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El exfiscal especial Jack Smith estudió en la Universidad Estatal de la ciudad de Nueva York (SUNY), de donde se graduó summa cum laude en 1991, y luego en la Facultad de Derecho de Harvard, en la que hizo su doctorado.
Trabajó entonces en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan (1994–1999) para después unirse a la oficina de Brooklyn del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.
De 2008 a 2010 fue director de investigaciones en la Corte Penal Internacional en La Haya, hecho que le aportaría credenciales por su desempeño en conflictos internacionales.
A su regreso a Estados Unidos aceptó ser el jefe de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, que investiga y procesa a políticos y funcionarios gubernamentales acusados de corrupción.
Más tarde fue primer asistente del fiscal federal y luego fiscal federal interino del Distrito Medio de Tennessee (2015-2017), y vicepresidente y jefe de litigios de Hospital Corporation of America (2017-2018).
En 2018 fue fiscal especializado en crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio cometidos contra ciudadanos de Kosovo entre 1998 y 2000.
En noviembre de 2022, poco después de que Trump declarara su candidatura a la nominación presidencial republicana, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que la responsabilidad de las investigaciones del Departamento de Justicia sobre Trump recaería sobre un fiscal especial, lo cual ayudaría a que estas no fueran percibidas como políticamente motivadas o intentos de desacreditar al expresidente de cara a las elecciones.
“Este nombramiento —declaró entonces Garland— subraya el compromiso del Departamento de Justicia con la independencia y la rendición de cuentas en asuntos particularmente delicados. También permite a los fiscales y agentes continuar su trabajo con rapidez y tomar decisiones indiscutiblemente guiadas únicamente por los hechos y la ley”.
La selección de Smith estuvo determinada por su amplia experiencia en el procesamiento de funcionarios gubernamentales de alto rango y por su reputación de profesional de demostrada tenacidad y eficiencia.
También resultó definitiva su condición de “sabueso” con credenciales de haber procesado tanto a un senador en funciones como a miembros de pandillas finalmente condenados por asesinar a agentes de la policía neoyorquina.
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“Es un investigador fenomenal, no deja piedra sin remover. Profundiza para llegar a los hechos reales”, dijo un excolega suyo.
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Smith dirigió dos investigaciones penales federales sobre Donald Trump. La primera, en agosto de 2023, lo acusó de cuatro delitos graves relacionados con los intentos de anular los resultados electorales, incluyendo conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos.
Había logrado documentar en su expediente acciones del mandatario republicano como reclutar a falsos electores, presionar al vicepresidente Mike Pence y promover falsas denuncias de fraude electoral que culminaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Pero en noviembre de 2024 el caso fue desestimado por la jueza de distrito Tanya Chutkan después de que el propio Smith solicitara su sobreseimiento.
La razón fue muy sencilla. La política del Departamento de Justicia prohíbe procesar criminalmente a un presidente en funciones. La desestimación fue “sin perjuicio”, lo cual deja la posibilidad de un futuro procesamiento, al menos técnicamente.
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La segunda investigación penal federal fue la de los documentos robados por Trump de la Casa Blanca. En junio de 2023 Smith lo acusó de 37 delitos graves, incluidos retención deliberada de información sobre defensa nacional, declaraciones falsas y conspiración para obstruir la justicia.
Estos cargos involucraban el manejo indebido de documentos clasificados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, y la obstrucción de los esfuerzos del FBI por recuperarlos.
Pero en julio de 2024 el caso fue desestimado por la jueza federal de distrito Aileen Cannon, designada por Trump. El nombramiento de Smith como fiscal especial era inconstitucional, alegó la funcionaria.
Smith entonces acudió ante el Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito, pero la apelación fue desestimada en noviembre de 2024 tras la reelección de Trump.
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En su momento, fanáticos y seguidores de Trump reaccionaron a esas investigaciones considerándolas, según lo usual, una instrumentalización (weaponization) del Departamento de Justicia.
Contribuyeron a crear una atmósfera en la que incluso hubo que tomar medidas para proteger la integridad personal de Smith y la de su familia. Eran, básicamente, los mismos actores que asaltaron el Capitolio aquel 6 de enero.
El abogado de Smith, Cecil VanDevender, dijo a los jueces de la corte de apelaciones del DC que el exfiscal había estado “sujeto a múltiples amenazas” y recibido “comunicaciones intimidantes”.
Todo formaba parte de un expediente en el que figuraban amenazas violentas contra agentes del FBI, jueces federales —incluido un juez de la Corte Suprema—, candidatos presidenciales, miembros del Congreso, efectivos del Ejército y trabajadores electorales, entre otros.
En enero de 2025 Smith tuvo que renunciar a su cargo días antes de que Trump regresara al poder. Pero ahora la Oficina del Fiscal Especial (OSC) está acudiendo a un procedimiento institucional para tratar de deslegitimarlo.
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De acuerdo con trascendidos, la Oficina del Fiscal Especial (OSC) ha iniciado una investigación sobre Jack Smith. La agencia federal independiente le confirmó a CBS News que se debía a “posibles violaciones de la Ley Hatch, un estatuto federal que limita ciertas actividades políticas de los empleados federales”.
La pesquisa, impulsada por el senador Tom Cotton —republicano por Arkansas—, alega que las acciones de Smith al procesar a Trump tuvieron motivaciones políticas para apoyar la campaña Biden-Harris.
El congresista sostiene que Smith había presionado para hacerle un “juicio apresurado” a Trump. “Fueron las acciones de un actor político que se hizo pasar por funcionario público”, escribió en X. “Por eso he solicitado que la OSC investigue de inmediato esta interferencia sin precedentes en las elecciones de 2024”.
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Lo que no suelen decir ciertos medios es que esta movida forma parte de la política de “retribución” y de acciones concretas contra quienes se hayan colocado contra “el rey” una vez declarados enemigos políticos. Sin duda, uno de los rasgos distintivos de la actual oleada populista.
Conviene seguir esta acción lupa en mano. En febrero Trump despidió al exjefe de la Oficina del Fiscal Especial, Hampton Dellinger, y en mayo eligió a Paul Ingrassia, presentador de podcasts de derecha y un acérrimo de MAGA, para dirigir la Oficina del Fiscal Especial (en estos momentos su nominación está estancada en el Senado).
Es esa justamente la instancia a la que apela Cotton, un individuo procedente del Tea Party y uno de los seguidores incondicionales del presidente, quien lo tiene en su agenda y con frecuencia le pregunta sobre una variedad de temas/problemas. Desde posibles nominaciones a la Corte Suprema hasta nuevos miembros de su gabinete.
Durante un tiempo, a Cotton se le consideró el principal candidato para reemplazar a Mike Pompeo como director de la CIA, pero varios asesores del presidente lo impulsaron en una dirección distinta. Su consejo: Cotton era mucho más valioso si se le dejaba en el Congreso.
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Por último, pero no menos importante, a fines de julio la directora de Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, acusó al expresidente Barack Obama de politizar la inteligencia. Remitió todo un expediente al Departamento de Justicia alegando “conducta engañosa” por parte de la Administración Obama.
Expertos legales como el exabogado de ética de la Administración Bush, Richard Painter, han cuestionado la base para alegar violaciones de la Ley Hatch, señalando que los fiscales rara vez son declarados responsables de esas acciones si no hay declaraciones partidistas públicas explícitas.
Por su parte, el exfiscal federal de Arkansas, el republicano Bud Cummins, acaba de declarar lo siguiente: “Históricamente, las dictaduras totalitarias se originan acusando falsamente a sus oponentes políticos y luego abusando de sus poderes judiciales para eliminarlos”.
