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Mientras las sanciones de la Administración Trump aullentaban del mercado cubano a cadenas hoteleras españolas y empresas europeas de transporte marítimo, ejecutivos de la Organización Trump que habían viajado previamente a la isla para explorar operaciones inmobiliarias —y que incluso registraron la marca Trump en Cuba en 2008— regresaron en los últimos meses bajo el amparo de la empresa Dominari Holdings para sostener reuniones de negocios en La Habana.
Según fuentes citadas por The Guardian, los directivos se reunieron con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro conocido como “El Cangrejo”, para explorar oportunidades en el sector hotelero tras la salida de Meliá e Iberostar, que operaban en la isla desde los años 90.
Interview recorded *before* yesterday’s story in the Guardian re: Trump org reps allegedly sniffing around Havana recently.
But if that reporting is accurate, the title the producers chose for the episode now seems even more on point.https://t.co/Qlbxb3RCN0
— Michael J Bustamante, Ph.D. (@MJ_Busta) September 18, 2026
El dato emergió de un extenso reportaje publicado por el diario británico, que documenta cómo un creciente grupo de personas vinculadas a Washington y Florida —desde aliados multimillonarios de Trump y lobistas cercanos a Marco Rubio hasta exiliados cubanos adinerados— se posicionan para controlar activos clave de Cuba en caso de colapso del régimen, al tiempo que cobran por ayudar a sus clientes a navegar la red de sanciones que ellos mismos contribuyeron a diseñar.
Ni Dominari Holdings ni la Organización Trump respondieron a las solicitudes de comentario del rotativo.
La paradoja de las sanciones
El reportaje pone sobre la mesa una paradoja que recorre toda la política de la Administración Trump hacia Cuba: las mismas sanciones que ahogan la economía de la isla y expulsan a empresas extranjeras crean oportunidades de negocio para empresas estadounidenses con acceso a Washington.
Un ejemplo ilustrativo es el del sector naviero. Compañías de Florida parecen beneficiarse de las nuevas sanciones que han afectado a los transportistas extranjeros y han obligado al comercio con destino a Cuba a desviarse por Florida, según fuentes citadas por el diario.
Nieto de Raúl Castro: “Si me designan puedo negociar con cualquiera” en el gobierno de EEUU
En el sector energético, las exportaciones de petróleo autorizadas por el Departamento del Tesoro desde Florida y Texas al sector privado cubano —prácticamente inexistentes el año pasado— han superado los 160 millones de dólares en lo que va de 2026, mientras Cuba vive bajo un bloqueo efectivo de combustible desde enero.
La pugna minera, con nombres nuevos
En la disputa por hacerse con el control de Sherritt International —la empresa canadiense operadora de las minas de níquel y cobalto de Moa, desplazada por la orden ejecutiva de Trump del 1 de mayo—, The Guardian identifica al segundo grupo inversor cuya “ancla” es Albert Huddleston.
Huddleston es presentado como un magnate petrolero texano con estrechos lazos con la Casa Blanca, que compite con Ray Washburne —vicepresidente del Comité de Victoria de Trump en 2016— por la adquisición del 55 % de la compañía. Ambos deberán sortear reclamaciones de nueve cifras sobre propiedades de Sherritt en Cuba presentadas por Citigroup y Office Depot.
Un esquema similar sigue Antilles Gold, la empresa australiana que, tras ser incluida en la lista negra por sus operaciones en Cuba, recibió luz verde de Washington para negociar la transferencia de su participación en una mina de cobre y oro cubana al fondo de inversión Global Emerging Markets, con sede en Nueva York.
“Si hubiera hecho durante la administración Biden lo que los amigos de Trump han hecho ahora, me habrían metido en la cárcel”, dijo al diario una persona con varias décadas de experiencia en política hacia Cuba que pidió anonimato.
Los lobistas y el negocio de las sanciones
El reportaje también revela el caso de Vima World SL, la empresa española con negocios en Cuba, al registrar actividad de cabildeo en Washington. Vima contrató en julio a Continental Strategy —firma liderada por aliados cubano-estadounidenses de Rubio que supervisaron la política de máxima presión sobre Cuba durante el primer mandato de Trump— para asuntos relacionados con el comercio y la industria alimentaria.
La firma rescindió el contrato este mes tras cobrar casi 40 mil dólares. Entre los ejecutivos de Continental figuran Carlos Trujillo, exembajador de Trump ante la OEA; John Barsa, exadministrador interino de USAID; y Alberto Martínez, exjefe de gabinete de Rubio.
“Ha sido interesante ver lo rápido que algunos ideólogos radicales se vuelven pragmáticos una vez que hay dinero sobre la mesa”, dijo al diario una fuente familiarizada con el contrato.
Firma de lobby estadounidense rompe con Vima, la empresa española con negocios en Cuba
Planificando la Cuba pos-Castro
Más allá de los negocios inmediatos, The Guardian documenta esfuerzos organizados para diseñar el mapa económico de una Cuba sin el régimen actual.
El veterano cabildero republicano Otto Reich y Tony Costa, presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba —organización financiada con fondos públicos estadounidenses—, trabajan para movilizar miles de millones de dólares en inversión privada de exiliados cubanos adinerados a través de la recién creada Cámara Nacional de Comercio Cubano-Estadounidense.
Para hacer llegar sus prioridades a Washington, estas organizaciones han destinado en conjunto 100 000 dólares desde diciembre al despacho de lobbying The Cormac Group.
“La causa es el cambio de régimen”, dijo a The Guardian Erik Cartelle, consultor que trabaja para conectar a exiliados prominentes con el Departamento de Estado de Rubio. “Tengo clientes que quieren hacer muchos negocios en Cuba, y la administración apuesta a que los cubanoamericanos vayan a Cuba a invertir.”
