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La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó este jueves un paquete legislativo que incluye la nueva Ley de la Vivienda; la de Tierra Agropecuaria y Forestal; del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, así como la reorganización de la Administración Central del Estado, que reduce de 27 a 21 los ministerios, un proceso que ha dejado excedentes, en un primer momento, a poco más de 90 mil empleados.
Las decisiones, presentadas como parte de un proceso de modernización institucional, han desatado tanto expectativas como controversias en la sociedad cubana.
La Ley de la Vivienda: un cambio estructural
La nueva legislación sobre la vivienda constituyó el eje central de la jornada parlamentaria. Reconoce el derecho de las personas naturales a poseer hasta dos viviendas en propiedad, además de una destinada al descanso o veraneo, y elimina la confiscación de inmuebles por salida definitiva del país, una medida que durante décadas generó tensiones y dramas entre emigrados y residentes.
El ministro de la Construcción, René Antonio Mesa Villafaña, explicó que la norma es fruto de un proceso de consulta que incluyó más de 10 mil opiniones y 158 mil interacciones en redes sociales. La ley se articula en 16 capítulos y 190 artículos, y busca enfrentar el déficit habitacional, que se acerca al millón de inmuebles, con un enfoque integral y sostenible.
Entre sus novedades destacan la creación del Programa Nacional de Desarrollo Habitacional, con participación de cooperativas, microbrigadas, mipymes y entidades inmobiliarias; la posibilidad de transmitir viviendas en ruina a personas naturales o jurídicas para su recuperación; la flexibilización de contratos de compraventa y la autorización de edificaciones productivas dentro de inmuebles residenciales, previa licencia. A su vez, contempla un tratamiento diferenciado para barrios precarios y jóvenes, considerados población priorizada.
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La norma también otorga mayor protagonismo a los municipios, que podrán adquirir viviendas para personas vulnerables y financiar parcialmente su costo. Las inconformidades pasarán directamente a los tribunales, eliminando recursos administrativos previos.
La aprobación de la Ley de la Vivienda ha sido recibida con optimismo por sectores que ven en ella una oportunidad para dinamizar la construcción y ampliar derechos de propiedad. Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad real del Estado y de los nuevos actores económicos para ejecutar proyectos en medio de la crisis de materiales, energía y financiamiento.
Ley de Tierras: autorización de la compraventa de terrenos hasta un límite de 67,10 hectáreas
En la misma sesión, la Asamblea Nacional aprobó la Ley “De Tierra Agropecuaria y Forestal”, concebida para poner la tierra a producir en función de la soberanía alimentaria y la justicia social.
La norma es resultado de un proceso participativo iniciado en octubre de 2022, con consultas en todas las provincias y la intervención de productores, académicos y diputados, que derivaron en 30 modificaciones al proyecto original.
Por primera vez se establecen los principios rectores de la propiedad, posesión y uso de la tierra. La ley impulsa la agricultura en pequeña y mediana escala, al tiempo que fomenta polos productivos de mayor dimensión, articulados mediante la agricultura por contrato. Este esquema busca integrar a los productores en cadenas de valor más sólidas y garantizar un abastecimiento estable.
La ley reconoce actividades complementarias como el agroturismo, ecoturismo y turismo rural, con el objetivo de diversificar ingresos y aprovechar el potencial cultural y ambiental de las zonas agrícolas. Se trata de una apertura inédita que vincula la producción con el desarrollo local y el turismo sostenible.
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Compraventa y sucesión
Otro aspecto relevante es la autorización de la compraventa de tierras hasta un límite de 67,10 hectáreas, con derecho preferente del Estado y previa autorización de la Comisión Municipal de Asuntos Agrarios. Se flexibiliza además la entrega de tierras ociosas en usufructo a personas naturales, jurídicas, extranjeras y mipymes, y se reconoce la herencia por testamento, ampliando las garantías de sucesión.
La ley introduce un cambio significativo al reconocer derechos de los usufructuarios sobre las viviendas construidas en tierras entregadas, con posibilidad de legalizarlas en propiedad. Este paso busca dar estabilidad a las familias campesinas y fortalecer el arraigo en las comunidades rurales.
Finalmente, se establece la vía judicial para resolver conflictos agrarios, lo que otorga mayor seguridad jurídica a los productores y abre un espacio institucional para dirimir disputas sobre propiedad y uso de la tierra.
El diputado y productor Emilio Interián Rodríguez, famoso por su defensa del emprendimiento personal y sus críticas a la desidia en el sector estatal, calificó la norma como “extremadamente revolucionaria” y sentenció: “lo que hay que hacer es ponerla a producir”.
Identidad y domicilio: biometría avanzada
El Parlamento aprobó igualmente la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, que amplía el registro de identidad de los cubanos dentro y fuera de la isla. La norma concentra la información en el Ministerio del Interior e introduce tecnologías biométricas como el registro de voz, iris, color de piel y estatura, además de las huellas y fotografías tradicionales.
El primer coronel Mario Méndez, jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería, calificó el proyecto como de “alto impacto”. Sin embargo, organizaciones independientes como Cubalex han advertido que podría convertirse en una herramienta de vigilancia y control social, al carecer de garantías eficaces para limitar el uso estatal de los datos.
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Reorganización ministerial: menos carteras, más polémica
La tercera decisión de la jornada fue la aprobación de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, que reduce de 27 a 21 los ministerios. La medida se inscribe en un paquete de 176 transformaciones para liberalizar y descentralizar la economía, golpeada por seis años de crisis y las sanciones de Washington.
La reorganización implicó la abolición del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el CITMA, y la creación de un Ministerio de Medio Ambiente independiente. Esta segregación, lejos de ser recibida con consenso, generó una fuerte corriente de protesta en redes sociales, donde expertos y profesionales cubanos cuestionaron la fragmentación institucional y alertaron sobre posibles duplicidades y pérdida de coordinación en políticas ambientales.
Sin embargo, para otros el reajuste dará mayor visibilidad a la agenda ecológica en un archipiélago acosado por sequías cada vez más severas y otros fenómenos extremos, como huracanes de gran intensidad, la desertificación y la erosión de las tierras cultivables.
Las reformas llegan en un momento crítico. El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos en enero multiplicó los apagones, y las sanciones de mayo provocaron la salida de siete cadenas hoteleras internacionales que gestionaban casi la mitad de las habitaciones del país, además de otras muchas cancelaciones comerciales y operacionales de importancia. En este escenario, la ANPP busca dar señales de modernización y apertura, aunque las medidas despiertan tanto esperanza como escepticismo.
