inmediatamente demandaremos si la administración Biden renueva esa prohibición. Una prohibición de tránsito es ilegal, independientemente de qué administración la emplee”, expresó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
Un funcionario de la administración Biden opuesto al plan comentó a NBC que la Casa Blanca debería asegurar dinero para hacer frente al gran desplazamiento de migrantes en todo el hemisferio occidental en lugar de bloquearles el paso a Estados Unidos.
“Esto no es un aumento; es una nueva realidad”, concluyó.
