Con el Décimo Período Ordinario de sesiones cerrará a partir del 12 de diciembre la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Su agenda estará marcada por el debate y la aprobación de importantes leyes, rendiciones de cuenta e informaciones de trascendencia que brindarán a los diputados algunos organismos y ministerios.
De acuerdo con los criterios expresados en el programa televisivo Mesa Redonda por el secretario del Consejo de Estado y de la ANPP, Homero Acosta Álvarez, será el cierre de una legislatura que “ha tenido una amplia agenda legislativa, con una actividad parlamentaria y constituyente de gran calado”.
Nuevos proyectos de leyes a @AsambleaCuba
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Los proyectos de normativas se presentarán en el Décimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional de Poder Popular, que comienza el 12 de diciembre #Cuba https://t.co/jDPdIHImNO pic.twitter.com/AW54bXpDsJ— Escambray (@escambraycu) December 6, 2022
Sobre el programa que se avecina, el funcionario indicó que, como cada diciembre, “los temas económicos tendrán un gran peso en el debate”, precisa la reseña del programa publicada en el sitio web oficial Cubadebate.
Según el cronograma divulgado, el día 12 los diputados analizarán la marcha de la economía y el cumplimiento de las decisiones de gobierno. El titular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil Fernández, presentará el Plan de la Economía para el año 2023.
La aprobación de Ley del Presupuesto para el próximo año, así como una información brindada por el ministro de Energía y Minas con detalles sobre la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), también forman parte del programa.
Según Cubadebate, los delegados también conocerán sobre la implementación de Ley de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional, y se pasará revista a la marcha del perfeccionamiento del comercio minorista en el ámbito local a partir de un informe que presentará la ministra del ramo, Betsy Díaz Velázquez.
En las siguientes jornadas los miembros de la ANNP ratificarán decisiones tomadas por el Consejo de Estado, estructura que por primera vez rendirá cuentas ante el Parlamento.
Acosta Álvarez expuso que en la presente legislatura se han aprobado 30 leyes, mientras que el Consejo de Estado ha validado 65 Decretos-Leyes. “El Consejo de Estado ha funcionado de manera regular, incluso en medio de la pandemia” dijo citado por Cubadebate.
En las siguientes jornadas serán presentadas importantes normas para el funcionamiento del país, como el proyecto de Ley de la Comunicación Social, el de Ley de Expropiación por razones de utilidad pública, y el proyecto de Ley de la Fiscalía General de la República.
Uno de los momentos trascendentales de este nuevo período de sesiones será la aprobación del proyecto de Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería, normativa con la que se actualizará la que se mantiene vigente desde 1974, y con la que se pretende impulsar el desarrollo de una de las actividades de la agricultura más estancadas en el país.
Por su incidencia en la economía doméstica, marcada por una profunda crisis y por la escasez de productos y alimentos, la nueva disposición jurídica despierta expectativas, aunque muchos coinciden en que no cambiará de la noche a la mañana la disponibilidad de carne y leche en la mesa del cubano, ni controlará las elevadas cifras de hurto y sacrificio de ganado actuaamente existentes.
Durante su intervención en el programa Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios (MFP), aludió al proyecto de ley de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social, el cual consideró “eminentemente garantista”, pues regulará las bases en que podrá decretarse la expropiación, un instrumento presente en las legislaciones de la mayoría de los países.
Afirmó la funcionaria que en la propuesta de ley “no hay lugar para decisiones arbitrarias” y se definen las autoridades que pueden declarar el interés público. A su vez, reafirmó que “este instrumento seguirá usando de manera muy excepcional, como última alternativa, por la importancia de ofrecer seguridad jurídica en el uso y disfrute del bien a sus propietarios o titulares”.
En cuanto a la Ley de Comunicación Social, Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, explicó varios de sus detalles y subrayó que ha sido fruto de “una construcción colectiva”, con varios espacios de análisis y aportes de las organizaciones profesionales, expertos, académicos y profesionales de diferentes campos del saber.
Recordó que inicialmente se pensó como un Decreto Ley y luego “por una decisión atinada y pertinente del país” tomó rango jurídico de Ley. Según las consideraciones de Castillo Cordoví, el proyecto asume los procesos comunicacionales con una visión estratégica y a la vez integrada, no solo en su expresión mediática, lo que ha sido la principal tendencia en todas las leyes de esta materia en el mundo.
El vicepresidente del ICRT comentó que el proyecto de ley distingue a las personas como sujetos principales de los procesos comunicacionales en los espacios públicos físicos y digitales. A la vez, “cumple mandatos constitucionales, entre ellos, el derecho de las personas a acceder y utilizar la información que se genere en los órganos del Estado y sus entidades, el derecho a la libertad de prensa de los medios fundamentales de comunicación social, y la obligación de los servicios públicos y funcionarios del Estado de ofrecer información y rendir cuenta al pueblo”.
La normativa viene a resolver asuntos que hoy tienen déficit en la legislación cubana, y dotará al sistema de medios públicos del de un marco jurídico que le posibilita alcanzar mayor autonomía y legitimidad, según la opinión del directivo expuesta en la Mesa Redonda.
Como novedad, se reconoce a la publicidad y el patrocinio como parte de los procesos comunicacionales del país, actividades que hoy existen y demandan regulación. “Se puede tener publicidad y patrocinio en el socialismo, se puede orientar el consumo responsable de manera sostenible”, subrayó.
