El Código de Familias es un asunto propicio para ensayar nuevos moldes del diálogo nacional cubano. Tiene contenidos que han sido asumidos desde posturas diferentes, incluso con polarización. El matrimonio igualitario, el derecho de adopción para las parejas del mismo sexo y la inclusión en el sistema de enseñanza de la educación sexual integral, sobresalen entre los más controversiales.
El entorno de esta propuesta ratifica, de manera particular, la diversidad, pluralidad y manifestaciones disímiles que describe la policromía política de la sociedad cubana. Las formulaciones progresistas anunciadas, las resistencias conservadoras que generan y las actitudes fundamentalistas que también aparecen, verifican esa policromía. Estas posturas encuentran en los preceptos constitucionales, que consagran los derechos, deberes y garantías ciudadanas, un referente legítimo para dirimir comprensiones y actitudes políticas.
El foco de atención para este comentario no está en las variopintas posiciones que confluyen y se disputan al interior del Código, las cuales han tenido y tendrán tela por donde cortar. La atención está en las circunstancias en las que asistiremos a su escrutinio, y, más que todo, al potencial escenario de diálogo nacional que pudiera propiciar.
Un primer punto es asumir que tendremos discrepancias y que estas deben ser expuestas, organizadas y manifiestas dentro del más estricto derecho a la expresión, afirmativa o de disenso, cuyo único límite es el “derecho a la dignidad” de las otras y los otros. Dicho en términos constitucionales, el ejercicio de los derechos “solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general”.
El pasado mes de julio debíamos, según el calendario legislativo previsto, conocer y debatir el anteproyecto del Código de Familias. La situación de la pandemia fue esgrimida como razón para su postergación. Aún esperamos noticias de sus contenidos, la fecha en que iniciarán los debates y el día en que se realizará la votación popular.
Cuba: publican comisión que elaborará proyecto de Código de las Familias
La postergada presentación del anteproyecto ha sido matizada por los sucesos del 11 y 12 de julio, un parteaguas en el presente y el futuro de Cuba. El anteproyecto refuerza los rigores, exigencias y desafíos circundantes al Código de Familias. En esos días de julio se puso encima de la mesa, de manera más descarnada, la reiterada necesidad de ordenar, institucionalizar, estabilizar y naturalizar la participación popular en la conformación y defensa de las políticas públicas.
Al mismo tiempo, y con mayor especificidad, como afirma Julio Antonio Fernández Estrada, el 11 de julio hizo saltar a la vista “un proyecto de Estado de Derecho que no acaba de ponerse en marcha”, aun cuando quedó refrendado mediante el voto popular en la Constitución aprobada en 2019. El diálogo político es condición sine que non para ese proyecto.
¿Cómo ensayar un diálogo político nacional desde la particularidad de este asunto?
El pasado mes de de mayo, en una reunión con la Comisión encargada de redactar el anteproyecto sobre el Código de Familias, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez hizo énfasis, además de los preceptos constitucionales que deben encaminar la redacción de la normativa, en la estrategia de comunicación social y la organización de los debates que han de acompañar su proceso de aprobación. Ambos ámbitos son definitorios para el proceso mismo y para las formas de hacer política a la que pudiéramos transitar.
Debemos asumir que el diálogo es alimento para la cultura política y jurídica nacional. Es condición para la socialización del poder y del saber, condición de la soberanía plena. El diálogo es medio para encaminar la unidad en la diversidad, la que se sostiene en la creación y defensa popular de las leyes. Diálogo que, en tanto hábito político, se realiza en la exposición de coincidencias y diferencias para los acuerdos colectivos y los pactos sociales. Diálogo que también es concreción de los derechos.
La estrategia de comunicación y la organización del debate que demanda la elaboración y votación sobre el Código de Familias son necesarias, pero no suficientes. Debemos asumirlas como salida a la oportunidad de volver sobre el encaminamiento legal a los derechos de libertad de pensamiento, conciencia y expresión, la libertad de prensa, el derecho de reunión y manifestación y el derecho de asociación, contenidos todos en la Constitución de la República de Cuba.
No es cuestión solo de norma jurídica, esta es un punto de llegada. Es perentorio, más que todo, voluntad política, cambio de mentalidad que potencie el diálogo con base en el reconocimiento y protección de los derechos. Es necesario asentar en las estrategias de desarrollo del país el incremento de la cultura jurídica de la gente, de los sectores, grupos y clases sociales que conviven en el denso entramado social cubano.
En este sentido, es útil preguntar si, por ejemplo, la composición de la Comisión que redacta el anteproyecto del Código de Familia incluye la representación de las partes implicadas en los debates más esenciales suscitados alrededor del Artículo 68 del proyecto constitucional. Dicho de manera más precisa, ¿están presentes las voces directas del movimiento LGTBI, incluso de la variedad que lo constituye?; ¿hacen parte de la Comisión voces del movimiento religioso diverso que, de viarias maneras, han manifestado sus perspectivas?
Esta sería una buena oportunidad para debates abiertos en los medios y espacios públicos, sobre las visiones, las propuestas y los sentidos que hoy están en la mesa respecto a las familias cubanas. Un diálogo organizado que facilite que el pueblo realice sus análisis y decisiones de manera más cualificada. Debate que asegure el derecho a “la información veraz, objetiva y oportuna” consagrado en la Carta Magna cubana. Debate que garantice la fraternidad, la sororidad, el respeto y la solidaridad que debe caracterizar el uso y disfrute de nuestros derechos.
En el contexto actual, tan importantes serán los contenidos del Código de Familias como las formas políticas en que se organice el debate nacional. No es tiempo de postergar, es tiempo de asumir, abrir, consensuar las maneras de producir no solo bienes y servicios, sino también la política.
La trinidad “derechos, familias y diálogo” es una sugerente combinación para sanar heridas, solventar límites, socializar poder, engrosar la cultura jurídica y ensayar el Estado de Derecho Socialista que viabilice el proyecto de justicia, soberanía y dignidad que nos une como nación.
El matrimonio igualitario, la inclusión en el sistema de enseñanza de la educación sexual integral tal vez tenga algo de Razon, pero lo que si no tiene razon alguna es el derecho de adopción para las parejas del mismo sexo y DARLE TANTO BOMBO Y PLATILLO en la television, presentando dos hombres amantes tomados de la mano, o cargando un NIÑO, cual pedre y madre lo harian, mi pregunta es, Que va a salir de ese niño adoptado por esa pareja de Homosexuales, que se le va a meter en la ideología a los niños siendo bombardeados mañana tarde y noche con semejantes imagenes.
Señores por favor.