Un grupo de trabajo convocado por la Universidad estadounidense de Harvard concluyó que Cuba no podrá superar la crisis económica, social e institucional que sufre actualmente sin cambios políticos inmediatos.
El documento, titulado Informe Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba, describe un panorama de colapso en los servicios básicos y advierte que el status quo actual de la isla es “insostenible”, recoge un resumen producido por el portal Infobae.
Diagnóstico
El informe, de 21 páginas y divulgado el pasado 10 de septiembre, señala que entre 2019 y 2024 el Producto Interno Bruto cayó 11 %, la producción agrícola retrocedió 58 %, la manufactura 42 % y la industria azucarera 87 %.
En paralelo, la canasta básica se desplomó: carne de cerdo (-97 %), frijoles (-80 %), arroz (-75 %), hortalizas (-69 %), leche (-56 %) y viandas (-46 %). Ocho de cada diez cubanos dejan de consumir una de las tres comidas diarias por falta de recursos, añade, citando datos de una ONG independiente.
El estudio atribuye responsabilidad directa al Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que “no ha logrado dar los pasos necesarios para impedir la crisis ni un manejo mínimamente adecuado de los retos nacionales”.
No obstante, también atribuye un “impacto relevante” a las sanciones de EE.UU. contra la isla, que, según sus autores, agravaron los problemas existentes en sectores básicos como el transporte, la salud y la distribución de alimentos, refiere la reseña periodística.
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Reformas políticas y económicas
El informe, en cuya elaboración participaron académicos y expertos —como Rafael Rojas, Michael Bustamante, Omar Everleny, Mayra Espina y Juan Carlos Albizu-Campos—, así como otros del Programa de Estudios de Cuba de Harvard, activistas opositores e, incluso, Jeffrey DeLaurentis, exjefe de la misión diplomática de EE.UU. en La Habana, aboga por cambios jurídicos y constitucionales que abran el camino hacia un gobierno de transición percibido como legítimo.
Los autores plantean que el gesto inicial debe ser una amnistía general para los presos políticos, una categoría no reconocida oficialmente por las autoridades cubanas y en la que estarían más de 1300 personas en la isla, de acuerdo con ONGs. “Esta no es una demanda imperial americana: este es un reclamo de la ciudadanía cubana”, subraya el texto.
La propuesta también incluye la derogación de decretos leyes considerados “represivos”, la eliminación de sanciones extralegales como las que impiden a ciudadanos salir o regresar al país, un procedimiento transparente para las reclamaciones de bienes confiscados por La Habana y la eventual derogación de la Ley Helms-Burton.
A mediano y largo plazo, el informe propone convocar una nueva asamblea constituyente que establezca las bases de un sistema político plural.
También plantea la construcción de una economía social de mercado, con reconocimiento pleno de la propiedad privada, y la reincorporación de Cuba a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Además, dedica un apartado a GAESA, el conglomerado militar-empresarial que “funciona como un estado dentro del Estado” y sobre el que advierte que opera al margen de controles institucionales y constituye un obstáculo para cualquier transición en la isla.
Los autores —que presentan el documento como “vivo, en construcción”, sujeto a revisiones mediante consultas posteriores— reconocen que construir consenso “no será fácil”, pero insisten en que, sin la voluntad compartida del Gobierno cubano, la Administración estadounidense, la diáspora, la comunidad internacional, la oposición y la sociedad civil, el país no encontrará salida.
Crisis de servicios básicos
El informe describe a Cuba como un país con capacidades limitadas para sostener servicios educativos, sanitarios y sociales. Menciona el deterioro de la red eléctrica, la escasez de combustibles, problemas en la distribución de agua, el colapso de la recolección de residuos y la falta de insumos en hospitales y escuelas.
La crisis energética se profundizó por el deterioro acumulado de las termoeléctricas y la escasez de combustible, agravada por las sanciones de Washington.
El estudio recuerda que la Constitución de 2019 reconoce libertades de pensamiento, expresión, prensa, asociación y movimiento, además del recurso de habeas corpus. Sin embargo, cuestiona que esas garantías tengan aplicación efectiva en un sistema de partido único y tribunales subordinados a sus directrices políticas.
La evaluación de la Universidad de Harvard, fundada en 1636 y ubicada como la tercera en el ranking de universidades nacionales de Estados Unidos, irrumpe cuando las conversaciones entre La Habana y Washington se encuentran estancadas, mientras el cerco energético y el amplio repertorio de sanciones de Washington hunden cada vez más a la economía cubana, que según CEPAL caerá este año en poco más de 10 puntos porcentuales en su producto interno bruto.
En este crítico escenario, las autoridades cubanas han señalado repetidamente la responsabilidad de EE.UU. en la crisis en la isla —algo que la Administración Trump niega—, con el objetivo de forzar un cambio de régimen mientras aplica una política de “castigo colectivo” a los cubanos.
Este mismo lunes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de interrumpir el “comercio exterior” de la isla con sus “amenazas, presiones y chantajes”, y ocasionar así “devastadoras consecuencias humanitarias” en el país caribeño.
“Por ello, 7 mil contenedores permanecen detenidos en varios puertos del mundo, con cargas previamente contratadas y pagadas siguiendo las normas del comercio internacional. En su mayoría, contienen alimentos, medicinas y dispositivos médicos”, puntualizó el jefe de la diplomacia cubana en redes sociales.
