¿Para qué sirve el Derecho?

En los años 90 del siglo pasado en Cuba se empezó a decir que el Derecho era el deporte del pueblo, y no al revés, como se leía en un enorme cartel en la Ciudad Deportiva de La Habana.

Algunos hemos repetido con obstinación de buey en el surco que el Derecho ha sido parte de la identidad de Cuba como nación, que ha estado presente en la imaginación de los que pensaron en nosotros como país desde finales del siglo XVIII, que es apreciable, comenzadas las guerras de independencia, cómo se le privilegió frente a otras alternativas más pragmáticas. Dígase Constitución de Guáimaro con dirección civil de la contienda bélica antes que preponderancia del poder militar, y dígase Constitución de Baraguá antes que solo un grito de guerra.

La violación de la Constitución republicana nacional por el intento de prórroga de poderes de Gerardo Machado movilizó a grupos disímiles y activó una revolución en la que participaron juntas –pero no revueltas– tanto la derecha como la izquierda cubanas.

La Constitución de 1940 es tal vez la más importante consecuencia de la revolución de los años 30; tanto, que en 1952 Fulgencio Batista perdió toda su legitimidad como el recordado sargento que participó en la caída del tirano en 1933 y como el primer presidente de la moderna Constitución que abrió la década, al dirigir un golpe de Estado que lo llevó en poco tiempo a encabezar una tiranía que asesinó mujeres y hombres por doquier, sobre todo jóvenes.

El ultraje a la Constitución de 1940 expuso a otro joven, Fidel Castro, como novísimo abogado que se atrevió a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la violación de la magna carta por los Estatutos Constitucionales de Batista.

En el juicio por los sucesos del 26 de julio de 1953, Fidel dijo que la Constitución de 1940 debía ser repuesta como primera tarea de un nuevo gobierno. El Derecho no solo era un ámbito del deber ser ordenado y válido, sino que era una vía de movilización y lucha que usaba con prestancia el pensamiento y la acción revolucionaria en Cuba. Por esta razón, el testigo activo de aquellos años 50 que es Armando Hart ha dicho que en Cuba todas las revoluciones se han hecho para defender una Constitución.

Nuestro Derecho fue primero español, también criollo, se inflamó de revolución en la manigua con las leyes de las Cámaras de Representantes de la República de Cuba en Armas, se modernizó con las formas del Derecho norteamericano en la neocolonia, bebió del más avanzado pensamiento europeo y americano antes de 1959. Tuvo una enorme influencia de las ideas y quehaceres de los juristas soviéticos después y cargó con la cruz de la inocencia que alimentaba el sueño de que el comunismo estaba al doblar de la esquina, lo que le hizo desfallecer ante otras necesidades. Parecerá una broma hoy, pero llegamos en Cuba a creer que los delitos desaparecerían con el asentamiento de la conciencia socialista y será muy fácil entender que mucho Derecho se consideró burgués y por lo tanto borrable.

En esta ola de nihilismo, que no arrasó solo en el mundo jurídico, se ahogaron la Filosofía del Derecho, el Derecho Financiero, el Derecho Mercantil… por citar algunos naufragios; pero todos volvieron años después, cuando fue evidente que la construcción del socialismo era imposible sin el acumulado de siglos de ciencia jurídica, mucha de ella más vieja que la propia burguesía y por lo tanto más vieja que el capitalismo.

A diez años de la aprobación popular de la Constitución de 1976, una investigación fomentada por la Asamblea Nacional del Poder Popular recogía datos alarmantes sobre el escaso conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico por el pueblo cubano, pero sobre todo por la dirigencia. Era notable, por ejemplo, el poco respeto que merecía la Constitución de la República entre los encuestados, lo que se traducía en un afán por privilegiar otras disposiciones normativas del Estado por encima de la Constitución, entiéndase Decretos Leyes del Consejo de Estado o Decretos del Consejo de Ministros.

Cuarenta años después de nuestro último referendo, todos los males anteriores se han enquistado, son enfermedades crónicas de la sociedad cubana y su Estado. La Constitución no se usa en las sentencias de los tribunales de justicia para argumentar una decisión, no se menciona en los documentos oficiales de la Administración Pública, no se conoce su contenido por nosotros, la gente.

Ninguno de estos síntomas significa simple incultura, es más adaptación al medio. No somos un pueblo tonto que no lee la Constitución: somos un pueblo práctico que sabe que se puede vivir y “resolver” sin necesidad de leer un solo documento legal, y menos la Constitución.

La carta magna no está acompañada de un proceso que la proteja solo a ella. Nos acostumbramos a mencionarla como literatura y no como ley. Para defender un postulado constitucional necesitamos un proceso indirecto que intente poner en su lugar un derecho regulado en el Código Civil, en el Penal, en el de Familia, por mencionar algunos ejemplos. Aquel recurso que entregó Fidel en 1952 no existe en Cuba hace ya mucho tiempo. No existe el recurso legal para defender la Constitución, no existe la sala o el tribunal que se ocupe de atender esos procesos.

Todas aquellas instituciones eran burguesas, o eso fue lo que se creyó en aquellos años turbulentos de creación y desmontaje. Pero se olvidó algo por el camino. Si la Constitución es socialista, no puede creerse su defensa sea burguesa. Una Constitución socialista también necesita ser protegida y todas las formas para lograr esa protección serían en todo caso socialistas.

Al despojar a la Constitución de mecanismos de aplicación directa, la convertimos en una señora venerable sola en su caserón vacío. El Habeas Corpus, que a tantos revolucionarios ha salvado en la historia de Cuba está previsto en la Ley de Procedimiento Penal y muy pocos abogados se atreven a presentarlo ante los tribunales. Debería estar en la Constitución como constancia del régimen de libertad que defendemos los cubanos y las cubanas.

El recurso de Amparo que tanta fama le ha dado a la Constitución mexicana y que habilita una forma de defensa de derechos a la mano de cualquier persona, sin necesidad de muchos artilugios legales, no está en nuestra Constitución.

Una institución política o judicial que se ocupe de recibir demandas por violación de la Constitución tampoco existe en Cuba. Es esta una tarea que de oficio debe hacer la Asamblea Nacional del Poder Popular y no conocemos, hasta hoy, un documento oficial de este órgano que declare la inconstitucionalidad de un acto de la administración o de una disposición normativa cualquiera, en cuarenta años de vigencia de esta Asamblea.

El Derecho en Cuba ha servido mucho; también ha hecho mucho daño, como toda creación humana. Ha habido Derecho liberador y Derecho del despojo. En nuestra historia ha habido normas jurídicas que han sostenido a los ricos durante largas épocas, pero también regulaciones que han devuelto las cosas a los desamparados. Hemos tenido sentencias admirables y otras de monstruosa injusticia. Es así el Derecho en todas partes.

Pero, ¿para qué sirve el Derecho ahora? Algunos creemos que debe servir para luchar por el socialismo democrático. El Derecho casi siempre ha sido usado por los poderosos pero no nació con esa intención. Dentro de sus principios está el de la defensa del más débil, el de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario en un proceso, el de que todos debemos ser juzgados por leyes que existan de antemano y que deben ser públicas, que no puede haber normas jurídicas secretas, que la tortura invalida la confesión de un reo penal, que la expropiación de la propiedad personal solo es posible dentro de un proceso legal que incluya la indemnización del perjudicado, que los tribunales de justicia deben ser independientes y deberse solo a la ley, que en la República el pueblo es el soberano y nadie es más importante que la legalidad, que en la creación y aprobación de la Constitución, si el pueblo no es protagonista, volveremos a entronizar el juego brutal del desmoronamiento del Estado de Derecho.