El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró este jueves que buscará por todas las vías posibles que Raúl Castro enfrente personalmente en territorio estadounidense los cargos federales presentados en su contra por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.
Durante una entrevista hoy con Fox News, el fiscal general adjunto interino Todd Blanche descartó que la acusación anunciada la pasada semana tenga un carácter simbólico y sostuvo que el objetivo central es lograr la comparecencia del exmandatario cubano ante una corte federal en Miami.
.@DAGToddBlanche on the indictment of Raul Castro: "We didn't do this for a show indictment. We did this because we really need Castro here… and we're going to do everything we can to get him here." pic.twitter.com/kOO4dxBowc
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 28, 2026
“No hicimos esto para una acusación de espectáculo. Lo hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí… y vamos a hacer todo lo posible para traerlo.”, afirmó a la cadena estadounidense.
Blanche explicó que, como ocurre habitualmente con acusados que permanecen fuera de Estados Unidos, el proceso contempla mecanismos de cooperación internacional y eventuales procedimientos de extradición. También insistió en que la acusación no busca únicamente formalizar cargos, sino concretar un juicio en territorio estadounidense.
Las declaraciones representan una nueva subida de tono tras la imputación presentada la semana pasada por un gran jurado federal en Miami, que acusa a Castro de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato por su presunta responsabilidad en el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ataque que dejó cuatro fallecidos.
Estados Unidos imputa a Raúl Castro “por asesinato y conspiración para matar”
Desde Washington, funcionarios estadounidenses han insistido en que la investigación busca cerrar uno de los casos más sensibles para la comunidad cubanoamericana en Florida.
Blanche ya había advertido anteriormente que espera que Castro responda ante la justicia estadounidense “por voluntad propia o de otra manera”, una formulación que alimentó interrogantes sobre el alcance real de las opciones legales y diplomáticas que evalúa la administración de Donald Trump.
La acusación, presentada el pasado 20 de mayo, trascendió momentos antes de un evento del fiscal general interino de EEUU en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de los exiliados cubanos, quienes han pedido al presidente Donald Trump que presente la acusación y eleve la presión contra La Habana.
La Fiscalía acusa a Castro de ordenar el derribo, el 24 de febrero de 1996, de las avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros que intentaban escapar de la isla.
La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.
El Gobierno cubano alegó que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran “terroristas”, pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.
En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que le situaría en la cúspide de la cadena de mando de la decisión de derribar los aviones.
La Habana: “Moralmente infame y legalmente arbitrario”
Este miércoles, al intervenir en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el titular cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, argumentó que la acusación contra el General de Ejército busca justificar una intervención armada.
“La instrucción de cargos penales contra el líder de la Revolución cubana es un acto moralmente infame y legalmente arbitrario, dirigido a engañar a los ciudadanos para apoyar una aventura militar contra Cuba”, afirmó.
Asimismo, La Habana considera que la imputación judicial contra Raúl, que cumpirá 95 años el próximo 3 de junio, es parte de un montaje político. Rodríguez sostuvo anteriormente que se trata de una decisión “fraudulenta y dirigida a engañar”, con el propósito de legitimar un cambio de régimen.
Cuba alerta en la ONU: maniobras bélicas y acusación contra Raúl Castro son prólogo de guerra
Para analistas y fuentes diplomáticas, esa acusación resulta un paso más en la escalada hacia un escenario de guerra, toda vez que sirve de marco jurídico para una acción punitiva.
A pesar de ello, Rodríguez Parrilla reiteró la voluntad dialogante del Gobierno cubano, pese a “la falta de seriedad y coherencia de la parte estadounidense”. No obstante, como en ocasiones anteriores, trazó las líneas rojas de cualquier negociación con Washington.
El canciller advirtió que, de producirse una agresión, “el pueblo de Cuba combatirá hasta las últimas consecuencias”. Señaló que el presidente estadounidense que ordene el ataque, junto con sus secretarios de Estado y de Guerra, “pasarían a la historia como criminales de guerra”.
