Tres hombres son actualmente procesados por sabotaje luego de haber sido detenidos por robar aceite dieléctrico de transformadores en Jatibonico, Sancti Spíritus.
El robo ocurrió en la madrugada del pasado 2 de abril en la subestación del Complejo Agroindustrial Uruguay, donde los implicados fueron sorprendidos mientras extraían el aceite para su comercialización ilegal, de acuerdo con el portal Cubadebate.
Este insumo suele venderse en el mercado negro como lubricante o combustible para tractores. Su sustracción, además de representar una importante afectación económica, compromete directamente el funcionamiento de instalaciones clave del sistema eléctrico, señala el reporte oficial.
Según la investigación, los tres hombres —de entre 35 y 45 años, con antecedentes penales— lograron extraer casi todo el aceite de tres transformadores antes de ser interceptados por fuerzas del Ministerio del Interior. Uno fue detenido en el lugar y los otros dos capturados posteriormente en sus viviendas. A uno de ellos se le ocuparon 120 litros del producto.
El teniente Andy Carreño Rush, instructor penal de la Seguridad del Estado, explicó que tras conocerse con antelación del plan para cometer el robo “los oficiales se presentaron en el lugar y sorprendieron infraganti a los presuntos autores de este hecho”.
Como parte de la investigación en marcha, el aceite recuperado es sometido a peritajes físico-químicos para verificar “si era el mismo que estaban extrayendo estos individuos”.
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Fenómeno recurrente
Los robos de aceite dieléctrico son un fenómeno recurrente en los últimos años en Cuba, asociado al agravamiento de la crisis económica y energética en la isla.
Este producto es altamente cotizado en el mercado negro, donde puede superar los mil y hasta los 2 mil pesos por litro. Es utilizado de forma ilegal en distintas aplicaciones industriales o revendidos para obtener ganancias rápidas.
Sin embargo, su extracción deja inoperantes los transformadores, al eliminar el componente que garantiza su aislamiento eléctrico y su refrigeración. Especialistas advierten que operar un transformador sin este fluido puede provocar sobrecalentamientos y su destrucción total.
En el caso del robo en Jatibonico, los equipos no llegaron a energizarse en esas condiciones, lo que permitió reponer el aceite y restablecer el servicio en un plazo breve. De lo contrario, la avería habría implicado la pérdida total de los transformadores y la interrupción prolongada de la electricidad a miles de personas, como ha sucedido ya en numerosas ocasiones.
A modo de ejemplo, el reporte de Cubadebate apunta que durante la más reciente caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue robado el aceite de un transformador de la comunidad espirituana de Jarahueca, y cuando se restableció el SEN, el transformador “se quemó totalmente” y más de 1800 clientes quedaron sin servicio.
Otro caso reciente ocurrió a mediados de este mes, en el municipio de Amancio, en Las Tunas. Allí el robo de 600 litros de aceite dieléctrico dejó sin servicio eléctrico a cerca del 40 % de los clientes, según medios locales. La afectación incluyó varios repartos urbanos, comunidades rurales y centros estatales estratégicos, como un policlínico con servicios de hospitalización, instalaciones de telecomunicaciones y sistemas de bombeo de agua.
Aunque parte del aceite robado se recuperó, no pudo reutilizarse debido a su contaminación, lo que agrava el impacto técnico y prolonga la interrupción del servicio, según especialistas.
Más rigor ante el delito
Las autoridades han tipificado estos casos como sabotaje, un delito que en Cuba contempla sanciones severas cuando se afecta deliberadamente la infraestructura de servicios básicos.
Ante la grave crisis energética que atraviesa la isla, desde el Gobierno se ha llamado a endurecer las sanciones contra los robos de recursos asociados al sistema eléctrico.
Días atrás, durante una reunión nacional de enfrentamiento al delito, se insistió en la necesidad de aplicar medidas más severas frente a estos hechos. Las autoridades advirtieron que la sustracción de combustibles, incluidos el diésel y el aceite dieléctrico, no solo genera pérdidas económicas significativas, sino que compromete la estabilidad del SEN y otros sectores estratégicos.
El primer ministro Manuel Marrero calificó estos robos como de “alta sensibilidad” y pidió “mano dura” con los infractores, según informó el diario oficial Granma.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba informó recientemente que todas las personas juzgadas por delitos vinculados al sabotaje de infraestructuras energéticas entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026 fueron condenadas a penas superiores a diez años de privación de libertad.
Las sentencias fueron dictadas por las salas de Delitos contra la Seguridad del Estado de los tribunales provinciales, que además impusieron sanciones accesorias como el comiso y la confiscación de bienes, así como restricciones para salir del país sujetas al cumplimiento de responsabilidades civiles, según el Tribunal Supremo Popular.
El órgano judicial enmarcó estas decisiones en la aplicación del delito de sabotaje, previsto en el Código Penal, que sanciona los actos contra infraestructuras críticas del país.
La legislación vigente establece penas de entre siete y 15 años de prisión para estos delitos en su forma básica. Sin embargo, cuando concurren agravantes, como la afectación grave de servicios esenciales, el uso de medios peligrosos o el riesgo para la seguridad colectiva, las sanciones pueden escalar hasta 30 años de cárcel, cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
