Tres expertos y relatores de la ONU condenaron este jueves la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, donde la gente sufre de constantes cortes de electricidad y escasez de productos vitales, creando sobre la isla una situación de bloqueo total de crudo.
«No hay una justificación bajo el derecho internacional a imponer sanciones económicas a terceros estados por participar en intercambios legítimos con otro Estado soberano», subrayaron.
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«Estas medidas de bloqueo (…) pueden acabar constituyendo un castigo colectivo a los civiles», agregaron.
A su juicio, la definición de Cuba como «una amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad de Estados Unidos y la acusación de que apoya a grupos terroristas transnacionales carecen de credibilidad y «parecen creadas para justificar el uso extraordinario de poderes coercitivos».
Recordaron también que la orden ejecutiva del 29 de enero, en la que Trump decreta este bloqueo, supone un acto unilateral y carece de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
En concreto, viola los principios de igualdad soberana, no intervencionismo y autodeterminación reflejados en la Carta de Naciones Unidas y los marcos internacionales de comercio definidos, entre otros, por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El grupo de relatores también se mostró preocupado por las probables consecuencias humanitarias del bloqueo en la población cubana.
«Cuba ya está experimentando cortes de energía severos debido a las sanciones estadounidenses previas, con apagones de más de 20 horas en muchas zonas, afectando a la refrigeración de la comida y de los alimentos y contribuyendo a las crisis de salud pública», denunciaron.
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El combustible es igualmente indispensable para la generación de electricidad, los sistemas de agua y saneamiento, los hospitales, el transporte público y la producción de alimentos, entre otros.
Los relatores urgieron al Gobierno estadounidense a anular inmediatamente la orden ejecutiva y a detener el uso de medidas económicas extraterritoriales.
El comunicado lo firmaron el experto en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo George Katrougalos; el relator para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul; y el relator sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri.
