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Los negocios privados están en la mira. Con la crisis exprimiendo el alma y los bolsillos de los cubanos, mientras el Gobierno intenta capear el temporal con un tardío y polémico paquete de reformas, los establecimientos y comerciantes particulares parecen estar en medio de un fuego cruzado.
Mientras buena parte de la población fustiga a los privados por unos precios cada vez más inaccesibles, las autoridades —con ese y otros argumentos— han iniciado una nueva cruzada de multas, confiscaciones y cierres que, lejos de resolver los problemas, los multiplica.


A pesar de eliminar teóricamente los controvertidos e ineficaces “topes” de precios como parte de las reformas económicas en marcha, estos y otras medidas punitivas han sido retomadas por las autoridades a nivel local, con el propósito declarado de combatir los “precios abusivos” y proteger a la población.
El propio presidente Miguel Díaz-Canel lo reafirmó en un reciente encuentro con representantes del sector privado. El objetivo, dijo, es enfrentar las “ganancias ilegítimas” y la especulación, al tiempo que ratificó que el Gobierno “seguirá una ofensiva hasta su total solución”.


Las consecuencias de esta situación están a la vista. Los productos “topados”, como el aceite, el pollo y otras siempre demandadas mercancías, han ido desapareciendo de los anaqueles y vitrinas, mientras su valor sube como la espuma en el mercado negro. Tal como ha sucedido ya otras veces.
A la par, las multas y cierres forzados han venido acompañados por otros cierres “preventivos”. No pocos establecimientos han dejado de vender, al menos legalmente, para evitar posibles medidas en su contra. Y en ese escenario pierden todos: vendedores, compradores y también, a la larga, el propio Gobierno, que no tiene cómo suplir lo que los privados dejan de proveer.


El economista Pedro Monreal resume claramente lo que ocurre. “En condiciones de escasez y de moneda nacional devaluada, los precios de equilibrio del mercado se elevan necesariamente. Tratar de imponer una retórica sobre precios ‘abusivos’ trastoca síntoma con causa”, escribió.
“Adjudicar, en general, un carácter abusivo a las ganancias del sector privado ignora que esos márgenes reflejan riesgos, costos de intermediación informal, incertidumbre legal y la necesidad de operar con costos reales de mercado para reponer inventarios”, añadió el experto.


Por su parte, el también economista Daniel Torralbas reconoce que la situación actual “no niega que existan ilegalidades reales y que enfrentarlas sea legítimo”. Pero, apunta, “el acorralamiento de la poca fuente de oferta que aún fluye en la economía cubana contradice, paradójicamente, el objetivo de ‘proteger’ a las familias”.
En este crítico escenario, marcado además por el incremento de la presión y las sanciones de EE. UU., no pocos negocios privados cierran sus puertas a la espera de tiempos mejores, mientras los estantes de los que siguen abiertos lucen cada vez menos surtidos. Así lo comprobó en un reciente recorrido por La Habana el fotorreportero Otmaro Rodríguez.
















