Pensar Cuba

Dos estudios de reciente difusión intentan responder la pregunta de si existe una ruta de salida para la profunda crisis múltiple de Cuba. Uno está auspiciado por Cuba Study Group (CSG), un think tank con sede en Washington, y el Observatorio de la Economía Cubana (OEC), de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. El otro, por el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos (DRCLAS) de la Universidad de Harvard.

La sola relación de autores es significativa. El del CSG-OEC fue elaborado por cinco economistas de distintas generaciones, egresados de la Universidad de La Habana y casi todos emigrados. Son firmas muy conocidas en el ejercicio profesional, el debate académico, el análisis de la coyuntura y en el seguimiento de la situación de Cuba: Mauricio de Miranda, Pedro Monreal, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal.

El de Harvard incluye a cubanos, estadounidenses y mexicanos, en una señal de que la situación de la isla rebasa sus fronteras e inquieta al resto de la región. Son autores igualmente activos en la discusión académica y pública: Juan Carlos Albizu-Campos, Tania Bruguera, Michael Bustamante, Ana Covarrubias, Manuel Cuesta Morúa, Víctor Deupi, Jeffrey de Laurentis, Alejandro de la Fuente, Paloma Duong, Mayra Espina, Julio Antonio Fernández Estrada, Roberta Lajous, Omar Everleny Pérez (el mismo de CSG-OEC) y Rafael Rojas. 

Son proyectos que dialogan y se complementan. Consideran necesario un cambio a fondo del modelo político y de desarrollo de la isla, que permita construir una economía social de mercado, sustentada en un Estado democrático, plural y de derecho, con participación protagónica del sector privado.

Evitan tácitamente conceder a la dirigencia cubana el beneficio de la duda para que emprenda sus propios planes. Por el contrario, señalan acciones fallidas y omisiones y sugieren que el tiempo se acabó para seguir dando vueltas en redondo. 

Reconocen, asimismo, que la diáspora es un activo estratégico para la reconstrucción y coinciden en impugnar la permanencia del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) como un corporativo bajo control militar ajeno al control y la rendición de cuentas.

También apuntan como indispensable un cambio en la política de Estados Unidos: nada será posible con el escalamiento del cerco económico que solo profundiza un daño exponencial para la inmensa mayoría de la población cubana y que prolonga una hostilidad múltiple y sistemática de casi siete décadas.

Señalan, además, la necesidad de contar con un fondo financiero de última instancia para detonar la nueva etapa y consideran inviable repetir el esquema de alianzas que tuvo Cuba en la Guerra Fría y el inicio de este siglo, con la Unión Soviética y Venezuela. 

Demandan, en cambio, el acompañamiento de la comunidad internacional, la reestructuración de la deuda externa, la solución de las reclamaciones pendientes y la reinserción de la isla en el sistema financiero internacional.

La lectura de los dos proyectos remite al encadenamiento de decisiones que llevaron a Cuba a paralizarse en un modelo que se derrumbó o se transformó en serio en la década de los noventa: un retraso de años para dar los primeros pasos, cuando ya colapsaba el socialismo real; dos intentos de reforma que resultaron fallidos en el curso de tres decenios; una oportunidad perdida, quizás irrepetible, de entendimiento con Estados Unidos y un plan de apertura económica que tardó diez años en empezar a aplicarse. 

Fue el periodo en el que la antigua Unión Soviética y Europa del Este tuvieron vuelcos radicales, en algunos casos trágicos. Pero es el mismo lapso en el que las Alemanias se unificaron, China llegó a ser la segunda potencia mundial y Vietnam emergió de una guerra para convertirse en uno de los tigres asiáticos. Cuba perdió un tiempo valiosísimo, que no existe en el discurso oficial y aún requiere una cuantificación y una evaluación independientes.

Las dos elaboraciones se consideran un punto de partida de una discusión en progreso, no concluyente, por lo que buscan interacciones. Son deudoras de una amplia producción analítica, en parte nutrida por algunos de los mismos autores, que se ha manifestado en medios periodísticos y académicos. En esas fuentes pueden hallarse también contribuciones de otras voces  que han animado la polémica sobre el rumbo de Cuba por lo menos en las dos últimas décadas (1).

Es decir, que estos ensayos no pueden verse como un rayo en cielo seco. Sistematizan el curso de aquellos debates y aportan iniciativas actuales. El momento de su aparición es fundamental: cuando hay una combinación explosiva entre el escalamiento extremo de la agresión estadounidense, las consecuencias acumuladas de los errores internos y fenómenos externos pero decisivos, como la pandemia y la crisis venezolana, con un resultado catastrófico en la vida diaria de los habitantes de Cuba.

La discusión definirá los méritos de los proyectos, pero de antemano puede señalarse uno: el de haber examinado a un país realmente existente, distinto del que dibuja de extremo a extremo la propaganda heredera de la Guerra Fría. Un rasgo clave del nuevo escenario, que señalan las propuestas, es el grado de desigualdad actual, mucho mayor al que se disparó en los años noventa.

“La pérdida de capacidad del Estado para garantizar ese nivel básico de bienestar ha dado lugar, además, a una creciente mercantilización de facto de los servicios esenciales. En este contexto, la pobreza deja de ser un fenómeno residual para convertirse en un rasgo estructural de la realidad social cubana”, dice la propuesta de CSG-OEC. “Cuba ha dejado de ser un país con derechos sociales garantizados para la mayoría, ya que solo una minoría disfruta de todos los servicios básicos”, apunta el grupo de Harvard.

Un obligado escalón siguiente de los dos ejercicios es su cotejo con las 176 medidas privatizadoras que adoptó el órgano legislativo cubano en julio pasado y que muestran que la dirigencia tiene márgenes de movimiento, a pesar de que el plan tardó una década en salir a la luz.

Por las fechas de aparición de las primeras versiones de los estudios (julio y septiembre de 2026, respectivamente) no parece que los autores hubieran tenido ocasión para el análisis y la discusión oportunos del paquete.

El economista Juan Triana, uno de los más activos polemistas desde La Habana, ya anticipó una línea del debate: “Esta vez hay que cerrarle el paso a la letra chiquita, a la huelga de neuronas caídas, al muro de sospechas y a los intereses sectoriales que en ocasiones anteriores hicieron que se le pusiera marcha atrás a lo que no debió detenerse”. 

Estabilizar, reactivar, desarrollar

El proyecto de CSG-OEC “reconoce el papel decisivo del mercado en la asignación de recursos y en la formación de precios, pero también la responsabilidad del Estado de garantizar un marco institucional adecuado, promover la competencia, corregir las fallas del mercado, proveer bienes públicos, proteger a los grupos más vulnerables y orientar el desarrollo”.

Advierte como indispensable “un avance sustantivo en una negociación diplomática entre Cuba y Estados Unidos” a fin de que “una flexibilización significativa de las sanciones permitiría aprovechar mucho mejor los efectos de las transformaciones internas”.  

El plan de CSG-OEC propone tres fases: una de estabilización y transformaciones de emergencia, durante unos tres años, para frenar el deterioro macroeconómico y social, corregir desequilibrios y las carencias más críticas y crear una base de confianza que facilite las reformas, con prioridad en energía, agricultura y turismo.

Una segunda fase sería la reactivación productiva y la transformación institucional, para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, elevar la competitividad, recuperar la credibilidad financiera y sostener una expansión gradual de las capacidades productivas, la inversión, el empleo y los ingresos de los hogares. 

La tercera fase, propone el proyecto, será de definición del modelo de desarrollo, que consolide una visión sobre la inserción internacional de Cuba, los sectores productivos estratégicos, los mecanismos de redistribución de la riqueza, el papel del Estado en la economía y la consolidación de un nuevo contrato social. 

Gobierno actual, transición y amnistía

El grupo de Harvard condensa el impulso inicial del proyecto en esta forma: “No hay solución a las múltiples crisis que Cuba enfrenta sin cambios políticos inmediatos que al menos restablezcan el Estado de derecho inscrito en la Constitución vigente, a pesar de sus limitaciones, y den pasos hacia un gobierno de transición que sea percibido como legítimo. Las autoridades cubanas deben tomar la iniciativa en este proceso y convertirse en facilitadoras. 

“Esta no es una premisa compartida por todos los actores políticos de Cuba y de la diáspora. Nuestra convicción, sin embargo, es que la solución de la crisis actual precisa del concurso de todos/as, incluyendo, en un rol fundamental, precisamente a las autoridades cubanas. Estamos hablando de soluciones por vías pacíficas”. 

Considera que “un primer paso, expedito y de enorme valor simbólico es una amnistía general para los presos políticos”. Recuerda que ahí donde el gobierno ve agresión interna, hay, en realidad, ejercicio de derechos constitucionales. “Esta no es una demanda imperial americana: este es un reclamo de la ciudadanía cubana”.

Calcula, a continuación, que la amnistía debe provocar una respuesta inmediata, positiva y contundente de Washington para frenar los peores efectos de la crisis y luego facilitar recursos iniciales en el camino de la estabilización. Tras la amnistía, agrega, La Habana debiera anular la criminalización de la protesta social y las expresiones disidentes, reconocidas en la Constitución, pero que aún están sofocadas por legislaciones inferiores.

Agenda abierta

Como proyectos en desarrollo, los de CSG-OEC y Harvard dejan asuntos aún abiertos:

• ¿Qué personas o entidades tienen la capacidad disuasiva suficiente para dialogar con la dirigencia cubana y avanzar en algunas de las  propuestas? ¿Son las mismas personas o entidades o unas paralelas las que lograrán convencer a Donald Trump?
• Organismos financieros multilaterales pueden aportar el fondo inicial, pero ¿hay que pensar mejor en una especie de Plan Marshall, como propone el empresario Carlos Saladrigas?
• ¿Quiénes y cómo dirigen la transición? Si el punto de arranque es la institucionalidad vigente, el IX Congreso del Partido Comunista de Cuba, que debía celebrarse este año, está pospuesto indefinidamente; las elecciones generales tendrían que convocarse a fines de 2027 para realizarse en 2028, cuando  Miguel Díaz-Canel debe cesar como presidente de la República, pero podrá seguir como líder partidario, según lo que acuerde el congreso. Si esta no es la ruta, será relevante el trazo de una alternativa.

Nota:

(1) Muestra de esa producción puede hallarse en las revistas electrónicas El Toque, La Joven Cuba, OnCubaNews y Temas o en los sitios Horizonte Cubano de la Universidad de Columbia y Cuba Próxima, entre otros.

*Este texto fue publicado originalmente en el diario mexicano Reforma. Se reproduce con la autorización explícita del autor.