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Una firma de inversión estadounidense presentó demanda millonaria contra entidades estatales cubanas, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton y por la queja de la Compañía Cubana de Electricidad que operaba en Cuba antes de 1960.
La acción se presentó recientemente ante un tribunal federal de Washington D.C. por Atlas Holdings, con sede en Greenwich, Connecticut, y está dirigida contra la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y Energas, ambas vinculadas al Ministerio de Energía y Minas.
De acuerdo con Café Fuerte, se reclaman exactamente 267 millones 568 mil 413 dólares en concepto de daños y perjuicios.
Además, se exigen intereses del 6 % anual calculados desde el 6 de agosto de 1960, fecha en que el Gobierno de Cuba nacionalizó los activos de la entonces Compañía Cubana de Electricidad.
De acuerdo con la demanda, la compañía controlaba antes de la nacionalización más del 90 % de la generación y el suministro eléctrico de Cuba y poseía una parte sustancial de la infraestructura de generación y transmisión del país.
Procesos abiertos bajo el Título III de la Ley Helms-Burton
La demanda sostiene que en 1960 el Gobierno cubano “confiscó ilegalmente dicha propiedad y otros numerosos activos —valorados en conjunto en más de $300 millones de dólares— a la parte demandante, sin causa justa ni indemnización”.
El documento, de 47 páginas, fue presentado por el bufete Steptoe LLP, que recientemente consiguió ante la Corte Suprema de EEUU una decisión favorable para ExxonMobil en su litigio contra entidades estatales cubanas por la confiscación de sus activos después de 1959.
El Supremo estadounidense determinó en junio que ExxonMobil puede continuar su demanda contra Cuba Petróleo (CUPET) y Corporación CIMEX, en un proceso que se prolongó durante siete años.
El precedente podría tener relevancia para el nuevo caso. John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-EE. UU., consideró que la elección del momento para presentar la demanda podría estar relacionada con las dificultades que enfrentaría el Gobierno cubano para articular una defensa.
“El momento elegido para presentar la demanda sugiere que la parte demandante y sus abogados consideran que el Gobierno cubano cuenta con opciones limitadas para articular una defensa y que es más probable que busque un acuerdo extrajudicial”, declaró Kavulich.
Ello, dijo, “dado el riesgo de que la demanda afecte negativamente a la oferta de compra de Sherritt International Corporation, presentada recientemente por una empresa con sede en Texas”.
El especialista y su organización han seguido desde 2019 los litigios relacionados con la Ley Helms-Burton. Según Kavulich, el Gobierno cubano solo ha comparecido con representación legal en uno de los 47 procesos abiertos desde la reactivación del Título III de esa legislación, precisamente el caso promovido por ExxonMobil.
¿La demanda podría afectar a la Sherritt?
De acuerdo con Café Fuerte, la demanda también podría tener consecuencias indirectas para Sherritt International Corporation, empresa canadiense que mantiene participación en Energas y que recientemente abandonó su gestión empresarial en los yacimientos cubanos de níquel y cobalto de Moa.
Según el documento judicial, Energas es una empresa conjunta propiedad, a partes iguales, de la UNE, CUPET y Sherritt.
La entidad procesa gas natural suministrado por CUPET y genera electricidad para la red nacional, con una capacidad equivalente a aproximadamente el 10 % de la generación eléctrica cubana.
La antigua Compañía Cubana de Electricidad fue fundada en 1927 como subsidiaria de la estadounidense American & Foreign Power. Su nacionalización en 1960 dio paso al actual sistema eléctrico estatal unificado.
Atlas Holdings, actual propietaria de Office Depot, sostiene que los activos confiscados superaban en conjunto los 300 millones.
Tribunal de EEUU exonera a dos multinacionales británicas demandadas bajo la Helms-Burton
La reclamación sobre esas propiedades se certificó en 1972 por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos (FCSC), organismo que reconoció entonces 5,913 reclamaciones de ciudadanos y empresas estadounidenses contra Cuba por unos siete mil millones.
Activación desde 2019
La activación del Título III de la Ley Helms-Burton en 2019 abrió la puerta a que ciudadanos estadounidenses, incluidos cubanos que posteriormente adquirieron esa nacionalidad, demandaran a empresas que se beneficien de propiedades confiscadas por el Estado cubano después de 1959.
Desde entonces se han presentado decenas de procesos, algunos de los cuales continúan su camino en tribunales estadounidenses, mientras que otros se han desestimado.
A finales de julio, por ejemplo, un tribunal federal de Florida desestimó, por falta de jurisdicción, una demanda contra las multinacionales británicas Imperial Brands y WPP por el supuesto aprovechamiento de una propiedad confiscada en Cuba: la antigua fábrica de Partagás.
