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Por estos días, quedarse sin corriente ya no significa únicamente vivir a oscuras. También implica quedar aislado durante horas, o incluso días: sin llamadas, sin internet, sin posibilidad de avisar que se llegó bien a casa, revisar una transferencia, enviar un mensaje de trabajo o simplemente escuchar la voz de alguien que está lejos.
La desconexión se ha convertido en otro apagón nacional, menos visible que la falta de electricidad, pero cada vez más cotidiano.
Cuando el problema deja de ser el apagón
Numerosas radiobases dependen de grupos electrógenos y baterías para su funcionamiento. En febrero de 2026, directivos de ETECSA en Villa Clara reconocieron ante medios locales que muchas baterías de respaldo “ya colapsaron” y que las existentes “no resisten tantas horas sin fluido eléctrico”.
Asimismo, Cubadebate publicó en marzo que cerca del 47,5 % de las radiobases del país se apagan durante las afectaciones eléctricas. Aunque la empresa ha avanzado en la instalación de módulos fotovoltaicos, la cobertura sigue siendo insuficiente.
Durante mucho tiempo, los cubanos asociaron la pérdida de conectividad con los cortes eléctricos. Sin embargo, esa relación ya no explica por completo el problema. Hoy ocurre algo distinto: regresa la electricidad y la señal sigue sin aparecer. Los teléfonos muestran cobertura, pero las aplicaciones permanecen desconectadas, las llamadas se cortan y navegar resulta imposible.
Es ahí donde cambia la percepción ciudadana. Mientras la desconexión coincidía con los apagones, predominaba cierta resignación; cuando persiste incluso con electricidad, surgen preguntas sobre el verdadero estado de la infraestructura de telecomunicaciones.
Desde el poblado Buena Vista, en Remedios, Villa Clara, la experiencia diaria ilustra esa realidad. Incluso durante las pocas horas de servicio eléctrico, la señal aparece y desaparece, los datos móviles apenas permiten enviar un mensaje y las llamadas se entrecortan. Hay momentos en que el teléfono marca 3G —la 4G no existe— y, aun así, navegar resulta imposible: un espejismo tecnológico donde parece haber cobertura, pero no servicio.
Historias similares se repiten en distintas provincias. Usuarios reportan noches enteras sin conexión, zonas funcionando únicamente en 2G y comunidades incomunicadas durante días.
Con el tiempo, muchos cubanos han desarrollado estrategias para lidiar con estas limitaciones: identificar el lugar de la casa donde entra mejor la señal, esperar la madrugada para conectarse o desplazarse hasta azoteas, portales y otros puntos donde la cobertura mejora ligeramente. En algunas comunidades rurales incluso proliferan antenas artesanales para amplificar la señal.
Las fallas han dejado de parecer excepcionales para convertirse en parte del paisaje cotidiano. Y es entonces cuando el apagón deja de ser solo un problema eléctrico para convertirse también en el símbolo de otra crisis: la de una infraestructura que cada vez encuentra más dificultades para sostener un servicio esencial en la vida diaria.
Datos ilimitados: ¿para qué?
Las constantes promociones de recargas internacionales contrastan con una realidad mucho menos entusiasta: la de miles de cubanos que, aun teniendo paquetes de datos activos, apenas logran conectarse.
Mensajes como “ETECSA Promo internacional: multiplique por 6 su recarga + datos ilimitados de 12 a. m. a 7 a. m. por 30 días” circulan con frecuencia en los móviles. Sin embargo, lejos de generar expectativa, suelen provocar frustración. La contradicción resulta evidente: se comercializa un servicio que, en la práctica, no siempre puede sostenerse.
En otros contextos, cuando un servicio falla de manera prolongada, existen mecanismos de compensación para el usuario. En Cuba, en cambio, los planes consumen su vigencia aunque la conexión no exista. El usuario pierde datos, dinero y oportunidades sin una respuesta clara.
La dependencia digital, entretanto, no deja de crecer. Para muchas familias, una recarga implica renunciar a otras necesidades del mes; otras dependen por completo del apoyo de familiares en el exterior. La conectividad dejó hace tiempo de ser un gasto secundario para convertirse en una necesidad cotidiana, lo que acentúa el malestar cuando el servicio no responde a la expectativa creada.
Durante años, el acceso a internet fue presentado como un signo de modernización tecnológica y generó expectativas de mejora sostenida. Hoy esa percepción se ha debilitado.
Una de las fracturas más visibles está en la relación entre el usuario y la empresa proveedora. El consumidor no puede elegir otro operador ni comparar servicios: depende de un único proveedor estatal que fija precios, define planes y controla la infraestructura. A diferencia de un mercado competitivo, donde la insatisfacción suele traducirse en pérdida de clientes y presión para mejorar, aquí esa dinámica no existe.
La población percibe así una relación desigual: obligaciones económicas cada vez mayores frente a un servicio que no siempre responde en la misma medida. Quizás por eso las descripciones más sinceras de esta crisis no aparecen en los informes oficiales, sino en los comentarios cotidianos en redes sociales, donde se mezclan la ironía, el cansancio y la resignación.
La narrativa institucional ha insistido en factores como el embargo estadounidense, la falta de recursos o la crisis energética. Aunque esas limitaciones son reales y afectan la infraestructura, para muchos usuarios no explican por completo el deterioro del servicio. La pregunta persiste: ¿dónde termina realmente lo que se recauda con recargas internacionales y planes de datos cada vez más costosos, si la experiencia cotidiana no muestra una mejora proporcional?
El “tarifazo” y la paciencia agotada
Desde las polémicas modificaciones tarifarias de ETECSA el pasado año, el malestar en torno a las telecomunicaciones en Cuba ha ido en aumento. Según datos expuestos por Manuel Marrero Cruz, la empresa recaudó más de 24 millones de dólares en apenas 46 días tras la implementación de las nuevas medidas. En la Asamblea Nacional se habló de ingresos diarios que pasaron de unos 10 mil dólares a más de 540 mil.
Las cifras son contundentes. Pero en la calle la lectura es otra: el servicio no ha mejorado al mismo ritmo. A ello se suma el Índice de Apertura de Internet en Cuba, elaborado por CubaPK y la plataforma El Toque, que en su medición del 9 de junio ubicó al país en 42 puntos sobre 100, con indicadores marcados por baja velocidad y alta latencia. Más allá de los números, la percepción generalizada es que el “tarifazo” no se ha traducido en una mejor experiencia para el usuario.
Muchos cubanos entienden el contexto económico del país. La crisis energética, la falta de combustible y las limitaciones materiales son realidades conocidas. Sin embargo, la inconformidad aparece cuando, incluso con electricidad disponible, la conexión sigue siendo inestable o inexistente.
El “tarifazo” llegó, además, en uno de los momentos más difíciles para la economía cubana en años. La caída del poder adquisitivo, la inflación y la escasez de bienes básicos ya habían reducido al mínimo el margen de las familias. Para muchas, pagar datos móviles implica dejar de comprar algo, aplazar otra necesidad o depender aún más de remesas.
En Cuba, conectarse dejó de ser un lujo. Es parte del trabajo, del estudio, de la economía doméstica y del vínculo con familiares en el exterior. Sin embargo, internet continúa siendo uno de los servicios más caros en relación con el salario promedio. El paquete adicional de 2 GB por 1200 CUP queda fuera del alcance de muchos hogares y, con un salario medio cercano a los 5 mil CUP y una inflación que reduce el poder adquisitivo mes tras mes, mantenerse conectado vuelve a convertirse en una decisión difícil para muchas familias.
En ese escenario ha crecido otro fenómeno paralelo: el mercado informal del saldo telefónico. El límite mensual de 360 CUP se revende en plataformas y redes sociales por cifras que superan con facilidad los 1000 pesos. Lo que comenzó como una regulación terminó generando un circuito paralelo donde el saldo funciona casi como una moneda alternativa y amplía las brechas de acceso.
Quienes reciben recargas desde el exterior acceden a bonos, promociones y mayores posibilidades de conectividad. Quienes dependen únicamente de ingresos en moneda nacional enfrentan una experiencia mucho más limitada. Internet, que en teoría debía ampliar oportunidades y reducir distancias, termina reflejando desigualdades económicas y familiares cada vez más marcadas.
A ello se suma la percepción de que el aumento de ingresos no se corresponde con una mejora visible del servicio.
¿Digitalizar un país desconectado?
En los últimos años, una parte importante de los trámites cotidianos ha migrado al entorno digital. Pagos bancarios, comercio electrónico, turnos institucionales, consultas médicas, certificaciones, trámites registrales e incluso procedimientos migratorios dependen, en mayor o menor medida, de conexión a internet. La informatización ha sido presentada como una pieza clave de la modernización del país. El problema aparece cuando esa transformación avanza más rápido que la infraestructura que debería sostenerla.
Hoy muchos de esos trámites exigen electricidad estable, un teléfono inteligente, saldo disponible, aplicaciones actualizadas y, sobre todo, una conexión que funcione cuando realmente se necesita. Cuando alguno de esos elementos falla, hacer un pago, solicitar un documento o acceder a una plataforma estatal puede convertirse en una carrera contra la batería del teléfono, la caída de la señal o una página que nunca termina de cargar.
Solo en lo que va de 2026 se han incorporado nuevas herramientas al sistema de pagos electrónicos y a los servicios en línea del Estado. Transfermóvil amplió sus funciones, incluyendo la reserva de turnos para trámites bancarios, mientras se han extendido plataformas de identidad digital, solicitudes de certificaciones y consultas de registros públicos. La entrada en vigor de la Ley 180 del Registro Civil refuerza además la creación de un registro electrónico nacional.
En teoría, el rumbo parece coherente: menos burocracia, menos papel y más agilidad. En la práctica, el recorrido es más accidentado. Un ejemplo reciente es la posibilidad de solicitar el pasaporte completamente en línea a través de la plataforma Soberanía. La medida representa un avance, pero casi al mismo tiempo comenzaron a multiplicarse en redes sociales los mensajes de siempre: “No carga la página”, “No puedo acceder al sitio”, “El pago no se completa” o “Lleva horas en proceso”. La promesa de eliminar colas físicas dio paso, para muchos, a otro tipo de espera: la de una pantalla que no responde.
El problema no está en la idea de digitalizar, sino en que ese avance depende de una infraestructura que no siempre garantiza lo mínimo para sostenerlo. Algo similar ocurre con los pagos digitales de servicios básicos, donde son frecuentes las transferencias inconclusas, las caídas de los sistemas bancarios o los pagos que no logran completarse por fallos de conexión. En ese escenario, la digitalización deja de simplificar la vida cotidiana y añade una nueva capa de incertidumbre.
El impacto tampoco es igual para todos. Personas mayores, habitantes de zonas rurales, familias con bajos ingresos o ciudadanos sin acceso constante a dispositivos adecuados enfrentan barreras adicionales para incorporarse a este entorno digital. La brecha ya no es solo tecnológica; también es económica, territorial y generacional.
¿Puede una sociedad avanzar hacia la digitalización plena cuando, en muchos lugares, conectarse sigue dependiendo de encontrar una ventana, una azotea o un punto específico de la casa donde “llega la señal”?
Sin respuesta
En teoría, ETECSA dispone de canales de atención al cliente, oficinas comerciales, líneas telefónicas y espacios digitales para tramitar inconformidades. En la práctica, miles de usuarios describen otra experiencia: dificultades para contactar con un especialista, demoras prolongadas y respuestas que rara vez llegan acompañadas de soluciones concretas.
Las explicaciones suelen repetirse: problemas energéticos, mantenimiento, congestión de la red o limitaciones técnicas. Argumentos que pueden ser reales, pero que pierden fuerza cuando las fallas se prolongan durante semanas o meses. Muchos ciudadanos cuentan que reclamar se convierte en un ciclo sin fin: llamar, explicar el problema, reiniciar el teléfono, esperar… y volver a empezar. La sensación es la de un reporte que se pierde en algún punto del sistema.
El problema no es únicamente que falle el servicio, sino la percepción de que no existe un mecanismo claro, ágil y transparente para atender al usuario y dar seguimiento real a las incidencias. A ello se suma otro elemento que atraviesa casi todas las conversaciones sobre el tema: la ausencia de competencia.
En medios como Cubadebate abundan comentarios que mezclan ironía y frustración. Frases como “Pagas por adelantado por un servicio que no puedes usar”, “la 4G de Cuba es la 3G del mundo” o referencias críticas a la consigna “Tanto en la guerra como en la paz, mantendremos las comunicaciones” reflejan un malestar que trasciende las fallas técnicas.
Detrás de esas quejas hay un desgaste acumulado. La conectividad dejó de ser un servicio accesorio: hoy sostiene el trabajo, el estudio, la economía familiar y la comunicación cotidiana. Por eso, cuando falla, no solo se interrumpe una tecnología, sino también la vida diaria.
En ese contexto, el debate sobre las telecomunicaciones va más allá de la crisis energética o las limitaciones técnicas. También implica transparencia, atención al usuario y el derecho a un servicio confiable. Más que nuevos discursos, la población reclama respuestas claras, seguimiento efectivo a las quejas y soluciones concretas. De lo contrario, las promesas de “datos ilimitados” seguirán ampliando la distancia entre lo que se anuncia y la experiencia real de los usuarios.
