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El Tribunal Provincial Popular de La Habana inició este martes 10 de junio el juicio oral y público contra un grupo de jóvenes implicados en los disturbios ocurridos en 2024 en las inmediaciones de la Finca de los Monos, un centro recreativo de la capital.
Según reportó la televisión estatal, la Fiscalía presentó cargos por los delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos.
En total, hay 20 acusados: siete permanecen bajo prisión provisional, dos por hechos posteriores y los otros 11 enfrentan el proceso en libertad.
El juicio se produce exactamente un año después del incidente, calificado inicialmente por el Noticiero Nacional de Televisión (NTV) como un “altercado”, “desorden” y “enfrentamiento” entre grupos de jóvenes, previo a una actividad dirigida a adolescentes de entre 12 y 18 años en la Finca de los Monos.
Aunque medios oficiales insisten en que la actividad no fue “aprobada” por las autoridades municipales y provinciales y que “no participó la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)”, versiones previas indican lo contrario.
Se supo que el evento sí fue promocionado incluso en medios estatales y en redes sociales por sus organizadores, especialmente el grupo creativo Klatus y su proyecto Habanarte.
Disturbios: ¿Qué sucedió hace un año en la Finca de los Monos?
Se presentó como un espacio cultural para el inicio del verano, en coordinación con “la Finca de los Monos y el Gobierno del Cerro”, donde no se venderían bebidas alcohólicas ni cigarrillos, según la convocatoria entonces.
La ausencia de planificación institucional y de servicios básicos de seguridad y salud fue uno de los puntos que más destacó el NTV en su momento para explicar la magnitud del suceso.
“No había presencia policial ni médica… ni se contó con otros apoyos imprescindibles para el desarrollo exitoso” de la actividad, reconoció el reporte oficial.
Los disturbios, según se explicó, comenzaron mientras los adolescentes hacían la cola para entrar al recinto.
Dos grupos comenzaron a enfrentarse con “tono amenazante” y “gestos y actitudes intimidatorias”.
La policía intervino tras una denuncia ciudadana, aunque más tarde fue necesaria su presencia en una segunda confrontación, en la intersección de Albear y Palatino.
Como resultado hubo ocho personas heridas y se detuvieron varios jóvenes, todos entre los 16 y 20 años de edad.
Presencia de armas blancas
Diez días después de los hechos, el Ministerio del Interior inició un proceso penal para determinar quiénes portaban armas blancas y tenían la supuesta intención de crear disturbios.
“Se inició un proceso penal por los órganos del Ministerio del Interior”, confirmó en su momento la vicefiscal provincial Yaimara Angulo González.
Las autoridades también han puesto el foco en quienes, según afirman, divulgaron “noticias falsas” que aseguraban que había fallecidos durante los disturbios.
“Se tiene que establecer con qué propósito lo hicieron y con qué finalidad alarmaron a la población manifestando que se estaba produciendo la muerte de los jóvenes”, añadió la funcionaria.
Un año después, y sin dar detalles, el tribunal asegura que, en cumplimiento de la ley, se ha garantizado el respeto a los derechos de los acusados.
El tono pedagógico del proceso judicial también los subrayaron los medios oficiales, que lo presentan como parte de un esfuerzo para “contribuir a la formación de la conciencia del respeto a la legalidad socialista”.
