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Las anunciadas reformas económicas han borrado, de pronto, prejuicios históricos hacia la propiedad privada. Levantar el límite de 100 ocupados permite que existan grandes empresas privadas; admitir bancos particulares obliga a los estatales a operar en competencia; autorizar la compra de patrimonio estatal redefine explícitamente las relaciones de propiedad en el modelo económico.
Cuando participé como funcionario del Ministerio de Economía en el diseño de las regulaciones que permitieron la aparición de las mipymes en 2021, recuerdo muchas propuestas menos ambiciosas que fueron demoradas o rechazadas. Por ejemplo, autorizar servicios profesionales en el sector privado o permitir a las mipymes adquirir viviendas o solicitar tierras para su actividad económica.
Muchas personas se preguntan qué hay de nuevo en las reformas anunciadas. En términos sistémicos, estamos ante un cambio de paradigma donde el sector privado parece ocupar un papel central en el modelo de desarrollo.
Durante la crisis de los noventa, la apuesta de recuperación fue fomentar el turismo, atraer grandes compañías internacionales (Sherritt, Meliá, Pernod Ricard) y desarrollar la biotecnología. En la crisis actual, ninguno de estos factores garantiza la reactivación económica de hace 30 años: el turismo sufre los peores indicadores desde la pandemia, muchas firmas extranjeras están en repliegue o retirada, y la biotecnología por sí sola no alcanza.
Pero a diferencia de los 90, Cuba tiene otra oportunidad: un sector privado más grande, estructurado y diversificado. Los últimos cinco años han visto el nacimiento de más de 15 mil empresas privadas y la consolidación de cientos de miles de cuentapropistas en los más variopintos sectores.
Es un sector imperfecto, porque las restricciones económicas y financieras, unidas a una regulación estatal desorientada, no le han permitido desplegar su potencial.
Sin embargo, la apuesta por el sector privado para pivotar este momento crítico es un acierto en toda regla, porque es una de las pocas reservas que el país no ha explotado cabalmente.
Si estamos ante una reforma incremental o un cambio de modelo, depende de más señales que aún no tenemos. Primero, el rol protagónico de la propiedad privada no ha sido reconocido como tal en el discurso oficial sobre las reformas, sino que es una conclusión implícita tras una revisión analítica de las medidas. Y, segundo, la consistencia en la implementación de las reformas demostrará su carácter sistémico o temporal, como ha ocurrido con anuncios anteriores.
La tabla siguiente resume las transformaciones principales que vienen, según las reformas anunciadas.
Tabla 1. Principales cambios introducidos por las reformas de 2026 en el sector privado.
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No. |
Criterio |
Hasta ahora |
Con las nuevas reformas |
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1 |
Tamaño máximo |
100 ocupados |
No limitado |
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2 |
Forma societaria |
Sociedades de responsabilidad limitada (SRL) |
SRL y sociedades anónimas |
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3 |
Mipyme por persona |
1 |
No limitado |
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4 |
Actividades prohibidas |
125 |
55 |
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5 |
Participación en sectores estratégicos |
Sí, con limitaciones. |
Sí, con menos limitaciones (apertura de la banca privada, inmobiliarias, turismo, etc.). |
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6 |
Objeto social |
Limitado a pocas actividades, obligación de afinidad entre ellas y sujeto al criterio subjetivo del evaluador. |
No limitado |
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7 |
Propiedad de viviendas |
Ninguna |
Hasta 2 por empresa. |
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8 |
Propiedad sobre la tierra |
No |
No |
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9 |
Derecho de usufructo de la tierra |
No |
Sí |
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10 |
Derecho de superficie |
No |
Sí |
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11 |
Importación y exportación |
Solo mediante las entidades estatales autorizadas. |
Sin obligación de intermediarios |
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12 |
Asociación con capital extranjero |
No |
Sí |
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13 |
Relaciones con la propiedad estatal |
Basadas en contratos y creación de empresas mixtas. |
Se suma la posibilidad de adquirir parte del patrimonio estatal. |
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14 |
Burocracia y discrecionalidad en los trámites |
Muy alta |
Por ver |
Fuente: Elaborada por el autor.
Siete implicaciones estructurales
Los cambios tienen implicaciones estructurales que sugieren un panorama macroeconómico y empresarial totalmente nuevo en Cuba:
- El sector privado aumentará su peso en el PIB. En 2023, estimaciones no oficiales valoraban su participación en un 15 % del producto interno bruto. Aun sin cifras oficiales, es probable que ese aporte haya crecido significativamente en los últimos tres años por el crecimiento del sector y el repliegue continuado de la actividad económica estatal. Ahora, con la posibilidad de que haya empresas más grandes, inversiones en nuevos sectores y asociación con empresarios extranjeros, es previsible que el peso de la economía privada crezca.
- Emerge la gran empresa privada como fenómeno nuevo. Sin el techo de 100 ocupados, las empresas privadas podrán quitarse el traje de “micro, pequeñas y medianas” y dar paso a estructuras de mayor escala. Ahora bien, no todas las empresas con más de 100 personas serán “grandes empresas” en sentido técnico: esa clasificación en la práctica depende del valor de los activos, el nivel de ventas y otras variables. Como en 2021, la clasificación oficial sigue siendo insuficiente.
Por eso, el tipo de mipyme que se convertirá de inmediato en gran empresa es aquella con mayores volúmenes de capital, operaciones y empleados. Por ejemplo, las mipymes importadoras, comercializadoras y aquellas intensivas en equipo y maquinaria, como constructoras, productoras de artículos de metal o carpintería, y fabricantes de talabartería y cuero, entre otras.
Pero el tránsito de mipyme a gran empresa no es un camino de rosas: implica profesionalizar la gestión corporativa, mayor complejidad organizativa, diferentes fórmulas de gobernanza y mayores necesidades de estrategia, financiamiento y control interno.
La derogación del límite regulariza, además, varios “malabares jurídicos” que algunos negocios hicieron para seguir creciendo dentro de los límites legales. Por ejemplo, algunas mipymes que ya tenían 100 ocupados pedían también autorización como proyectos de desarrollo local (PDL) en su municipio, de modo que podían sumar empleados contratados por esa vía sin que aparecieran formalmente dentro de la nómina de la mipyme, aunque en la práctica se tratara del mismo negocio. Otros, en cambio, simplemente subdeclaraban trabajadores o los contrataban a tiempo parcial para no rebasar el límite, violando las normas más elementales del derecho laboral.
- Las mipymes seguirán siendo la mayoría. La CEPAL estima que las mipymes representan el 99 % del total de empresas en América Latina. En Cuba no será diferente: la mayoría de las empresas privadas seguirá siendo micro, pequeñas o medianas. Solo los negocios más competitivos y exitosos escalarán hacia estructuras superiores. En contextos de crisis, las mipymes sufren más, pero incluso en tiempos de bonanza económica son vulnerables. La CEPAL también calcula que al menos la mitad de las mipymes muere durante sus primeros dos años. Sin embargo, constantemente nacen nuevas.
- El sector privado se vuelve más heterogéneo. Los emprendimientos privados nunca han sido una familia homogénea. Primero, porque existen modalidades diversas: desde cuentapropistas, PDL y las diferentes escalas de mipymes. Segundo, porque cada modalidad experimenta desigualdades internas: no es igual una mipyme de comercio que una de informática, ni un cuentapropista que repara zapatos que uno que prepara fichas de costo.
Desde todos los puntos de vista hay diferencias notables: desde el negocio que vende refresco en polvo en el portal hasta el almacén que diariamente gestiona decenas de contenedores de comida. Desde la microempresa que necesita un crédito de 1500 dólares para comprar un equipo hasta la gran empresa cuyo monto mínimo es de 500 mil. Desde el negocio de transporte que consta de un triciclo eléctrico para tramos cortos hasta la flota de camiones con rutas interprovinciales.
- La política de promoción y fomento para las mipymes es más relevante que nunca. Precisamente por la creciente heterogeneidad que marcará al sector privado, las políticas generales no serán efectivas. El surgimiento de la gran empresa privada es, a todas luces, la entrada al juego de un competidor con todas las armas para barrer del tablero a los negocios más pequeños y menos resilientes.
Una política de promoción y fomento para las mipymes, demandada desde hace años por economistas, académicos y los propios microempresarios, debe a la vez proteger e impulsar el desarrollo de los pequeños negocios. Acompañamiento público, asesoría gerencial y mecanismos de financiamiento especializados son algunos de los pilares de esa política que, institucionalmente, le corresponde diseñar al Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE).
- Las desigualdades van a crecer. No me refiero solo a las desigualdades al interior del sector privado, que se profundizarán. Admitir más propiedad privada en el modelo de desarrollo implica admitir más desigualdades económicas, tanto en términos de ingresos como de patrimonio. Esto no es necesariamente malo, aunque en una sociedad que vivió durante mucho tiempo bajo principios igualitaristas (insostenibles desde hace décadas), reconozco que es chocante. A partir de ahora, el rol estatal en la redistribución de la riqueza es más relevante. Como he ejemplificado varias veces: no es lógico seguir dando el pan de la libreta al dueño de la mipyme que maneja un Toyota de 50 mil dólares. No se trata de castigar el éxito privado, sino de adaptar la redistribución en una sociedad más heterogénea.
- Cambia la agenda de la política pública. Antes la pregunta era cómo autorizar al sector privado. Ahora es necesario centrarse en cómo regularlo para que crezca sin reproducir monopolios privados, opacidad o captura de rentas.
La preocupación de muchos sobre un modelo “de compinches” no es exagerada. Por eso hay que decidir bajo qué reglas crece, cómo se financia, qué límites tiene y cómo evitar que la apertura al sector privado beneficie solo a unos pocos con más capital, mejores conexiones o mayor acceso a divisas. Un mecanismo diferente a eso solo nos alejará (más) de la senda del desarrollo.
Hasta ahora, este tipo de políticas eran secundarias o inexistentes. En ese sentido, el problema ya no es simplemente “dar permiso”, sino construir un marco institucional capaz de ordenar un sector privado que dejó de ser marginal y que ahora puede moldear la economía en serio.
Es hora de implementar
Con todos estos cambios, Cuba está apostando la carta del sector privado para la recuperación económica, en una movida que nunca antes se había puesto a prueba. Sin embargo, no todo cambio legal equivale automáticamente a un cambio real.
Recientemente, el Gobierno confirmó la aprobación exprés de 3500 solicitudes de mipymes privadas que estaban pendientes desde hace meses y años. Sin dudas, una señal positiva de consistencia, pero se necesitan más acciones contundentes para recuperar la confianza alrededor del proceso de reformas económicas que recién ha comenzado.
El enfoque también debe cambiar. La discusión sobre cuántas mipymes deben existir en Cuba está obsoleta, y perdimos demasiados años en ella. La cuestión real es convertir la apertura anunciada en productividad, competencia y bienestar y evitar, por todos los medios, que el nuevo paradigma reproduzca, con otros nombres, viejos problemas.













