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“Es lindo envejecer luchando”, dijo alguna vez Estela de Carlotto. Y ahí estaba, a sus 94 años, con el bastón como una prolongación de la memoria, sobre el escenario, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo observando a la multitud. A su lado, las pocas que aún siguen vivas: mujeres que cargan casi un siglo sobre los hombros y un dolor que no envejece. Hijos e hijas desaparecidos. Nietos robados.
La plaza, otra vez, estuvo colmada. Cientos de miles. Una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años. No es para menos: este 24 de marzo se cumplieron cincuenta años del golpe de Estado de 1976 en Argentina, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instauraron la última dictadura del siglo XX en el país.
Sin embargo, aquel quiebre no fue un hecho aislado. La historia argentina arrastraba una larga secuencia de interrupciones institucionales: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966. Un golpe por década. La persistente injerencia militar en la vida política evidenciaba una democracia frágil, permanentemente asediada. Pero el de 1976 sería distinto. Más sistemático. Más brutal. El más sangriento.
La dictadura, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, no fue solo un gobierno de facto: constituyó un régimen de terrorismo de Estado. Una maquinaria diseñada para disciplinar a la sociedad a través del miedo. Secuestros, desapariciones forzadas, torturas, exilios, apropiación de bebés. Un plan que la Justicia, años después, definiría con precisión: un sistema organizado de exterminio.
A lo largo del país se desplegó una red de más de 800 centros clandestinos de detención: espacios invisibles donde se interrogaba bajo tormento, se violaba, se mantenía a personas en cautiverio ilegal y, en la mayoría de los casos, se las asesinaba. Allí se ejecutó buena parte del horror.
También se probó la existencia de los llamados “vuelos de la muerte”: prisioneros arrojados vivos desde aviones al Río de la Plata. La desaparición como método. El cuerpo negado como estrategia.
La Junta Militar —integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti— condujo ese proceso con el objetivo declarado de combatir la “subversión”, pero también de reconfigurar el país bajo una doctrina de seguridad nacional que contó con el respaldo de sectores civiles, empresariales y eclesiásticos. En paralelo, se implementó un programa económico que profundizó la concentración de la riqueza, incentivó la especulación financiera y deterioró el salario real.
El saldo fue devastador: 30 mil detenidos-desaparecidos, según los organismos de derechos humanos. Cerca de 500 bebés apropiados. Un país atravesado por la ausencia.
La dictadura comenzó a desmoronarse tras la derrota en la guerra de Malvinas, en 1982. El 10 de diciembre de 1983, Argentina recuperó la democracia. Sin embargo, la reconstrucción no fue solo institucional: también fue judicial. El Juicio a las Juntas marcó un precedente histórico a nivel mundial y, desde 2006, se desarrollaron cientos de procesos en todo el país que condenaron a más de mil responsables por delitos de lesa humanidad.
Por eso, el 24 de marzo quedó instaurado como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: una jornada en la que la historia deja de ser pasado y se vuelve cuerpo en la calle.
En un presente en el que desde sectores del poder se intenta relativizar ese pasado —hablar de “excesos”, reinstalar el “algo habrán hecho”, invocar una “historia completa”—, la plaza respondió sin fisuras. Una y otra vez se escuchó la frase que atraviesa generaciones y condensa una ética colectiva: “Nunca más”. Nacida del horror documentado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y consagrada como límite en el Juicio a las Juntas, esa frase es la síntesis de un pacto social que se reactualiza frente a quienes intentan diluir responsabilidades o reescribir el pasado, vuelve a decir lo mismo, con la misma claridad: no hay equidistancia posible ante el terrorismo de Estado. Hay memoria, hay verdad y hay justicia.
