El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció que Washington mantiene una política de “máxima presión” destinada a reducir la capacidad del Gobierno cubano de garantizar bienes y servicios básicos, con el objetivo de “provocar irritación en la población, un estallido social y un cambio del orden constitucional”, reportó la agencia española EFE.
Mediante un comunicado en su cuenta de la red X, Rodríguez señaló que las sanciones estadounidenses se concentran en el sector bancario-financiero, con 24 multas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras agencias a entidades de terceros países.
El monto supera los 4014 millones de dólares, castigando a aseguradoras, tecnológicas, empresas de viajes y logística por supuestas violaciones del embargo.
El canciller subrayó que estas medidas no son nuevas, sino una prolongación de las políticas iniciadas durante el primer mandato de Donald Trump, que se han intensificado en los últimos años.
“Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana”, escribió, acusando a Washington de aplicar una política que busca “asfixiar” al país.
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Remesas bajo asedio
Entre las sanciones más sensibles, Rodríguez recordó la prohibición de que Fincimex y American International Services (AIS) procesen remesas desde septiembre de 2020. Esta medida golpeó directamente a miles de familias cubanas que dependen de esos envíos para sobrevivir en medio de la crisis.
Cuba recibe entre 2500 y 3500 millones de dólares anuales en divisas por concepto de remesas enviadas desde Estados Unidos, lo que constituye una de las principales fuentes de ingreso externo para la economía de la isla, de acuerdo con el sitio cubaverso.com
La lista negra se amplió en enero de 2021 con el Banco Financiero Internacional, y más recientemente, en junio de 2026, con instituciones financieras vinculadas al conglomerado militar-empresarial Gaesa. A ello se suman las reinclusiones de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en 2021 y 2025, calificadas por La Habana como “espurias”.
Una crisis energética sin precedentes
La presión externa coincide con una crisis interna devastadora. La economía cubana acumula una contracción del 15 % entre 2020 y 2025, y los pronósticos independientes anticipan una caída adicional del 6,5 % en 2026. El bloqueo petrolero impuesto desde enero ha paralizado la industria y ahuyentado a las empresas extranjeras.
Los apagones se han convertido en el símbolo más visible del deterioro: el transporte público prácticamente desapareció, los hospitales apenas ofrecen servicios mínimos y las telecomunicaciones funcionan de manera intermitente. La vida cotidiana se ha vuelto una carrera de obstáculos.
El costo social de la presión
La escasez de alimentos y medicamentos ha disparado los precios en los mercados informales. El descontento social se expresa en cacerolazos nocturnos, quemas de basura y protestas pacíficas que reclaman electricidad, agua y gas. En algunos casos, la policía ha intervenido para sofocar las manifestaciones pacíficas.
Rodríguez sostiene que este escenario no es casual, sino el resultado de una estrategia deliberada de Washington para “provocar un estallido social” y forzar un cambio político en la isla.
No es la primera vez que funcionarios de primera línea del gobierno aluden al estallido social, una estrategia definida por Estados Unidos desde la década del 60 mediante el llamado memorando Mallory, que concebía máxima presión para forzar un quiebre interno del respaldo a la entonces muy popular revolución de Fidel Castro.
En julio, durante una reunión del presidente Miguel Díaz-Canel con directivos del municipio capitalino de La Lisa, el reporte televisivo captó, presumiblemente fuera de toda voluntad periodística, la pantalla digital que presidía la cita, la cual contenía la frase: “Acciones en el ámbito político, económico, social y comunicacional para evitar un estallido social”.
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más tensos en más de seis décadas. La política de máxima presión recuerda los episodios más duros de la Guerra Fría, pero ahora se desarrolla en un contexto de crisis interna que multiplica sus efectos y sin que la isla tenga un masivo respaldo material y estratégico de potencias aliadas.
